En un ida y vuelta constante, sin sanciones ni revisiones por parte de los organismos públicos, los vecinos de Mercedes advirtieron que se reanudó la actividad en el predio de la empresa Sigma Agro S.A., la cual explotó el pasado 27 de septiembre en la localidad de La Verde, partido de Mercedes. Los pobladores del lugar denunciaron este hecho y pidieron a las autoridades un rápido accionar, como destacó Barbara Rivkin al aire en Abramos la Boca, porque “están dejando que la empresa decida el futuro de su propia situación”.
Es una demanda constante que parece no tener fin. Como si se tratara una exageración pedirle al Estado vivir en un ambiente sano y sustentable. La ausencia del ente público, hoy en día, está generando que vecinos y vecinas de Mercedes se encuentren en la incertidumbre permanente. Y lo que aún es peor, es que vean que las decisiones jurídicas se materialicen en habilitaciones para un lugar que, como bien señaló Bárbara, “debería estar cerrado y clausurado, y no debería existir movimiento alguno”.
“No solo se encontró Glifosato sino que también otro montón de sustancias”
Al mismo tiempo, Rivkin mencionó que “hay movimiento en la empresa pese a estar clausurada, ya que vimos camiones que ingresaron al predio como para seguir la construcción del lugar”. En este sentido, los organismos del Estado, tanto el municipio como la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) han evadido los reclamos de los habitantes de Mercedes, limitándose a responder que “están llenando un pozo”.
El predio ubicado en La Verde, luego de haber explotado, además de producir Glifosato funcionaba como depósito de agroquímicos. En una entrevista anterior, Gerónimo Belforte, miembro de la Asamblea Mercedina por la Agroecología, mencionó que “los vecinos no tenían ni idea que allí funcionaba una planta de producción de agroquímicos, y que en este estado de desinformación viven los vecinos actualmente”. De la misma forma, Rivkin señaló que “los vecinos no saben el motivo por el cual ya comenzó a haber movimiento”.
Pese a que el Municipio indicó que no hay ningún tipo de habilitación, Bárbara Rivkin indicó que “los abogados de la Asociación Civil Vecinos Autoconvocados observaron que en la causa figura un documento donde el Municipio asegura la seguridad e higiene de la empresa, y este documento fue presentado por la misma empresa”. Los organismos de revisión y control, en este sentido, estarían supeditado su decisión en virtud de lo que la empresa observa sobre su propia situación.
“El municipio dice que es responsabilidad de provincia, y provincia dice que es responsabilidad del municipio”, señaló Rivkin haciendo referencia a que no hay un interés concreto de ejecutar el saneamiento de la zona. “No se hacen cargo, pero ambos tienen responsabilidad sobre la habilitación”, concluyó. Cabe aclarar que ambos sectores institucionales y políticos (municipalidad y provincia) deben llevar a cabo un plan de remediación en conjunto, y no volcarse a ejecutar responsabilidades recíprocas porque, como bien mencionó Gerónimo Belforte, “ambos tienen la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de la empresa, que funcionaba sin el aval del gobierno ni control del estado, y que, al mismo tiempo, su política de procesamiento de residuos estuvo bastante alejada a lo reglamentado”.
“Ambos tienen la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de la empresa, que funcionaba sin el aval del gobierno ni control del estado, y que, al mismo tiempo, su política de procesamiento de residuos estuvo bastante alejada a lo reglamentado”.
De lo relevado por los laboratorios contratados por las autoridades, como el caso de Melacron, se han relevado datos donde hay presencia de Glifosato en las napas más profundas de agua. Rivkin se refirió a que el resultado de este informe dio “terriblemente mal, porque no solo se encontró Glifosato sino que también otro montón de sustancias”. Con respecto a los estudios de aire, que realizó la Secretaría de Ambiente de Nación, estos arrojaron que “el aire está como el de las sierras de Córdoba, sin ningún tipo de contaminación, lo que no tiene ninguna lógica porque uno al acercarse a 300 metros del lugar ya siente la garganta seca, dolor de cabeza, ardor de ojos y olor a agroquímicos”, indicó Rivkin. En este sentido, los vecinos indicaron que no hay mucha confianza con respecto a estos resultados, porque “no coinciden con la realidad de lo que se vive en el lugar”.
En relación a esto, Bárbara señaló que “ambiente de Nación le sugirió al Municipio, para que este le sugiera a la Empresa, que no se tomen muestras de agua de los vecinos salvo en algunos casos porque no es necesario”. En esta cadena de peticiones, la empresa se situaría por encima del Estado, y de esta forma sería esta la que decide la aprobación o no de su propio plan de remediación. A esta conclusión también arribó Belforte cuando, en entrevista, refirió que “existe una gran complicidad entre los organismos de control y la empresa, al notar que no hay un plan de intervención sobre la misma”.
“Ambiente de Nación le sugirió al Municipio, para que este le sugiera a la Empresa, que no se tomen muestras de agua de los vecinos salvo en algunos casos porque no es necesario”.
En este sentido, es importante mencionar que la cadena de relaciones entre lo público y lo privado, entre regulador y regulado, se sitúa en el ámbito de la complicidad y no en el plano de la remediación. Cabe cuestionarse a futuro si esta situación nos coloca, como habitantes del planeta tierra y como vecinos y vecinas de la misma naturaleza, ante una crisis de representación por parte de las autoridades.
JPM/GF/RG
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