Mercedes, víctima del agronegocio

Por Juan Patricio Mendez *

La Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA) se manifestó mencionando que fue muy poca la cobertura y el tratamiento del problema por parte de los medios de comunicación, y que al mismo tiempo, desde el gobierno provincial aún no hay avances con respecto a la investigación y medición del impacto en los ecosistemas. En un comunicado que salió el día 15 de octubre en la página de Facebook de AMA, expresaron la “tardía e ineficaz intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS)”

En este marco, el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, indicó que la competencia para el estudio del caso le corresponde al ámbito de la provincia de Buenos Aires, ya que “para las industrias Categoría 3, el municipio no cuenta con el poder de policía para el otorgamiento de poderes ni habilitaciones”. Por otro lado, AMA declaró que se trata de un hecho “silenciado, cuyas consecuencias fueron minimizadas”.

Sobre esto, en una entrevista con el equipo de Desde el Barrio, el intendente señaló que “aún no hay diagnósticos precisos sobre la situación”. Asimismo, en una entrevista con Clarín, las autoridades descartaron un impacto en la salud. De todas formas, AMA retrucó estos dichos, indicando que “el gobierno provincial continúa con su habitual complicidad con los poderes económicos del agro, y el gobierno municipal subestima las consecuencias socioambientales de lo ocurrido”.

Muchas agrupaciones ambientalistas señalan que es falso que no exista un impacto en la salud, teniendo en cuenta que la liberación de micro-partículas al aire, fundamentalmente por el tipo de toxinas esparcidas a partir de la explosión de la fábrica, son incorporadas por los individuos a través de vías respiratorias. Se trata de agroquímicos, sustancias nocivas para el consumo humano que puede implicar problemas en la salud a corto, mediano y largo plazo, según un informe de la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Elver.

“Hemos llegado a un punto de inflexión en la agricultura. El modelo agrícola dominante resulta problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”, expresa la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Siguiendo esta premisa, la incorporación de plaguicidas al consumo alimentario cotidiano de la sociedad implica un avasallamiento de un derecho humano básico. Uno de los reclamos de origen, tanto de la AMA como de muchas organizaciones, como la Red Nacional de Acción Ecologista, es la consagración del derecho a alimentarse sanamente.

Volviendo a la cuestión particular en Mercedes, la AMA manifestó que los representantes del municipio y los dirigentes provinciales que se acercaron a hablar con los habitantes de la zona, se limitaron a “evadir las preguntas, naturalizando la situación”. Además, “es impostergable un completo informe de situación por parte de los gobiernos provincial y municipal”, concluyeron. El estado de desconocimiento es tal que, al día de hoy, no se cuenta con un inventario de los agrotóxicos que se quemaron y tampoco con un plan proyectado para afrontar el contexto. El escenario, entonces, se presenta conflictivo ante la eventualidad de los sucesos. Por su parte, Ustarroz manifestó que “no se sabe aún quién es el responsable”.

A las contradicciones referidas se puede agregar que el hecho de que no exista un listado de las sustancias que se extinguieron con el incendio implica la imposibilidad de medir el impacto ambiental. El silencio por parte del poder ejecutivo se corresponde, según AMA, a “un consenso estratégico en torno al modelo productivo extractivista y contaminante que tiene la empresa”.

La denuncia por parte de la asamblea resaltó el carácter profundamente íntimo de la relación entre el aparato político regulador y el aparato económico empresario. En este sentido, vale la pena aclarar que la historia en materia ambiental ha estado marcada por una cercanía entre los gobiernos y los dueños de los medios productivos. El logro del plebiscito de Esquel en el 2004 puso sobre la superficie las íntimas relaciones entre la minera Meridian Gold y el Gobierno provincial de Chubut. En relación a lo sucedido hace pocos días, AMA resaltó el carácter político del hecho y resaltó las complicidades remarcadas, indicando que “una empresa de grandes capitales, que produce agrotóxicos para un modelo productivo contaminante y extractivista, funciona de forma irregular con la complicidad del Estado, y explota ocasionando la muerte de un trabajador y un desastre ambiental de proporciones”

De la misma forma que Martín Barros explicó el desastre que ésta explosión significó, haciendo una comparativa con lo sucedido en Chernobyl, AMA se declaró en el mismo sentido, indicando que “la catástrofe ambiental y social resulta ser parte de “un eslabón más de la cadena del modelo productivo imperante, denominado agronegocio”.

Vale la pena comentar que el agronegocio es un tipo de modelo productivo caracterizado por la destrucción de la biodiversidad, de la marginación de comunidades originarias y de la sobreexplotación del territorio y de los seres humanos. Un modelo que se apoya en el extractivismo y que pondera a las corporaciones y reduce al individuo como una herramienta de trabajo. También hay que encuadrar esta conceptualización al sistema de producción y mercado que tiene lugar hoy en día.

Siguiendo el concepto propuesto desde su página web por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “el extractivismo depende de la economía financiera”. Esto hace inescindible ambas esferas: la política económica y el medio ambiente como un objeto de apropiación. Esta mirada es sostenida desde la militancia ambientalista y ecologista, y las luchas de estas organizaciones e basa en el medio ambiente como el espacio común de todos los individuos.

Con respecto a la actualidad jurídica y procesal de lo acontecido, se abrió una investigación ante la posible comisión de delito de acción pública, la cual se encuentra en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de Luis Carcagno, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3 departamental, a cargo de Pablo Fernando Morán. Por otro lado, las autoridades del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible han emitido un comunicado en donde se menciona que dicha entidad tomó diversas muestras, siendo que los datos que se conocieron sobre los líquidos y químicos que se han desparramado tienen que ver con biodiesel y glifosato. Se ha comprobado que este último es causal de enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, entre muchas otras.

Según Martón Barros, la planta se instaló en la zona hace cinco años, siendo que en un primer momento se le había informado a la población que la fábrica se dedicaba a la “producción de pastillas de cloros para piletas”. Agregó que fue hace muy poco cuando los vecinos se enteraron que ahí se apilaban, separaban y se elaboraban agrotóxicos. La desinformación por la que han pasado (y aún pasan) los habitantes ha sido tal, que hasta el día de la explosión no se conocía, con certeza, cuál era la totalidad de las actividades comerciales y productivas de SIGMA Agro S.A.

La mención sobre que Mercedes es una víctima del agronegocio tiene que ver con que existe, a nivel global y no solo regional, un modelo de producción que agrede a las poblaciones y defiende a los intereses y negociados de entes y firmas. En tal sentido, la población se encuentra en una situación crítica en relación a su entorno. Cada día que pasa, el sistema productivo se carga una nueva vida. Rubén Ponce, junto a Nicolás Arévalo (niño que murió de un edema pulmonar producto de entrar en contacto con Endosulfán, una sustancia prohibida), son aquellos horizontes y por quienes todas aquellas movilizaciones ambientalistas y sociales, que promulgan la igualdad de los individuos y los territorios, cobran sentido. Hay que comprender a la naturaleza como un par, y no como un producto a explotar.

(*) Periodista Ambiental.