Durante los últimos años en La Boca los desalojos se han convertido en algo cotidiano. La creación del Distrito de las Artes ha profundizado esta problemática tras largas décadas de abandono, producto de falta de políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y provean de infraestructura adecuada a la zona, de acuerdo a las necesidades de la población. Según el Grupo de Vivienda y Hábitat en el último año solo en el barrio de la ribera se han concretado ciento veinte desalojos. Al mismo tiempo se multiplican los remates, impulsando el crecimiento de una burbuja inmobiliaria que enriquece a empresarios y expulsa a los vecinos históricos del sur de la Ciudad.
El problema de acceso a la vivienda en La Boca es un conflicto histórico que se remonta a fines del Siglo XIX. En la década de 1960, el traslado del puerto fue el inicio de un largo proceso de deterioro económico del barrio y sus habitantes. Desde ese entonces, la ausencia de políticas de promoción de la actividad productiva y la falta de infraestructura básica que mejore las condiciones habitacionales de la población han generado un profundo deterioro de la zona y el caldo de cultivo para que especuladores y grandes empresas en alianza con el Gobierno de la Ciudad intenten volver a este histórico barrio en un espacio de especulación inmobiliaria y expulsión de sus históricos habitantes. A partir del año 2012, con la promulgación de la Ley 4353, que declara a este barrio ribereño Distrito de las Artes, una importante cantidad de empresas comenzó a “invertir” en la zona buscando las exenciones impositivas que otorgaba dicha ley a las actividades culturales. Hoy en día fundaciones de empresas como el Banco Santander Rio y OSDE se instalan en la zona creando salas de exposiciones en importantes edificios de oficinas, haciendo uso de dichas ventajas impositivas.
El deterioro edilicio de los característicos conventillos del barrio, han creado un mercado popular de alquileres en el que se ha afincado una importante población de trabajadores informales que, de otra manera, no hubieran tenido accedido a una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, salvo en una Villa de emergencia. Natalia Quinto, integrante de la Mesa de Vivienda y Habitat de la Boca y Barraras, explicó que este fenómeno es el que ha provocado que, a partir de la creación del Distrito, se hayan multiplicado los desalojos: “En general los desalojos se dan por incumplimiento de contrato, por ejecución de herencias vacantes o administrativos por peligro de derrumbe”. Situación que favorece a rematadores y empresas para acceder a terrenos a precio vil, con el beneficio extra de obtener descuentos importantes en el pago de impuestos. “Muchas veces los vecinos se enteran que el edificio fue rematado el mismo día del desalojo” reflejó la referente barrial. La falta de conocimientos de muchos inquilinos de la situación legal del inmueble en que viven, gracias a años de informalidad, provoca una mayor vulnerabilidad del sector.
Desde hace muchos años un nutrido grupo de organizaciones sociales de la zona ha trabajado en torno al derecho a la vivienda en La Boca. Las estrategias han variado en relación al contexto y al marco legal disponible. A partir de la sanción en el año 2007 de la ley 2240 de Emergencia Urbanística y Ambiental para el Barrio de La Boca las acciones se han orientado a evitar los desalojos, través de la reubicación de las familias con intervención de la Defensoría del Pueblo de La Ciudad. “Desde hace varios años venimos analizando y evaluando el accionar de los diferentes defensores” indicó Quinto. Esta ley, detalla, ha sido la herramienta para defender el derecho a la vivienda de los vecinos. Sin embargo la creciente presión de las corporaciones inmobiliarias y la presión de sectores empresariales asociados al Gobierno de la Ciudad han generado un creciente aumento de los desalojos.
En 2018, ante de la visita del Tribunal Internacional de Desalojos a la zona, se organizó el Tour de los Desalojos. Acción acompañada por la Alianza Internacional de Habitantes, que genero una importante visibilidad pública y una presentación ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) organismo que, ante la presencia de estos organismos internacionales, accedió a firmar un acta en la que se comprometía a solucionar el problema de los desalojos de acuerdo a las recomendaciones del dicho tribunal. Desde esa fecha se creo la Mesa de Vivienda y Hábitat, integrada por La Defesoría de Público de la Nación, la Defensoría de Pueblod e la Ciudad, ell IVC y el colectivo de organizaciones de inquilinos y afectados por los desalojos. Hasta el momento la mesa ha logrado solucionar solo las emergencias, a través del otorgamiento a subsidios habitacionales por doce meses para las víctimas de los desalojos. Dicha solución parcial, además, parece no ser duradera. Al poco tiempo de la creación de este espacio, el Ministerio de Desarrollo Humano y Habitar de la Ciudad se retiró de las negociaciones argumentando que, al no haber concretado la Procuraduría de la Ciudad un protocolo de prevención de incendios, no era posible continuar con su participación.
Mientras tanto los desalojos se suceden día a día, poniendo en riesgo el derecho de gran cantidad de vecinos a vivir en la Ciudad.
Nota de Ramiro Coelho | Informe audiovisual de Manuel Crespo
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