Por Gustavo Vera *
Hay momentos en que los indicadores económicos dejan de ser números aislados y empiezan a contar una misma historia. La advertencia de JP Morgan, la caída del mercado interno, la salida persistente de dólares, la escalada del riesgo país y las dificultades para cerrar las cuentas de 2027 son distintas expresiones de un mismo problema: el modelo económico de Javier Milei está entrando en una zona de creciente fragilidad.
La cuestión ya no es solamente cuándo llegará la recuperación que el Gobierno viene anunciando. Es cuánto tiempo puede sostenerse una economía que necesita dólares para pagar la deuda, pero no consigue retener los que genera; que pretende recuperar la confianza de los mercados mientras debilita el mercado interno, y que necesita estabilidad política mientras acumula conflictos sociales.
La tormenta perfecta no consiste en que todo salga mal por casualidad. Consiste en que los problemas se alimenten unos a otros, hasta reducir las alternativas disponibles. Y eso es lo que empieza a ocurrir.
JP Morgan prende las balizas
A fines de septiembre, JP Morgan recomendó a sus clientes tomarse un respiro en Argentina, reducir posiciones en activos en pesos y evitar asumir nuevos riesgos en el mercado local. El banco recortó su proyección de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5% y anticipó una posible contracción de la actividad durante el tercer trimestre.
La advertencia tiene un significado que va más allá de una recomendación financiera. El Gobierno hizo de la confianza de los mercados una de sus principales cartas de presentación. Prometió que el ajuste fiscal, la desregulación y el alineamiento internacional atraerían inversiones, reducirían el costo del financiamiento y abrirían una etapa de crecimiento sostenido.
Sin embargo, cuando uno de los grandes actores de Wall Street aconseja reducir la exposición al país, queda expuesta una contradicción: la confianza no se decreta y la estabilidad financiera no puede sostenerse indefinidamente al margen de lo que sucede en la economía real.
El riesgo país volvió a reflejar esa desconfianza. El viernes 16 de octubre cerró en 648 puntos básicos, después de una fuerte escalada durante las jornadas precedentes. La suba responde tanto a factores internacionales como a las dudas sobre la capacidad argentina para financiar sus próximos vencimientos.
El contexto internacional tampoco ayuda. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense vuelve más atractivos los activos considerados seguros y absorbe capitales que podrían dirigirse hacia los mercados emergentes. Cuando el dinero global se vuelve más selectivo, los países con cuentas externas frágiles y grandes necesidades de financiamiento son los primeros en sentir el golpe.
La Argentina reúne ambas condiciones. Y, a diferencia de otras economías, enfrenta esa presión después de haber apostado buena parte de su estrategia a recuperar el crédito internacional sin reconstruir previamente una base productiva sólida.
Una economía que crece para unos pocos
Mientras el Gobierno exhibe los resultados de algunos sectores exportadores, el mercado interno continúa deteriorándose.
El informe de coyuntura número 50 de CIFRA, publicado el 15 de octubre, señala que la actividad económica cayó un 4,1% entre diciembre de 2025 y julio de 2026. La inversión bruta fija acumuló un retroceso del 12,4% desde el primer trimestre de 2025. En el mismo período, se perdieron 370.000 puestos de trabajo asalariados y el salario real cayó un 12,6%.
Estos datos permiten entender por qué el crecimiento de determinados sectores no alcanza para revertir el deterioro general. La minería, la energía y las actividades vinculadas con las exportaciones pueden expandirse sin generar una recuperación equivalente del empleo, los salarios y el consumo.
Una economía puede exportar más petróleo o minerales y, al mismo tiempo, cerrar comercios, reducir turnos industriales y expulsar trabajadores. Puede acumular superávit comercial sin conseguir que esos ingresos se traduzcan en inversión productiva y mejores condiciones de vida.
El problema no es que crezcan los sectores exportadores. El problema es que ese crecimiento no se articula con el resto de la economía y no compensa el retroceso de las actividades que sostienen el empleo y el consumo cotidiano.
El ajuste sobre los ingresos populares termina agravando esa brecha. Las familias postergan compras, reducen gastos, recurren a las tarjetas de crédito, financian alimentos y servicios o solicitan nuevos préstamos. Pero no pueden sostener indefinidamente el mismo nivel de vida con ingresos que pierden capacidad de compra y obligaciones que se acumulan.
El endeudamiento familiar funciona como un amortiguador transitorio de la caída del consumo. Cuando ese recurso se agota, el ajuste se convierte en una crisis cotidiana: cuotas impagas, servicios atrasados, alquileres difíciles de afrontar y hogares obligados a elegir qué necesidad postergar.
La Fundación Alameda y las organizaciones que impulsan la Ley de Emergencia para las Familias Endeudadas vienen señalando precisamente esta dimensión del problema. No alcanza con discutir la deuda externa mientras se ignora el endeudamiento de quienes deben financiar con crédito sus gastos esenciales. La deuda del Estado ocupa el centro de las negociaciones con los acreedores; la deuda de las familias queda librada a su capacidad individual de resistir.
La contradicción es evidente: el Gobierno necesita que la economía se recupere, pero las condiciones con las que busca estabilizarla están debilitando el consumo, el empleo y la capacidad productiva que deberían sostener esa recuperación.
Los dólares están, pero no alcanzan
La fragilidad del programa económico se vuelve todavía más evidente cuando se examinan las necesidades de financiamiento.
El informe de CIFRA estima que los vencimientos de deuda de 2027 alcanzan los 40.700 millones de dólares si se suman las obligaciones del Gobierno nacional y el Banco Central, las provincias y el sector corporativo. Para el sector público nacional, la brecha de financiamiento estimada llega a los 22.700 millones de dólares.
No se trata de una diferencia menor que pueda resolverse con un anuncio o una colocación puntual. Se trata de conseguir dólares en una magnitud que pone a prueba la sostenibilidad del esquema financiero.
A esta exigencia se agrega otro dato decisivo: la formación de activos externos superó los 18.700 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026, a razón de unos 2.340 millones mensuales. Según CIFRA, frente a un superávit comercial superior a los 23.000 millones de dólares, las salidas alcanzaron los 37.700 millones en ese período. La diferencia debió cubrirse con endeudamiento.
Aquí aparece una de las contradicciones centrales del modelo. La Argentina genera dólares mediante sus exportaciones, pero no consigue que esas divisas alcancen para atender simultáneamente los pagos de deuda, la formación de activos externos, los giros de utilidades y dividendos y la acumulación de reservas.
El superávit comercial, por sí solo, no garantiza la estabilidad financiera. Si los dólares que ingresan vuelven a salir por otras vías, el país puede exportar más y continuar dependiendo del endeudamiento para cubrir sus necesidades externas.
La misma caja debe atender demasiadas ventanillas. El Tesoro necesita pagar a los acreedores, el Banco Central necesita fortalecer sus reservas y las empresas buscan disponer de sus utilidades. A la vez, la economía requiere divisas para importar insumos, sostener la producción y financiar inversiones.
El Gobierno pretende resolver esa tensión manteniendo el ajuste y apostando a que la confianza abra las puertas del financiamiento. Pero cuanto más se debilita la actividad, más difícil resulta construir una recuperación que permita generar los dólares necesarios de manera sostenida.
Trump ya no es un salvavidas seguro
Milei convirtió su relación con Donald Trump en una pieza central de su estrategia internacional. La expectativa era que el alineamiento político con Washington se tradujera en asistencia económica y acceso privilegiado al financiamiento.
Pero el respaldo estadounidense no puede darse por garantizado.
Las elecciones legislativas del 3 de noviembre encuentran a Trump en una situación política adversa. El sondeo de ABC News/Ipsos citado en el debate electoral estadounidense registra un 33% de aprobación presidencial y un 66% de desaprobación, mientras que la intención de voto genérico para el Congreso favorece a los demócratas por 52% contra 44%.
Estos números no permiten dar por consumada una derrota republicana, pero sí muestran que Trump enfrenta una elección difícil. Si los demócratas recuperan el control de una o ambas cámaras, su margen para impulsar la agenda y administrar sus prioridades quedará condicionado por un Congreso más adverso.
Para Milei, el problema no es solamente ideológico. Es financiero.
Los dichos de Luis Caputo dejaron entrever que, al menos por ahora, el Gobierno no dispone de una línea de libre disponibilidad del Tesoro estadounidense que le permita afrontar vencimientos en las condiciones excepcionales que se registraron durante 2025. Una cosa es el respaldo político y otra, muy distinta, contar con dólares disponibles para cancelar obligaciones concretas.
Tampoco el recurso del Swap de China es automático. La posibilidad de activar mecanismos financieros que permitan disponer de divisas utilizables puede exigir condiciones y negociaciones difíciles de conciliar con el alineamiento incondicional de Milei con Washington.
El Gobierno apostó buena parte de su estrategia a una relación política personal. Pero los intereses de Estados Unidos, sus restricciones institucionales y sus propias urgencias electorales no necesariamente coinciden con las necesidades argentinas.
Si Trump se debilita, Milei no pierde automáticamente todo respaldo financiero. Lo que pierde es previsibilidad y margen de maniobra justo cuando sus necesidades de financiamiento aumentan.
La política exterior, presentada como una ventaja decisiva, puede terminar convirtiéndose en otra restricción.
La devaluación que nadie quiere nombrar
La tensión cambiaria y financiera abre una posibilidad que el Gobierno intenta evitar: una corrección del tipo de cambio en un contexto de recesión e inflación todavía persistente.
Una devaluación podría mejorar inicialmente la competitividad de algunos sectores exportadores y encarecer la demanda de divisas para determinados usos. Pero también elevaría los costos de los bienes importados, los insumos productivos y buena parte de los precios internos. El impacto sobre los salarios y las jubilaciones podría profundizar la caída del consumo, mientras que la suba de costos volvería a presionar sobre la inflación.
La combinación es especialmente peligrosa. Una economía en expansión puede absorber mejor una corrección cambiaria porque cuenta con actividad, inversión y empleo que amortiguan parte del impacto. Una economía recesiva tiene menos defensas: si aumenta el dólar, suben los costos; si suben los costos, se erosiona el ingreso real; si cae el ingreso, retrocede todavía más el consumo y la recesión se profundiza.
El Gobierno enfrenta así una disyuntiva que no puede resolver con consignas. Sostener el esquema cambiario sin suficientes reservas y sin financiamiento accesible puede incrementar la vulnerabilidad. Corregirlo de manera abrupta puede poner en riesgo uno de los principales resultados que Milei reivindica: la desaceleración de la inflación.
No existe una salida sin costos. Lo que está en discusión es quién los paga y si el Gobierno cuenta con un programa capaz de distribuirlos sin agravar la crisis social.
La tormenta perfecta aparece cuando la necesidad de evitar una devaluación obliga a profundizar el ajuste, pero ese mismo ajuste debilita la actividad económica y deteriora las condiciones políticas para sostenerlo.
Cuando la respuesta es la represión
Frente a estas dificultades, el Gobierno parece insistir en una respuesta conocida: presentar los conflictos sociales como obstáculos que deben ser neutralizados, antes que como señales de un deterioro que exige respuestas.
La represión en la marcha federal por la educación y los conflictos con los delegados del subte se inscriben en un escenario de creciente tensión laboral y social. La protesta no desaparece porque se la reprima. Puede cambiar de forma, dispersarse durante un tiempo o trasladarse a otros ámbitos, pero las causas materiales que la originan permanecen.
Cuando los salarios pierden poder adquisitivo, los puestos de trabajo se reducen, las familias se endeudan y los servicios esenciales se vuelven más difíciles de pagar, la conflictividad no es una anomalía externa al programa económico. Es una de sus consecuencias.
El Gobierno puede intentar aislar cada protesta, enfrentar a un sector con otro y convertir cada reclamo en una disputa de orden público. Pero la suma de conflictos sectoriales puede terminar construyendo una oposición social más amplia, aun cuando sus protagonistas no compartan una misma identidad política ni una estrategia común.
El ajuste necesita tiempo y estabilidad para producir los resultados que promete. Pero también consume recursos sociales, desgasta legitimidad y genera resistencias. Si el Gobierno responde a ese desgaste con más ajuste y más represión, corre el riesgo de cerrar los canales que necesita para procesar el conflicto.
¿Quién paga la cuenta?
La discusión de fondo no es solamente financiera. Es también una discusión sobre el modelo de desarrollo y sobre la Argentina que se pretende construir.
Un país puede generar divisas mediante sus recursos naturales, su energía, su minería y sus exportaciones agropecuarias. La cuestión es si esos ingresos se convierten en inversión, empleo, salarios, infraestructura y capacidad de repago, o si conviven con una economía interna debilitada y una salida persistente de capitales.
La estabilidad de una economía no puede medirse exclusivamente por el resultado fiscal o la cotización de sus bonos. También debe medirse por su capacidad de sostener la producción, el empleo, los ingresos y la cohesión social.
No alcanza con que determinados sectores crezcan si el resto de la economía se contrae. Tampoco alcanza con exhibir superávit comercial si las divisas que genera el país no permiten cubrir sus necesidades externas sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Y mucho menos puede considerarse sostenible un programa que exige a las familias endeudarse para sobrevivir mientras el Estado busca nuevas fuentes de financiamiento para cumplir con sus acreedores.
La pregunta que el Gobierno evita es quién se beneficia con este modelo y quién soporta sus costos. Los grandes actores financieros cuentan con instrumentos para cubrirse, diversificar activos o retirar capitales. Los trabajadores, los jubilados, los pequeños comerciantes y las familias endeudadas tienen márgenes mucho más estrechos.
El problema no es solamente cuánto debe la Argentina, sino qué economía está construyendo para poder pagar esa deuda sin condenar a una parte creciente de su población a vivir en condiciones cada vez más precarias.
La callecita tiene una curva
Milei llegó al Gobierno prometiendo terminar con décadas de crisis, ordenar la economía y devolverle a la Argentina la confianza de los mercados. Pero el camino que eligió está acumulando contradicciones que pueden terminar chocando entre sí.
La recesión debilita el mercado interno. La salida de capitales y los vencimientos de deuda aumentan la necesidad de dólares. El riesgo país encarece el financiamiento. La dependencia de Washington expone al programa a una coyuntura política estadounidense que Milei no controla. Y la conflictividad social crece mientras el Gobierno apuesta a sostener el rumbo mediante la disciplina fiscal y la represión.
Ninguno de estos factores, por separado, determina un desenlace inevitable. Pero su convergencia reduce el margen para seguir postergando decisiones y aumenta el costo de cualquier error.
El Gobierno todavía puede intentar ganar tiempo, conseguir financiamiento y administrar las presiones cambiarias. Lo que no puede hacer indefinidamente es ignorar las consecuencias de una economía que necesita recuperarse mientras sus propias políticas deprimen el consumo, debilitan el empleo y restringen la capacidad de inversión.
Tampoco puede suponer que el respaldo de Trump será permanente, que los mercados seguirán financiando sin condiciones o que la sociedad aceptará sin límite el deterioro de sus condiciones de vida.
La cuestión es si Milei será capaz de revisar un programa que convirtió en una cuestión de identidad política o si insistirá en acelerar cuando la ruta empieza a cerrarse. Sus últimos discursos indican que piensa acelerar. Y el problema no es simplemente que el Presidente pueda equivocarse en una curva. Es que está intentando resolver los desequilibrios financieros sin modificar las condiciones productivas y sociales que los reproducen.
Un modelo que necesita dólares, pero no consigue retenerlos; que busca crecimiento, pero debilita el mercado interno; y que reclama confianza mientras erosiona las condiciones sociales de su propia estabilidad termina chocando con sus contradicciones.
Si Milei insiste en confundir la velocidad con el control del vehículo, corre el riesgo de que la realidad económica y la sociedad le marquen el límite y más temprano que lo que sugiere el calendario electoral.
Y cuando eso ocurre, no alcanza con culpar al camino.
(*) Presidente de la Fundacion Alameda, ex Director Nacional del Comite de Lucha contra la trata y explotacion de personas y ex legislador porteño.
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