Por Gustavo Vera *
El escenario internacional atraviesa una etapa de creciente inestabilidad. Las guerras prolongadas, el debilitamiento de las alianzas tradicionales, las crisis energéticas, la conflictividad social y la pérdida de confianza en distintos gobiernos configuran un orden mundial más fragmentado y menos previsible.
Estados Unidos enfrenta crecientes dificultades para imponer sus objetivos en Medio Oriente y comienza a pagar costos económicos y políticos por su intervención militar. Europa debe administrar las consecuencias de la guerra y las tensiones energéticas mientras crece el malestar social frente a los ajustes. Israel atraviesa una crisis política y de legitimidad. Brasil se encamina a una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización, y la Argentina combina una economía cada vez más desigual con un deterioro de la confianza en el gobierno de Javier Milei.
Ninguno de estos procesos determina por sí solo un desenlace político. Sin embargo, su convergencia puede reducir el margen de maniobra de los gobiernos, alterar los equilibrios internacionales y amplificar las tensiones internas. En el caso argentino, la cuestión es hasta qué punto un escenario internacional menos favorable puede coincidir con el agotamiento social de un programa económico que todavía no consigue traducir la estabilización de algunas variables macroeconómicas en una mejora generalizada de las condiciones de vida.
Estados Unidos: una intervención que no alcanza sus objetivos
Ocho meses después del inicio de la intervención militar estadounidense en Medio Oriente, Washington sigue enfrentando dificultades para alcanzar los objetivos estratégicos que se había propuesto. La capacidad misilística iraní no ha sido neutralizada por completo, el programa nuclear de Teherán continúa siendo una preocupación central, el estrecho de Ormuz sigue afectado por las restricciones al tránsito marítimo y el cambio de régimen iraní no se produjo.
La prolongación del conflicto expone los límites del poder militar cuando no logra traducir su superioridad operativa en resultados políticos duraderos. La guerra continúa generando costos militares, económicos y diplomáticos, mientras las perturbaciones de las rutas energéticas repercuten sobre los precios internacionales y las economías nacionales.
En Estados Unidos, el aumento del precio del diésel se convirtió en un problema particularmente sensible para camioneros, agricultores y sectores productivos. La energía más cara se traslada a los costos del transporte, los alimentos y numerosas actividades económicas, en un momento en que la inflación y el costo de vida siguen ocupando un lugar central entre las preocupaciones de la población.
El problema adquiere una dimensión electoral. Donald Trump deberá afrontar las elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre en un contexto de desgaste de su imagen y cuestionamientos sobre los resultados de su política exterior. La guerra, que debía demostrar la capacidad de liderazgo de Washington, amenaza con convertirse en un factor de erosión interna.
A esto se suman las dificultades para mantener cohesionados a los aliados regionales y las reservas de algunos gobiernos respecto del uso de sus bases militares ante el riesgo de represalias. Estados Unidos no solamente debe administrar un conflicto prolongado: también debe responder por sus consecuencias económicas y por el costo político de una intervención cuyos resultados siguen siendo inciertos.
La cuestión de fondo es si Washington podrá conservar su capacidad de conducción internacional cuando los costos de sus decisiones comienzan a afectar sus propios intereses económicos y electorales.
El acuerdo energético con Rusia y las fisuras occidentales
La presión sobre los precios de los combustibles llevó a Trump a autorizar temporalmente importaciones de diésel ruso y a impulsar una tregua sobre la infraestructura energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. La decisión representa un giro significativo respecto de la política de sanciones que Estados Unidos había sostenido contra Moscú.
La medida contempla suministros rusos inmediatos y otros previstos para los meses siguientes. Su volumen, sin embargo, resulta limitado frente a la demanda estadounidense, por lo que su importancia estratégica y política puede ser mayor que su capacidad para modificar por sí solo los precios internacionales.
La contradicción es evidente. Durante años, Washington reclamó a sus aliados europeos que redujeran sus vínculos energéticos con Rusia y presentó las sanciones como un instrumento indispensable para debilitar la capacidad económica del Kremlin. Ahora, frente a las presiones internas, recurre a una solución de conveniencia que beneficia parcialmente a Moscú y genera cuestionamientos entre sus propios aliados.
La decisión también coloca a Ucrania en una situación delicada. Al presionar a Volodímir Zelenski para que suspenda los ataques contra refinerías rusas, la administración estadounidense introduce nuevas tensiones en una relación que ya estaba atravesada por diferencias sobre la estrategia militar y las condiciones para una eventual negociación.
En Europa, las reacciones críticas expresan el temor de que Estados Unidos priorice sus necesidades internas aun cuando ello pueda perjudicar los intereses de sus socios. No significa que la alianza occidental esté a punto de desintegrarse, pero sí que sus diferencias se hacen más visibles cuando los costos de la guerra obligan a revisar prioridades.
La crisis vuelve a poner sobre la mesa la necesidad europea de fortalecer su autonomía energética, militar y diplomática. El problema es que esa autonomía requiere recursos, acuerdos políticos y capacidades productivas que no pueden construirse de un día para otro.
Europa: el malestar social redefine las prioridades
La guerra y las tensiones energéticas se desarrollan en un continente donde numerosos gobiernos enfrentan dificultades para sostener el gasto militar y los compromisos internacionales sin agravar los problemas sociales internos.
En Francia, las protestas estudiantiles y los conflictos vinculados con la educación pública expresan preocupaciones por la falta de docentes, el deterioro de la infraestructura y el aumento del costo de vida. En Bélgica, las organizaciones sindicales cuestionan los planes de ajuste, los recortes en servicios públicos, el incremento de determinados impuestos y los cambios en los mecanismos de indexación salarial.
España y Portugal, por su parte, afrontan conflictos vinculados con la crisis habitacional, el aumento de los alquileres y las dificultades de amplios sectores para sostener su poder adquisitivo. También se registran disputas sectoriales en otros países europeos, aunque sus causas y alcances presentan diferencias que no deben confundirse bajo una única explicación.
El denominador común es la dificultad de numerosos hogares para absorber el encarecimiento de la vida mientras los gobiernos deben atender compromisos fiscales, militares y energéticos.
La cuestión política es relevante. Lo que comienza a discutirse con mayor intensidad es la distribución de los costos y la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades internas.
¿Hasta qué punto podrán sostenerse los compromisos militares y las políticas de sanciones si se deterioran los servicios públicos, la vivienda y los ingresos de los trabajadores? La respuesta dependerá de cada país, pero la tensión entre seguridad internacional y bienestar social constituye uno de los desafíos centrales de Europa.
China y el nuevo equilibrio internacional
Las dificultades estadounidenses y las fisuras occidentales amplían el espacio para que China profundice su influencia económica y diplomática. Pekín continúa fortaleciendo sus capacidades industriales y tecnológicas, amplía sus vínculos comerciales y financieros y procura consolidar su presencia en el Sur Global.
En América Latina, proyectos de infraestructura como el puerto de Chancay, en Perú, y los acuerdos comerciales y financieros con distintos países muestran que China se ha convertido en un actor decisivo para el desarrollo de la región. Sus inversiones responden a intereses estratégicos propios, pero también ofrecen alternativas de financiamiento, comercio e infraestructura a gobiernos que buscan diversificar sus relaciones internacionales.
El avance chino no implica el reemplazo inmediato de Estados Unidos como principal potencia mundial. Aunque reducida , la superioridad militar estadounidense, el peso del dólar y la profundidad de sus mercados financieros siguen constituyendo ventajas significativas. Sin embargo, el sistema internacional se vuelve más complejo y menos dependiente de un único centro de poder.
La competencia ya no se limita al terreno militar. Se desarrolla en el comercio, la tecnología, las finanzas, la infraestructura, el acceso a los recursos naturales y la capacidad de establecer reglas internacionales.
La transición hacia un orden más multipolar abre oportunidades para los países que logren ampliar sus márgenes de autonomía, pero también presenta riesgos. Las potencias no actúan por altruismo y la diversificación de vínculos no elimina las asimetrías económicas ni las dependencias. El desafío para América Latina consiste en aprovechar la competencia entre los grandes actores sin quedar subordinada a los intereses de ninguno.
Israel: crisis de legitimidad y fragilidad política
Israel enfrenta una doble crisis. En el plano internacional, la prolongación de los conflictos regionales y las denuncias contra las políticas del gobierno deterioran su imagen y aumentan las tensiones con distintos sectores de la comunidad internacional. En el frente interno, la fragmentación política dificulta la construcción de una mayoría estable.
Las encuestas previas a las elecciones previstas para el 27 de octubre muestran un panorama fragmentado. Los sondeos no ofrecen una imagen uniforme de los bloques parlamentarios, y las proyecciones varían según la composición de las alianzas y los partidos considerados. Por eso, más que anticipar una mayoría opositora asegurada, los datos reflejan una disputa abierta y la dificultad de garantizar la estabilidad de una futura coalición.
El desgaste del gobierno de Benjamín Netanyahu se relaciona con distintos factores: las fallas de seguridad del 7 de octubre de 2023, las consecuencias de la guerra, las disputas institucionales y el juicio por corrupción que enfrenta el primer ministro. A ello se suma la presión de los sectores ultraortodoxos y de la extrema derecha, cuyo apoyo resulta relevante para sostener una coalición.
La crisis de legitimidad internacional y la fragmentación interna se refuerzan mutuamente, aunque no conducen necesariamente a un mismo desenlace. Netanyahu conserva apoyos políticos y electorales, y la oposición tampoco tiene garantizada una mayoría capaz de gobernar con estabilidad.
El escenario israelí expresa así una de las contradicciones de la coyuntura internacional: un gobierno puede conservar una base electoral importante y, al mismo tiempo, enfrentar crecientes dificultades para administrar las consecuencias de una guerra prolongada y reconstruir su legitimidad.
Brasil: una elección decisiva para la región
La primera vuelta de las elecciones brasileñas, celebrada el 4 de octubre, dejó un resultado que alteró las previsiones iniciales. El senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como ninguno alcanzó la mayoría absoluta, ambos competirán en la segunda vuelta del 25 de octubre.
La estrecha diferencia convierte en decisivo el comportamiento de quienes votaron por otras candidaturas, de los electores indecisos y de quienes se abstuvieron. Más de 33 millones de personas no concurrieron a votar, una cifra que evidencia el peso potencial de un electorado que las dos campañas intentarán movilizar.
El resultado también muestra la capacidad de la derecha brasileña para conservar una base electoral amplia y reorganizarse alrededor del apellido Bolsonaro, pese a la condena y las restricciones políticas que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro. La elección no puede explicarse exclusivamente por la polarización ideológica: también intervienen las preocupaciones por la seguridad, el costo de vida, la corrupción y la evaluación de la gestión gubernamental.
La disputa se desarrolla, además, en un contexto de acusaciones de injerencia extranjera, controversias sobre las plataformas digitales y preocupación por la circulación de desinformación y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. Estas cuestiones pueden afectar el debate público, aunque las denuncias concretas deben distinguirse de los hechos comprobados.
El desenlace tendrá consecuencias que exceden las fronteras brasileñas. Brasil es la principal economía de América Latina y un actor central de los BRICS. Su política exterior, sus relaciones con Estados Unidos y China y su posición frente a los procesos de integración regional pueden cambiar según el resultado electoral.
Una eventual victoria de Flávio Bolsonaro fortalecería a las derechas latinoamericanas y acercaría al país a la orientación internacional de Trump. Una reelección de Lula, en cambio, mantendría una política más centrada en el multilateralismo, la autonomía estratégica y la cooperación con el Sur Global. Ninguno de esos escenarios eliminaría las restricciones económicas ni las tensiones internas que enfrenta Brasil.
La elección sigue abierta y constituye una de las variables regionales que pueden modificar el clima político de las próximas semanas.
América Latina: polarización y disputa por la autonomía
Mientras Estados Unidos concentra recursos y atención en Medio Oriente y enfrenta tensiones con sus aliados, su capacidad de influencia en América Latina se encuentra sometida a nuevos desafíos. La región continúa siendo estratégica para Washington por sus recursos naturales, sus mercados, su posición geográfica y su importancia para la competencia con China.
Sin embargo, las sociedades latinoamericanas no constituyen un bloque homogéneo ni aceptan de manera automática las prioridades de las grandes potencias. Las elecciones, los conflictos sociales y las disputas institucionales expresan una competencia entre proyectos políticos diferentes, pero también una búsqueda de respuestas a problemas concretos: empleo, vivienda, ingresos, seguridad y servicios públicos.
La elección brasileña es el ejemplo más inmediato de esta disputa. A ella se suman las tensiones políticas en otros países y las controversias por la intervención externa, el uso de las redes digitales y la circulación de información manipulada. En el caso argentino, las denuncias vinculadas con el caso Cerimedo forman parte de ese debate.
La polarización regional no se reduce a un enfrentamiento entre derecha e izquierda. También expresa distintas concepciones sobre el papel del Estado, la distribución del ingreso, la integración económica y la relación con Estados Unidos y China. Es lo que se verifico en los comicios de Perú, Colombia y ahora Brasil con resultados ajustados entre las fuerzas políticas en disputa.
Para la Argentina, este escenario plantea una cuestión estratégica. La alineación internacional del gobierno de Milei puede facilitar determinados vínculos con Washington, pero también reduce sus márgenes de autonomía si se convierte en una adhesión automática a decisiones que responden a intereses estadounidenses y no necesariamente a las necesidades argentinas.
La capacidad de negociar con distintos actores, defender los intereses nacionales y ampliar los vínculos comerciales constituye una herramienta fundamental en un mundo en transición.
El Vaticano y la continuidad de una agenda social
La designación del cardenal Luis Antonio Tagle como decano del Colegio Cardenalicio constituye una decisión relevante para la organización y las perspectivas futuras de la Iglesia. No implica por sí sola una definición programática, pero permite situar en el centro del debate el rumbo pastoral de una institución que sigue atravesada por las cuestiones de la justicia social, la fraternidad y la defensa de los sectores vulnerables.
El legado de Francisco conserva una importancia particular en América Latina por su crítica a la concentración de la riqueza, su preocupación por los descartados y su insistencia en que la economía debe estar al servicio de la dignidad humana. La discusión sobre el denominado tecnofeudalismo prolonga esas preocupaciones en un terreno nuevo: el poder de las grandes plataformas, la concentración tecnológica y la apropiación privada de los beneficios de la innovación.
El problema no es rechazar la tecnología, sino discutir quién controla sus beneficios, cómo se distribuyen sus costos y qué capacidad tienen los Estados y las sociedades para evitar que la innovación profundice las desigualdades.
En ese contexto, la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, puede adquirir una dimensión política y cultural significativa. Su presencia no determina por sí misma un cambio en la coyuntura, pero puede reforzar el debate sobre la pobreza, la deuda social, los jubilados, las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado frente a los sectores más vulnerables.
Si el mensaje papal pone el acento en la dignidad del trabajo, la solidaridad y la obligación de no abandonar a quienes quedan rezagados, su recepción puede entrar en tensión con una orientación gubernamental que prioriza el ajuste fiscal y la reducción de la intervención estatal.
No se trata de suponer que el Vaticano se convertirá en un actor partidario ni de atribuirle de antemano una confrontación con Milei. Se trata de reconocer que una agenda centrada en la dignidad humana y la justicia social puede fortalecer debates que el Gobierno preferiría mantener subordinados a los resultados macroeconómicos.
Argentina: estabilización macroeconómica y deterioro social
La economía argentina presenta una contradicción cada vez más visible. Mientras algunos sectores vinculados con la energía, la minería, el agro y la actividad financiera muestran mejores resultados, la industria, la construcción, el comercio y numerosas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades.
Esta divergencia configura una economía dual. Por un lado, actividades con capacidad exportadora, acceso a mercados externos o generación de divisas encuentran oportunidades de expansión. Por otro, amplios sectores de la economía interna sufren la caída del consumo, el encarecimiento de los costos y las dificultades para sostener la producción y el empleo.
La caída de la actividad industrial y de la construcción, junto con el deterioro del consumo, indica que la estabilización de algunas variables macroeconómicas no se traduce automáticamente en una mejora de la vida cotidiana. El resultado depende de cómo se distribuyen los beneficios de la estabilización, qué sectores participan de la recuperación y cuánto tarda esa mejora en llegar- si alguna vez llega- a los ingresos de los hogares.
El cierre de empresas, la precarización laboral, las dificultades para sostener el consumo y el endeudamiento de las familias constituyen señales de una economía que no consigue reactivar de manera generalizada su mercado interno. La evolución de la pobreza y la indigencia debe evaluarse con indicadores y períodos comparables, pero el problema social no se agota en una medición: también se expresa en la capacidad concreta de los hogares para pagar alimentos, alquileres, tarifas, transporte y medicamentos.
El endeudamiento familiar adquiere especial importancia. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos esenciales, las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos, financiación comercial y otras formas de deuda. En esas condiciones, una parte del ingreso futuro queda comprometida antes de llegar al hogar, lo que reduce todavía más la capacidad de consumo y puede prolongar el deterioro de la economía interna.
El problema no es solamente distributivo. También afecta la actividad económica. Si los ingresos de amplios sectores se destinan a pagar deudas y servicios básicos, disminuye la demanda de bienes y servicios, se debilitan las ventas y se restringen las posibilidades de recuperación de comercios y empresas.
Esta dinámica repercute sobre la imagen del Gobierno. La pérdida de confianza no depende exclusivamente de la comunicación oficial ni de las expectativas financieras: también está condicionada por la experiencia cotidiana de quienes perciben que sus ingresos pierden capacidad de compra o que cada vez resulta más difícil sostener sus condiciones de vida.
La estabilidad macroeconómica puede constituir una condición necesaria para ordenar una economía, pero no garantiza por sí misma una recuperación social. Si no se traduce en inversión productiva, empleo, mejores ingresos y reactivación del mercado interno, puede convivir con un malestar creciente.
Esa es la contradicción central que enfrenta Milei. Su Gobierno puede exhibir resultados favorables en determinados sectores y conservar apoyos políticos significativos, pero la persistencia de una economía desigual limita su capacidad para reconstruir la confianza de los sectores que soportan los mayores costos del ajuste.
La movilización social como indicador de presión
La quinta Marcha Federal Educativa y la sesión especial contra la extranjerización de tierras muestran que el malestar social se expresa en distintos frentes. La educación, la defensa del territorio, el empleo, los ingresos y el costo de vida pueden convertirse en ejes de convergencia entre sectores que hasta ahora actuaban de manera separada.
No se trata de afirmar que ya existe un movimiento social unificado ni que todas las protestas responden a una misma causa. La importancia de estos acontecimientos reside en que revelan conflictos que pueden adquirir mayor dimensión cuando se combinan con el deterioro económico y con decisiones gubernamentales que afectan intereses diversos.
El Gobierno conserva herramientas institucionales, capacidad de iniciativa y recursos políticos para sostener su programa. También apuesta a la fragmentación de sus adversarios y a la ausencia de una alternativa capaz de reunir a sectores sociales y políticos diferentes. Esa estrategia puede permitirle administrar el conflicto durante un tiempo, pero no elimina las causas materiales del malestar.
La cuestión central no es si el oficialismo puede continuar tomando decisiones, sino si podrá mantener el respaldo social necesario para sostenerlas cuando sus efectos se traduzcan en mayores dificultades para la población trabajadora.
El conflicto por la extranjerización de tierras ofrece un ejemplo de la importancia de las disputas institucionales. La decisión de la Corte Suprema que desestimó una demanda contra el decreto presidencial y dias después suspendió la aplicación del decreto ante el creciente malestar social son un síntoma. El revés que semanas atrás tuvo el gobierno con el mismo tema en el parlamento, otro síntoma de que las decisiones del Gobierno pueden encontrar límites y resistencias. Pero esos límites deben analizarse con precisión: un revés judicial, una modificación legislativa y una marcha atrás política son acontecimientos diferentes, aunque puedan combinarse para producir un costo político acumulativo.
Cuando un gobierno comienza a modificar decisiones, retroceder frente a determinadas resistencias o enfrentar dificultades para implementar su programa, es necesario preguntarse si se trata de ajustes tácticos o de síntomas de una pérdida más profunda de capacidad política.
La respuesta depende de la persistencia de esos conflictos y de la posibilidad de que sectores hasta entonces dispersos encuentren objetivos comunes. Cuando las condiciones de vida se deterioran de manera sostenida y las respuestas oficiales no ofrecen alivio, la acumulación del malestar puede superar los límites de las organizaciones existentes y adquirir una dinámica propia.
La historia argentina ofrece numerosos ejemplos de procesos en los que la protesta social desbordó los canales políticos previstos. Eso no significa que un desenlace semejante sea inevitable ni que toda crisis económica conduzca a una crisis de gobernabilidad. Significa que el descontento social puede adquirir una fuerza que los gobiernos y las dirigencias no siempre consiguen anticipar o controlar.
La fragmentación de la oposición constituye, en este punto, una variable decisiva. El malestar puede crecer sin traducirse automáticamente en una alternativa política. Pero también puede generar nuevas formas de articulación, modificar las prioridades públicas y obligar al Gobierno a revisar decisiones que inicialmente consideraba innegociables.
Una tormenta perfecta y un final abierto
La eventual derrota electoral de Trump en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, las dificultades políticas de Netanyahu, el desenlace de la segunda vuelta brasileña del 25 de octubre y la visita de León XIV a la Argentina en noviembre son acontecimientos que pueden modificar el clima político local. Ninguno determina por sí mismo el futuro del gobierno de Milei, pero su coincidencia con una economía interna debilitada puede adquirir una importancia mayor.
Un retroceso electoral del trumpismo reduciría el margen de maniobra de la administración estadounidense, aunque no implicaría necesariamente el fin de su influencia internacional. Una crisis política en Israel podría debilitar uno de los referentes internacionales con los que Milei mantiene una estrecha afinidad ideológica. El resultado brasileño, por su parte, influirá sobre el equilibrio político regional y sobre las relaciones entre América Latina, Estados Unidos y China.
La visita papal puede reforzar la visibilidad de una agenda centrada en la pobreza, el trabajo, los jubilados, las personas con discapacidad y la deuda social. Su repercusión dependerá de los mensajes que transmita, de su recepción en la sociedad argentina y de la capacidad de los distintos actores para convertirlos en un debate público sobre las prioridades económicas. La expectativa popular por su visita se reflejo en la última peregrinación a Lujan que casi triplicó la cantidad de fieles respecto al año anterior.
El efecto acumulativo de estos acontecimientos no será automático. La relación entre el escenario internacional y la política argentina depende de mecanismos concretos: el acceso a financiamiento, los vínculos comerciales, la energía, la posición regional del país, la legitimidad de las políticas económicas y la capacidad del Gobierno para responder a las demandas sociales.
Sin embargo, la coincidencia de factores externos desfavorables y tensiones internas puede reducir el margen de maniobra del oficialismo. Si sus principales aliados internacionales atraviesan dificultades, si la economía interna no ofrece alivio y si las protestas comienzan a articular demandas comunes, el costo político del ajuste puede aumentar.
El problema para Milei es que no parece dispuesto a revisar los fundamentos de su programa. El proyecto de presupuesto para 2027, con su orientación fiscal restrictiva, vuelve a plantear la cuestión de si el Gobierno considera posible sostener el rumbo económico sin una recuperación más amplia del mercado interno y sin medidas que alivien las dificultades de los hogares.
La tormenta perfecta no constituye un destino teóricamente inevitable. El Gobierno todavía dispone de margen para modificar políticas, recomponer apoyos y responder a los sectores perjudicados. La oposición, a su vez, necesita demostrar que puede construir una alternativa que no se limite a reunir el rechazo al oficialismo, sino que ofrezca respuestas a los problemas económicos y sociales.
Pero la posibilidad de corregir el rumbo no equivale a la voluntad de hacerlo. Si el Gobierno insiste en profundizar el ajuste mientras persisten la recesión de amplios sectores, el endeudamiento familiar y el deterioro de los ingresos, puede contribuir a que las tensiones se acumulen y se refuercen entre sí.
El mundo atraviesa una transición marcada por guerras prolongadas, alianzas debilitadas, disputas por el poder económico y tecnológico y crecientes dificultades para conciliar los compromisos internacionales con las demandas sociales internas. La Argentina no está al margen de ese proceso. Su posición internacional, su estructura económica y sus conflictos sociales forman parte de una misma realidad, aunque cada dimensión tenga su propia dinámica.
La aparente estabilidad puede convivir con una sociedad más exigente, una economía desigual y un Gobierno que comienza a pagar los costos políticos de sus decisiones. Lo que hoy aparece como una suma de conflictos sectoriales y dificultades internacionales puede transformarse en una crisis de mayor alcance si las distintas tensiones convergen y el oficialismo pierde capacidad para administrarlas.
La intensidad de la tormenta dependerá de esa convergencia, de las respuestas del Gobierno y de la capacidad de la sociedad para transformar el malestar en una alternativa política. No hay un desenlace escrito de antemano. Pero, cuando las condiciones de vida se deterioran, los apoyos externos se vuelven menos seguros y las respuestas oficiales no ofrecen alivio, el margen para sostener el rumbo se estrecha.
La tormenta que se aproxima puede ser más o menos intensa. Lo que ya está en discusión es la capacidad del Gobierno para seguir gobernando en las mismas condiciones y la posibilidad de que las tensiones acumuladas abran una nueva etapa política. El final sigue abierto.
(*) Titular de la Fundación Alameda y conductor de Laudatistas (lunes de 11 a 13 horas en Radio Gráfica)
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