Suramericano 2026. Ni budines ni rifas: necesitamos las leyes del deporte

Finalizaron los Juegos Suramericanos 2026. La provincia de Santa Fe fue el epicentro de dos semanas donde la cita deportiva cautivó a miles de espectadores con recintos llenos, interés y pasión a flor de piel. Hay un deporte que no es masivo, pero que cautiva; la competencia siempre genera emociones porque en ella se conjugan el sacrificio, el saber, el esfuerzo y la veleidosa fortuna del éxito. El medallero final dejó a la delegación argentina en el segundo lugar, un resultado para tomar con pinzas, ya que en muchos casos no participaron los máximos exponentes continentales, pero que nos dejó postales imborrables.

Una de esas postales tiene que ver con la gran cantidad de atletas que alzaron la voz. El alto rendimiento sufre una profunda crisis de desfinanciamiento. Desde el último tramo de la gestión de Mauricio Macri, los fondos del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) dejaron de provenir de un impuesto específico a la telefonía celular —como ocurrió entre 2009 y 2017— para pasar a depender de las rentas generales del Estado. Hoy, el dinero de las becas no alcanza y el deporte rentado en nuestro país se ha vuelto una exclusividad para pocos, profundizando un amaterismo estructural insostenible.

Desde 2023, la estructura estatal del deporte argentino atraviesa un cráter. No solo por las disputas internas dentro del propio gobierno —en una pulseada donde Daniel Scioli le torció el brazo a Diógenes de Urquiza—, sino también porque nadie parece hacerse cargo verdaderamente del área.

La realidad detrás de los números y las becas

Luego de un prolongado silencio, la aparición de Daniel Scioli en Rosario junto al gobernador Maximiliano Pullaro durante los Juegos no pasó desapercibida. El actual secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación declaró: “¿Saben que estamos invirtiendo 1.100.000 dólares por año, más 200 mil dólares que dan privados, entre ellos YPF, y 100 millones de pesos en becas, más el aumento del 8 por ciento?”.

La realidad en las pistas y natatorios es bien distinta. El sistema de apoyo económico para la élite contempla categorías cuyos montos varían según la competencia, los resultados y la proyección:

• Jóvenes talentos: Un poco más de $360.000 mensuales.

• Máxima categoría: Cerca de $1,8 millón para medallistas olímpicos, paralímpicos o mundiales (reservada para una minoría).

En la inmensa mayoría de los casos, estos montos están lejos de cubrir las necesidades mínimas que demanda un atleta de alto rendimiento.

La trampa de la romanticización

Frente a este vacío, emergen los reclamos y la cara más romántica de la necesidad: la visibilización de deportistas que, a pulmón, organizan rifas, venden tartas o sándwiches para costear sus viajes y competir.

Estas historias sensibilizan a la sociedad y alimentan la idiosincrasia del esfuerzo amateur. Sin embargo, esto es alto rendimiento. En la Argentina, el deporte es —o debería ser— una industria cultural; descuidada, obvio, pero una industria al fin.

Curiosamente, durante los Juegos Suramericanos se habló poco, por no decir nada, de lo único que podría garantizar una solución de fondo: las leyes del deporte.

El sueño de los justos: las leyes que no se cumplen

Hace décadas que en la Argentina las leyes del deporte se incumplen de manera sistemática, ya sea porque no se aplican o porque jamás fueron reglamentadas. Como señala Víctor Lupo, dirigente del Movimiento Social del Deporte (MSD), la excusa recurrente es que “son viejas”.

¿Cuáles son las normas que duermen en los cajones?

• Ley 20.655: Sancionada en 1983, solo se cumplió a rajatatabla durante la gestión de Fernando Galmarini y el propio Víctor Lupo al frente de la Secretaría de Deportes (1989-1992).

• Ley de Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley 27.098): Aprobada casi por unanimidad, jamás fue reglamentada (y hoy se pretende impulsar una nueva norma similar).

• Ley de los Juegos Nacionales Evita (Ley 24.462, de 2008): De un cumplimiento prácticamente nulo.

• Ley del ENARD (Ley 26.573): Creada en 2009 como un organismo mixto (Estado y Comité Olímpico Argentino) financiado originalmente con el 1% de la telefonía celular. Desfinanciada tras la modificación de 2017.

• Asignación Universal por Hijo en el Deporte (Ley 27.201) y la Ley de Derecho de Formación Deportiva, ambas olvidadas.

Existen las herramientas jurídicas que garantizan el acceso y la financiación estatal del deporte a gran escala. Lo que falta —y se evidencia claramente— es la voluntad política y la complicidad de cercenar el debate público. Mientras tanto, nos seguimos emocionando con el atleta que vende rifas, mientras el Estado mira hacia otro lado.

¿Te gustaría enfocar el cierre con un llamado a la acción más directo o preferís mantener este tono de crónica periodística de opinión?