Por Emilia Trabucco*
Mientras el Congreso se prepara para tratar en sesiones extraordinarias un paquete de leyes que redefine el andamiaje económico, laboral y represivo del país, la Argentina llega a fines de 2025 con un mercado de trabajo devastado y una correlación de fuerzas cada vez más desfavorable para las mayorías. La discusión parlamentaria se da sobre una realidad concreta de destrucción de empleo, aumento de la informalidad laboral, caída del salario real y retroceso de derechos que funciona como antesala y condición de posibilidad de las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 223.796 puestos de trabajo registrados, con impacto directo en el sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares (SIPA, 2025). Detrás de esos números hay miles de familias que vieron reducir sus ingresos, empresas que cerraron o se reconvirtieron en importadoras, y una demanda agregada que se contrajo, profundizando un ciclo recesivo que golpea de manera desigual a los sectores populares.
A lo largo de 2025, aun con subas nominales, los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación, acumulando una caída significativa del poder adquisitivo. La pérdida de salario real impacta directamente sobre el consumo y el mercado interno, debilitando uno de los pocos amortiguadores históricos frente a las crisis y acelerando la precarización laboral.
El programa económico del gobierno avanza sobre una transformación estructural del país. La orientación hacia un modelo reprimarizado, con eje en la extracción de recursos naturales y la valorización financiera, redefine el lugar de la Argentina en la división internacional del trabajo. En este esquema, la producción con valor agregado, el empleo industrial y el trabajo con derechos se vuelven prescindibles. La especulación financiera pasa a ocupar el centro de la acumulación y exige condiciones economicas y sociales acordes.
En este contexto se inscribe la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre. El temario incluye el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma tributaria bajo la figura de “Inocencia Fiscal”, el Compromiso de Estabilidad Fiscal y Monetaria, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. El Congreso se convierte así en el espacio donde se busca legalizar una reorganización regresiva del Estado y de la sociedad.
La reforma laboral ocupa un lugar central en ese entramado. La reducción de aportes patronales e indemnizaciones, las restricciones al derecho a huelga consagrado en articulo 14 bis de la Constitución Nacional, la flexibilización de la negociación colectiva, la ampliación de la jornada y la eliminación del pago de horas extras mediante el nuevo banco de horas, los nuevos esquemas contractuales, el pago en especies o monedas alternativas, la figura del repartidor independiente en plataformas digitales sin reconocimiento de relación laboral y el Fondo de Cese Laboral con indemnizaciones baratas y en cuotas, consolidan la nueva arquitectura del trabajo que esta fase digital del capitalismo esta imponiendo en todo el mundo. Los riesgos y costos se trasladan desde empleadores y Estado hacia los trabajadores, legalizando la precariedad en un contexto de destrucción de empleo y salarios reales en caída. Todo bajo una falacia a cielo abierto que dice “es necesaria una reforma laboral para generar trabajo en blanco”, cuando sabemos que nunca en la historia una reforma laboral genero ni un solo puesto de trabajo, porque lo único que genera empleo es el crecimiento de la actividad económica. Un ejemplo concreto de esto es que en Argentina se crearon mas de 3 millones de puestos de empleo registrado durante el periodo 2003-2015 con la misma legislación laboral que esta vigente.
El Presupuesto 2026 y el Compromiso de Estabilidad Fiscal y Monetaria profundizan ese rumbo. La consolidación fiscal se plantea sin políticas activas de empleo ni recomposición salarial, descargando el ajuste sobre los ingresos populares. La reducción del gasto público en áreas sociales no es neutra. Desarma los mecanismos de redistribución y refuerza la dependencia de los hogares respecto del mercado, incluso en condiciones cada vez más adversas.
La reforma tributaria y la denominada “Inocencia Fiscal” completan el cuadro. La reducción y simplificación de impuestos, junto con revisiones sobre cargas fiscales y prescripciones, benefician a los grandes actores económicos y consolidan privilegios para los sectores concentrados. Menos recursos para el Estado implican menos inversión social y más margen para la especulación financiera.
La modificación de la Ley de Glaciares y de la regulación ambiental se inscribe en la misma lógica. La ampliación de los márgenes de explotación y la delegación de controles debilitan la protección de bienes comunes estratégicos y priorizan ganancias extractivas de corto plazo, profundizando un modelo primarizado y dependiente.
El ajuste económico tiene su contracara en el plano represivo. La reforma del Código Penal, impulsada desde el inicio de la gestión por Patricia Bullrich, avanza en la criminalización de la protesta y de la pobreza. El endurecimiento de penas, la pérdida de garantías, la baja de la edad de imputabilidad a 13 años y la posible eliminación de la figura de femicidio configuran un dispositivo de disciplinamiento social funcional a un programa que profundiza la desigualdad.
A dos años de gestión, pudimos ver al Congreso con una correlación de fuerzas inicialmente “más favorable al pueblo” no logró frenar ninguna de las iniciativas centrales del gobierno y terminó funcionando como engranaje de legalización de un proceso regresivo y de restauracion conservadora. Se aprobaron o habilitaron reformas que desmantelan los mecanismos estatales de distribución de la riqueza a favor de las mayorías trabajadoras, mientras avanzó en paralelo un paquete represivo orientado a la persecución de las organizaciones sociales, sindicales y de sus referentes políticos, incluso el encarcelamiento de la principal líder de la oposición política, la dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner. La combinación entre ajuste económico y disciplinamiento social constituyó la condición política necesaria para imponer un programa que concentra ingresos y poder.
Este programa expresa una transformación estructural del país. La orientación hacia un modelo reprimarizado y financiarizado redefine la arquitectura productiva y también la arquitectura del trabajo. En un mundo gobernado por el gran capital de la nueva aristocracia financiera-tecnológica, la acumulación requiere precarización laboral, salarios bajos, fragmentación y debilitamiento de las organizaciones colectivas.
La expansión acelerada del trabajo en plataformas, que creció más de 240 por ciento durante este gobierno, es una evidencia concreta de esa nueva arquitectura del trabajo sin derechos, basada en la individualización, la inestabilidad permanente y la transferencia de riesgos y costos al trabajador. A esto se suma la especulación financiera como matriz de dominación, con señales alarmantes como la habilitación de niñas y niños desde los 13 años para operar en el mercado financiero.
En este escenario, la pasividad o ambigüedad de sectores clave de la politica y del movimiento obrero también forma parte del problema. Un Congreso con mayoría para La Libertad Avanza, sostenido por alianzas con gobernadores dispuestos a votar contra su propio pueblo, se complementa con una conducción de la CGT que convoca a movilizar el 18 de diciembre pero se sienta al mismo tiempo en el Consejo de Mayo.
La firma del proyecto de ley de la reforma laboral en un aeropuerto por parte del presidente de la Nación, excluyendo solo el punto que afectaba las cajas sindicales, expone el riesgo de una aprobación sin conflicto social organizado. La historia reciente demuestra que cuando la fuerza social se articula, incluso en su heterogeneidad, es posible frenar reformas regresivas, como ocurrió en diciembre de 2017 con la reforma previsional y el inicio del fin del macrismo.
El gobierno de Milei ratifica así un programa digitado desde los centros económicos de las grandes potencias, de carácter colonial, que necesita un país sin industria nacional, sin derechos laborales, con represión callejera y militarización del territorio para entregar recursos estratégicos a los grandes magnates. La alternativa sigue siendo política y colectiva. Sin organización, y un proyecto de reforma laboral a favor de las mayorías trabajadoras, el futuro que se consolida es el de un país atrasado, desigual y subordinado.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
Discusión acerca de esta noticia