Por Emilia Trabucco *
El país atraviesa días de conmoción. El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no solo desnudó la brutalidad del narcotráfico en los barrios populares, sino que también catalizó un debate urgente sobre cómo los discursos mediáticos, políticos y digitales recrudecen la violencia contra las mujeres.
A la par, el espacio de Javier Milei enfrenta el escándalo ligado al primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con nuevas pruebas que demuestran el financiamiento para su campaña de Federico “Fred” Machado, un narco con pedido de extradición desde los Estados Unidos, que goza de impunidad en su country de Río Negro, protegido por la Corte Suprema de Justicia. Además, Machado comparte abogado con Javier Milei —el penalista Francisco Oneto— quien estaría actuando en las maniobras legales para frenar su extradición y mantenerlo bajo control judicial nacional.
En el Congreso, el pedido de apartamiento de José Luis Espert ganó volumen tras las denuncias: la oposición reclama su remoción inmediata de la presidencia de Presupuesto y Hacienda. A ese entramado se suma la candidata de LLA en Río Negro, Lorena Villaverde, a quien el diputado Martín Soria exhibió en el recinto con una causa por tenencia de cocaína en Florida (2002) y con antecedentes locales por estafas y lavado; y su pareja, Claudio Cicarelli, vinculado societaria o familiarmente a Machado y a su logística política. Un cuadro de compatibilidades operativas entre un legislador clave en el debate del Presupuesto, una candidata oficialista y un circuito narco–financiero hoy bajo pesquisa judicial.
Este entramado es apenas una muestra de las relaciones de impunidad que sostienen al gobierno (a)narcocapitalista de Milei. No se trata sólo de Espert y de su vínculo con Villaverde y Cicarelli. La impunidad alcanza también al ministro de Salud, Mario Lugones, de quien casi no se habla pese a cargar con la responsabilidad política de casi un centenar de muertes por fentanilo contaminado y de más de sesenta pacientes oncológicos que quedaron sin medicación en medio del colapso sanitario.
Junto a su hijo Rodrigo Lugones y con conexión directa a Santiago Caputo, los Lugones son los hombres en el Estado que operan el lobby con farmacéuticas, financieras y tecnológicas, buscando la supuesta “libertad” de mercado que, en los hechos, es la cobertura para negocios ilegales y circuitos opacos de acumulación. Todo esto ocurre en el mismo esquema de poder donde las grandes agroexportadoras continúan enriquecidas, asegurándose el control de los puertos por donde salen no sólo las riquezas nacionales sino también los cargamentos del narcotráfico hacia Europa.
Al mismo tiempo, los medios hegemónicos y las redes sociales digitadas por los cómplices del gobierno y los verdaderos dueños del negocio narco cumplieron su función: desviar la atención. En lugar de investigar a las tramas empresariales y políticas que sostienen el circuito de la droga, se dedicaron a construir la escena de unos jóvenes de nacionalidad peruana como “los capos” detrás del triple femicidio. La operación es clara: trasladar la culpa hacia los sectores populares y migrantes, estigmatizarlos y criminalizarlos, mientras se oculta que son precisamente esos sectores quienes sobreviven en territorios donde el narco organiza la vida cotidiana en el marco de la miseria y la exclusión que los mismos poderes concentran y reproducen.
Más grave aún fue el dedo señalador de los discursos mediáticos sobre las víctimas. El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes no se narró desde la indignación ante el femicidio, sino desde un relato moralizante que escarbó en sus formas de vida, sus trabajos y sus vínculos personales. Así, en lugar de denunciar a los responsables, los medios instalaron la sospecha sobre las propias mujeres asesinadas, reproduciendo un mensaje de disciplinamiento que legitima la violencia. Frente a esta operación, las organizaciones feministas volvieron a marcar el límite en las calles: “No hay buenas o malas víctimas, hay femicidios”.
Las marchas de este sábado, que unieron a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, dieron una respuesta política contundente de memoria, organización y denuncia. Las familias de Brenda, Lara y Morena encabezaron la gran movilización en la capital, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos descargaron su violencia contra la madre y el hermano de una de las víctimas, mostrando una vez más la crueldad de un gobierno fascista, autoritario y misógino.
Los feminismos responden con más política y más organización. Periodistas y colectivos remarcan que nombrar a las víctimas, visibilizar la violencia y señalar la responsabilidad de quienes habilitan discursos de odio es clave para frenar la impunidad, mientras algunos sectores del progresismo quedan encerrados en repudiar la supuesta capacidad de “cancelación” de los feminismos a varones que banalizan la violencia y la cultura de la violación.
Lo que está en juego excede a Espert. Se trata de una forma de hacer política sostenida en recursos de origen opaco, en vínculos con empresarios asociados a maniobras ilícitas y en la banalización de la violencia de género como un problema secundario frente a los intereses del capital concentrado. No es casual que Javier Milei haya declarado en campaña que “si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia elegiría la mafia”. Más que una provocación, la frase condensa un programa: el reemplazo de la legalidad democrática por una lógica que legitima el poder mafioso como principio de orden.
El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara desnudó también las deudas históricas de la democracia. Expuso las condiciones de los territorios a los que no llegaron las políticas públicas, tampoco durante gobiernos populares, y la exclusión de millones de personas, en su mayoría jóvenes, a quienes la política no les ofrece condiciones para pensar otro futuro posible para ellos y sus familias. Jóvenes que son víctimas de la desigualdad estructural y de un sistema democrático que se fue degradando, quedando impotente frente a las demandas de amplios sectores que nunca fueron reconocidos como sujetos de derecho.
Las mujeres y diversidades sufren, además, las consecuencias de desigualdades estructurales que no han sido parte de las agendas urgentes de las organizaciones políticas tradicionales. La búsqueda de justicia por ellas debe transformarse, de una vez por todas, en la decisión política del campo popular de abrazar la dignidad de las grandes mayorías, frente a un gobierno que avanza en el exterminio de toda expresión política y social que se le oponga. En esa disputa, los feminismos populares han sido señalados como su principal enemigo, precisamente por su capacidad de denunciar y de tejer alianzas para reconstruir los lazos sociales que la mafia que gobierna la Argentina vino a destruir.
(*) Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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