Por Emilia Trabucco*
Este miércoles 9 de abril, iniciará en Argentina la jornada de acción gremial de 36 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), con una movilización “en defensa del salario y los derechos de los jubilados”, y un paro total de actividades por 24 horas el jueves 10. Les jubilades se han constituido en la principal variable de ajuste de Milei: en 2024, explicaron el 19,2% del recorte total realizado por el Sector Público Nacional, y la canasta de medicamentos de PAMI aumentó un 373% desde que asumió el gobierno.
El paro general fue convocado el 13 de marzo por el triunvirato que conduce la Central; inmediatamente, se sumó la totalidad del esquema sindical: la CTA de les Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP (Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular), además de los movimientos sociales y un arco diverso de organizaciones.
El anuncio fue el día posterior a la brutal represión por parte de las fuerzas federales comandadas por la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en el marco de la protesta de jubilades de todos los miércoles, en la que hubo más de 1000 personas heridas, entre ellas el fotoperiodista Pablo Grillo, quién al día de hoy sigue internado tras sufrir un disparo de un cartucho de gas en la cabeza, ejecutado por un uniformado de Gendarmería Nacional.
El principal motivo de la medida, según los propios referentes sindicales, son los salarios pisados por el gobierno nacional, quien no tardó en mostrar públicamente su rechazo y desplegar la conocida estrategia de deslegitimación, argumentando que “no existen motivos hoy para un paro general”. Ante esto, Héctor Daer, triunviro de la CGT refutó: “Hay que entender de una vez que un paro de la CGT es un paro político”. “Que no queremos que nos pisen las paritarias, que no queremos la caída de los ingresos, que no puede ser que los jubilados sean la variable de ajuste, que no puede ser que las tarifas aumenten por sobre los salarios”.
En este marco, el anuncio de la UTA, liderada por Roberto Fernández, que nuclea choferes de colectivos, generó tensiones en los días preparatorios de la medida de fuerza, quienes acatarán la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero. El sindicato adhiere al paro, pero realizará recorridos normales, lo que amenaza con debilitar una jornada de protesta que tardó en llegar, pero que es esperada por amplios sectores de la sociedad argentina que sufre cotidianamente las consecuencias del ajuste.
El paro interrumpe las negociaciones que la central de trabajadorxs más grande del país venía sosteniendo con la administración libertaria, que mantiene frenada una reforma laboral y la modificación de la Ley de Asociaciones Sindicales en el Congreso Nacional. Esta especie de “alto al fuego” ha sido incluso confirmada en distintas oportunidades por los principales referentes, tanto del gobierno como de la central obrera, y en distintas reuniones entre la conducción de la CGT y el jefe de gabinete Guillermo Francos como principal interlocutor entre el gobierno, las cámaras empresariales y las centrales de trabajadores.
Este es el tercer paro general en lo que va de los 15 meses del gobierno de Javier Milei. El primer paro -y movilización-, se llevó adelante a 45 días de la asunción del presidente, el 24 de enero del año pasado, convocado por la CGT, a la que se plegaron la CTA-T, la CTA-A, los movimientos sociales y organizaciones políticas, feministas, de inquilines, culturales, quienes confluyeron en múltiples movilizaciones en todo el país, a las que asistieron más de un millón y medio de manifestantes bajo la consigna “La Patria No Se Vende”.
Dos meses después, el 9 de mayo, llegaría el segundo paro general (esta vez con cese de actividades y sin movilización) convocado bajo la consigna “los derechos no se venden, la Patria se defiende”, y en rechazo a la Ley Bases y el paquete fiscal, que habían obtenido media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, y que finalmente, fueron aprobados por el Congreso a fuerza de prebendas (demostradas escandalosamente por el caso Kueider) y votos de sectores acuerdistas.
El tercer paro general se da en un contexto donde el gobierno nacional se esfuerza, mediante una intensa campaña en redes sociales -y en complicidad con periodistas-, por sostener un relato de crecimiento económico, baja de la inflación y la pobreza, y recuperación de puestos de empleo, salarios y jubilaciones. La realidad efectiva muestra un escenario completamente inverso, donde los datos objetivos son manipulados para sostener la apariencia de estabilidad económica en la carrera preelectoral, mientras desde la cartera de Economía aguardan desesperadamente el desembolso del Fondo Monetario Internacional, la “rueda de auxilio” de un modelo viable solo para los grandes grupos financieros.
Las cuentas oficiales del gobierno vienen reproduciendo sistemáticamente el relato de la caída de la pobreza del 52,9% (del primer semestre de 2024) al 38,1% en esta primera medición de 2025, en base a datos del INDEC. En primer lugar, no hay que olvidar que Milei llevó la pobreza del 41 al 53% en el primer semestre por la devaluación del 118%, en diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia. En segundo lugar, es necesario aclarar cómo realiza esta institución oficial la medición de los índices.
El INDEC mide pobreza semestralmente y por ingresos. Es decir, calcula si los ingresos de los hogares son suficientes para solventar los gastos básicos, y se realiza sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Determina solamente si los ingresos de una familia son suficientes para costear una canasta básica de alimentos (CBA), sin tener en cuenta el endeudamiento de los hogares o las condiciones habitacionales. Los alimentos y bebidas representan un tercio de la canasta, que además fue alterada artificialmente por la importación masiva de alimentos.
El precio de la vivienda, los servicios básicos, el combustible, salud y transporte solo representan un 10% de la canasta, rubros que han sufrido aumentos exponenciales desde que asumió Milei: los servicios subieron 400%, alquileres más del doble por encima de la inflación. En contraposición, en diciembre de 2024, según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina-UCA, la pobreza entre los menores de 17 años aumentó del 62,9% al 65,5%, y la indigencia al 19,2%. Solo una baja sostenida de la pobreza, como entre 2003 y 2013, refleja una mejora real.
La supuesta baja de la pobreza del gobierno se acompaña de un relato de recuperación de salarios y jubilaciones, y de puestos de trabajo. Los datos reales muestran: una caída de más del 15% de los salarios reales desde la llegada de Milei al gobierno -sin respeto de paritarias-, congelamiento de jubilaciones mínimas por debajo de valores de 2023 con quita de acceso a medicamentos (con aumentos por encima de la inflación) y fin de la moratoria previsional; una suba del desempleo del 5,7% al 6,4%, pérdida de 169.859 puestos de trabajo, declarada por los propios funcionarios, de los cuales 118.019 corresponden al sector privado y 51.840 al ámbito público. El panorama se completa con caída del consumo masivo del 14%, con consumos mínimos históricos de yerba mate, leche y carne (9,2%, 9.1%, 8% respectivamente, respecto a 2023).
El festejado crecimiento económico desde la filas oficiales se explica así por una brutal transferencia de ingresos. Se muestra un crecimiento en puestos de trabajo de intermediación financiera, explotación agropecuaria y minería (constituyen el 4% de la fuerza laboral), según el propio INDEC, en detrimento de la industria, la construcción y el comercio, que generan el 45% del empleo en Argentina y surtieron fuertes caídas. El país encabezó el ranking mundial de mayor caída industrial en 2024, con una baja del 9,4%.
El panorama se completa con un brutal endeudamiento que se profundiza con el nuevo acuerdo ilegal en puerta con el Fondo Monetario Internacional, mientras las reservas y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desangran de la mano del ministro Caputo para sostener la apreciación ficticia del peso y la supuesta inflación a la baja, mientras se siguen habilitando los mecanismos para la especulación y una nueva fuga de capitales.
Lo que realmente se debate es la contradicción Patria o FMI en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner lo expresa en X, en relación al programa encabezado por Milei: “el cipayo es alguien partidario del poder extranjero en desmedro del país en el que nació. A ese lugar, las grandes mayorías lo llaman Patria y lo defienden como tal”.
Esta es la radiografía política y económica en la que se llevará adelante el paro general. Una nueva medida de fuerza que se desarrolla en un contexto de dificultad de las organizaciones tradicionales para representar las demandas de las grandes mayorías, en medio de una profunda crisis de representación, que parece explicarse -en parte- por la velocidad con la que el programa en posición de gobierno avanza transformando las reglas de la política.
La capacidad de reacción de las organizaciones aparece cuestionada por su lentitud y la sociedad argentina busca otras formas de organizarse ante los efectos de la crisis y frente a un gobierno que viola las garantías constitucionales, intenta avanzar sobre el control de la justicia, desconoce el poder legislativo y viaja a EEUU en el intento desesperado de conseguir un salvataje para sostener el relato oficial. Se agota la cuenta regresiva.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
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