Gabriel Berrozpe, denuncio ante la Justicia Federal el «accionar brutal, ilegitimo e inconstitucional de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich» en su carácter de autoridad «responsable del plan de represión sistemático desatado contra las marchas de los jubilados, constituyendo delitos de acción pública por fuera del marco normativo que regula el uso de la fuerza».
Gabriel Berrozpe, María Sol Bruera, y Guillermo Berrozpe sufrieron ese accionar el pasado 26 de febrero en el marco de la habitual movilización de Jubilados en las inmediaciones del Congreso.
Las detenciones se desencadenaron tras una agresión de un efectivo policial a la abogada María Sol Bruera sin que mediara motivo. Eso generó la reacción de sus acompañantes Gabriel y Guillermo Berrozpe.
Ambos denuncian que fueron marcados por responsables del operativo diciendo «llevense a los Berrozpe» tras lo cual fueron agredidos y privados ilegítimamente de su libertad por las fuerzas policiales, golpeados, gaseados, apremiados durante seis horas y posteriormente encausados sin orden judicial alguna.
El equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), ante este cuadro solicitó al personal policial actuante y aquellos que se encontraban supervisando que depongan de inmediato esta forma peligrosa de reducir a los detenidos ante eventuales lesiones que podrían producir.
A pesar de ello, “los efectivos continuaron con el accionar represivo agrediendo a los detenidos que se encontraban maniatados, golpeados y con la vista afectada por los gases y líquidos utilizados. Incluso allí forzaron a Guillermo Berrozpe a abrir sus ojos para rociarlos con el gas utilizado por las fuerzas policiales”.
Gabriel Berrozpe señaló que los graves hechos del 12 de marzo nos señalaron que es necesario hacer esta denuncia presentado los correspondientes testimonios.
«Es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La justicia debe actuar sin demora: la vida de los ciudadanos está en riesgo, por el solo hecho de hacer uso del derecho constitucional a manifestarse», concluyó Berrozpe.
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