Por Emilia Trabucco*
El asesinato de Fernando Martín Gómez, -joven trabajador de 28 años y padre de tres hijos- a manos de la Gendarmería Nacional en la localidad de Orán, Salta, expone con brutal claridad los alcances de las nuevas políticas represivas del gobierno de Javier Milei. Este hecho, ocurrido el 20 de diciembre en el marco del Plan Güemes, se suma a una serie de eventos que delinean un giro alarmante en la seguridad interior, donde el Estado no solo desatiende las condiciones de subsistencia de las clases populares, sino que las criminaliza y las reprime.
La muerte de Gómez se produjo durante un operativo en el que trabajadores fronterizos —conocidos como “bagayeros”— intentaban trasladar mercaderías como hojas de coca y cigarrillos a través de pasos informales. Según los testimonios, los gendarmes reprimieron violentamente a los pasadores, utilizando munición letal, lo que resultó en la muerte del joven y varios heridos graves. Esta versión contrasta con la narrativa oficial, que acusa a los trabajadores de intentar agredir a la fuerza federal.
La antesala: Ahora también, las Fuerzas Armadas
La antesala de este suceso fue la firma de dos decretos (1107 y 1112/2024), que amplían las competencias de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad interior bajo la justificación de combatir “nuevas amenazas” como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Esta doctrina, inspirada en la idea del enemigo interno, profundiza una lógica autoritaria que habilita a las fuerzas represivas a actuar con impunidad en lo que llaman “objetivos estratégicos”, los cuales serán definidos a discreción por el presidente. En este caso, el gobierno ha utilizado el Plan Güemes como una herramienta para consolidar el control en las fronteras del norte argentino, presentando un falso eje de combate al narcotráfico. Ahora también pueden sumarse al plan represivo, las Fuerzas Armadas.
Las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, refuerzan esta narrativa oficial. En redes sociales, calificó a los trabajadores como “narcos violentos” y celebró la actuación de la Gendarmería: “No pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras”. Estas afirmaciones no solo son falsas —ninguno de los confiscados “bultos sospechosos” contenía estupefacientes—, sino que también buscan justificar un operativo cuyo saldo fue una víctima fatal y el descontento de una comunidad que lucha por sobrevivir.
El contexto: criminalización de la pobreza y connivencia judicial
La situación en Salta también debe leerse en el contexto de una región atravesada por la desigualdad estructural y la complicidad de sectores del poder con el crimen organizado. En septiembre de este año, el intendente de Aguas Blancas y varios jueces fueron acusados de encubrir un asesinato vinculado al narcotráfico. Estos antecedentes revelan un doble estándar: mientras las autoridades locales participan en tramas de corrupción, los trabajadores informales son perseguidos y asesinados.
Además, el caso ocurre en paralelo con diversas iniciativas y anuncios del gobierno nacional: el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior, que busca ampliar las competencias de las fuerzas represivas; la propuesta de reducir la edad de imputabilidad, actualmente en debate legislativo; y el anuncio de la reimplementación del servicio cívico para jóvenes, destinado a la población de entre 18 y 24 años que “no estudia ni trabaja”. Todas estas medidas convergen en un proyecto represivo que apunta a consolidar un estado de excepción permanente.
El objetivo: construir el marco de legitimación de la violencia estatal
El asesinato de Fernando Martín Gómez no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia política más amplia, que reprime a las clases empobrecidad y diseña sistemáticamente un marco de justificación. La narrativa que construyen principalmente en el escenario de las redes sociales estigmatiza a los sectores populares y desvía la atención de los verdaderos responsables de la desigualdad social. Al mismo tiempo, busca legitimar el uso desproporcionado de la fuerza pública y la militarización de la seguridad interior.
El gobierno también ha promovido así una espectacularización de la represión. Un ejemplo claro fue la inauguración de una cárcel de máxima seguridad en Santa Fe el 18 de diciembre de 2024 por parte de Patricia Bullrich. Este evento estuvo rodeado de controversia, ya que incluyó el traslado de detenidos desde Buenos Aires con el único fin de reforzar la escenografía del acto oficial. Esta teatralización refuerza un discurso de “tolerancia cero” que ignora las verdaderas causas del conflicto social y legitima una militarización creciente de la seguridad interior.
Conclusión: un Estado al servicio de la represión
El asesinato de Fernando Martín Gómez, la implementación del Plan Güemes y la ampliación de las competencias militares configuran un panorama de absoluta violación de los derechos humanos del pueblo argentino. El gobierno nacional ha adoptado una política que criminaliza a les trabajadores pobres mientras protege a las élites corruptas. Este modelo represivo, sustentado en la doctrina del enemigo interno, destruye las bases democráticas y establece un estado de excepción permanente.
La sociedad no puede permanecer indiferente ante esta escalada, más aún en una fecha tan simbólica como la Navidad, cuando el Estado debería garantizar que todo el pueblo trabajador pueda sentarse a la mesa con sus seres queridos con un plato de comida digna, en lugar de condenarlo a sobrevivir y llorar a sus muertos.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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