Movilizaciones y represión en Chile: Un antes y un después

El escenario de fondo de las movilizaciones sociales es, según Fabián Caballero, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y presidente de la Federación de Trabajadores Municipales de Chile (FTMC), “la acumulación de 30 años de medidas neoliberales muy profundas, de injusticia, de falsa democracia, o una democracia tutelada, y 30 años de una brutal separación de los trabajadores con respecto al poder político, que se ha expresado en la manifestación iniciales”. En este sentido, este último período estuvo signado por un ajuste económico que llevó a un sector de la sociedad chilena a marchar en demanda de justicia social. 

En el marco de la crisis institucional, política y social, las movilizaciones se tornaron en “un punto de no retorno”, explicó Caballero, en donde el pueblo exigió que el Estado opere como garante de sus derechos. “No se puede seguir viviendo en condiciones paupérrimas, en endeudamiento permanente de las familias y trabajadores chilenos,  con un salario que no está acorde al costo y las necesidades de la vida actual”, continuó el dirigente social.

“Se ha instalado una matriz de opinión que ha alterado y enredado a un porcentaje muy grande de la población: que en Chile se estaría instalando una suerte de saqueo, caos y anarquismo”

Estos sucesos significan un antes y un después, y marcan un punto aparte en la historia política chilena.  Caballero describe a las movilizaciones “auténticas, espontáneas y genuinas”, forman parte de un conjunto de relaciones en donde la población chilena se dio cuenta de que hay una posibilidad de vivir de una manera distinta a lo regido tradicionalmente por las políticas de ajuste. En un sentido positivo, señaló que “esto debiera convertirse en una movilización con algún grado de dirección orgánica y política”.

Sin embargo, como sucede en toda movilización genuina, el presidente de la FTMC mencionó que, desde los medios de comunicación, “se ha instalado una matriz de opinión que ha alterado y enredado a un porcentaje muy grande de la población: que en Chile se estaría instalando una suerte de saqueo, caos y anarquismo”. Lo que está siendo transmitido en cadenas mediáticas identifica negativamente la expresión del campo popular. De esta forma podría argumentarse que  el periodismo trasandino está funcionando como mecanismo deslegitimador de los procesos de lucha.

“Esto debiera convertirse en una movilización con algún grado de dirección orgánica y política”.

En esta misma línea de pensamiento, existen dos versiones con respecto a las víctimas fatales de estos días. Por un lado, la versión oficial ha indicado la muerte de 12 ciudadanos. Por el otro lado, la versión cercana al campo popular sostiene que hay muchas más muertes que las que admite el poder ejecutivo, y que esto se debe a la “militarización y participación policial en todo el territorio nacional”.

La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el estado actual de los sucesos en Chile, y solicitó el inicio de un proceso de diálogo y consenso entre los actores principales para el cese del conflicto.

“Los chilenos y las chilenas queremos una nueva Constitución para todos, ya que aún estamos bajo la tutela de la Constitución de Pinochet, rectificada y perfeccionada en función de los intereses del empresariado y de las representaciones políticas que tienen estos sectores en el Parlamento”. 

Sin embargo, Caballero mencionó que el gobierno de Sebastián Piñera se encuentra “tutelado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, los propios Estados Unidos, la Unión Europea y los grandes capitales extranjeros”, y en esta línea de pensamiento no puede pensarse una salida sencilla ante la actual situación. 

Caballero indicó un camino para comenzar a discutir algunas cuestiones, que tiene que ver con “instalar una agenda corta”, la cual debe afrontar esa crisis de representación para “asegurar y garantizar las inquietudes  de los trabajadores y pobladores: la discusión salarial, la del costo de vida y la de las jubilaciones y pensiones”. Al mismo tiempo, señaló, que la clave para poder llevar a cabo un cambio a nivel estructural es discutir la cuestión de fondo: “los chilenos y las chilenas queremos una nueva Constitución para todos, ya que aún estamos bajo la tutela de la Constitución de Pinochet, rectificada y perfeccionada en función de los intereses del empresariado y de las representaciones políticas que tienen estos sectores en el Parlamento”. 

Por ello, la salida, infirió Caballero, es la apertura de un debate “en serio, riguroso y profundo,  que no sea cínico ni hipócrita, sobre un nuevo marco constitucional , un contrato social, un nuevo acuerdo social, para los intereses de estos actores históricamente desfavorecidos, y que por primera vez estén representados en una discusión política de esta envergadura”. Al mismo tiempo, señaló la necesidad de tener en cuenta soluciones de carácter regional. No se trata de centrar los conflictos únicamente en la solidaridad entre pueblos, sino que hay que comprender que los pueblos están llevando a cabo la misma lucha. 

“Chile ha sido impactado con la más brutal inteligencia política del neoliberalismo desde los setenta hasta la fecha”.

Citando a Jorge Abelardo Ramos, Caballero reflexionó que “no estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que somos subdesarrollados porque los pueblos latinoamericanos nos hemos dividido”. Lo que está teniendo lugar en Chile forma parte del mismo patrón de desigualdad neoliberal que viene operando en la región, en Ecuador, en Argentina, en Honduras, y en puntos neurálgicos de Latinoamérica. 

“Chile ha sido impactado con la más brutal inteligencia política del neoliberalismo desde los setenta hasta la fecha”, añadió Caballero, indicando que hay un retraso muy fuerte en términos organizativos, así como también una gran deuda en términos de debate y militancia social. “El pueblo chileno debe aprender a defenderse y construir una barrera de contención del pueblo y para el pueblo”, culminó.

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