Por Gabriel Fernández *
La abogada Liliana Zavala, representante de los trabajadores de Telecom, planteó algo que todos saben y admiten: “La fusión –entre Telecom y Cablevisión- producirá un monopolio y una reducción en la competencia”. Los letrados del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación respondieron que “los efectos de conglomerado o de cartera a los cuales parecieran aludir los demandantes, sí fueron tenidos en cuenta en el dictamen elevado oportunamente”.
Estos abogados del Estado –no los del Grupo Clarín, los del Estado- fueron más lejos. Muy lejos en verdad. Apuntaron que “destacó por entonces la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que el empaquetamiento es una tendencia internacional que implica beneficios tanto para los consumidores (posibilidad de precios más bajos, un único proveedor) como para las empresas (economías de alcance, fortaleza competitiva)”.
La operación se generó en 2018, bajo el gobierno macrista. Eso era grave, pero razonable dentro de las reglas de juego impuestas por una gestión ligada directamente a las corporaciones. El problema es que ahora las autoridades no sólo refrendan lo actuado sino que deslizan en su resolución que tener “un único proveedor” puede resultar beneficioso para los consumidores.
A la luz de las facturas que el público debe abonar para sostener el servicio, la mención a “precios más bajos” merece ser evaluada cual un sencillo gesto de humor.
La argumentación oficial podría haberse asentado en que la fusión no damnificará a los trabajadores –algo también objetable, claro- o que la decisión estatal lleva un tiempo de aplicación que complica un desagregado empresarial –las normas antimonopólicas no se preocupan por eso en ningún país-. Pero además de marcar tales ítems, se enanca en la justificación de la concentración.
Por si la postura no resultara nítida, el escrito gubernamental indica que “Cabe recordar que los efectos de conglomerado o de cartera a los cuales parecieran aludir los demandantes, sí fueron tenidos en cuenta en el dictamen elevado oportunamente”. Así, el rechazo a la objeción de los trabajadores de Telecom quedó desautorizado desde la cúspide misma del poder institucional.
Los especialistas consultados por La Señal Medios estimaron que la réplica a la demanda “desdeñó denuncias por infracciones a la Ley de Ética Pública, defendió lo actuado por la CNDC y, objetivamente, quedó alineado con la defensa corporativa del holding que dirige Héctor Magnetto”. El grupo empresarial, ni lerdo ni perezoso, entendió que tras este pronunciamiento la fusión ya es “cosa juzgada”.
• Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
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