El banco HSBC decidió el cierre de cinco sucursales en Luján, Junín, Villa Mercedes, Concepción del Uruguay y Balcarce. Es por eso que la Asociación Bancaria convoca este jueves 1 de junio a una jornada nacional de protesta mientras se desarrolle una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En el comunicado firmado por Sergio Palazzo, secretario general, y Eduardo Berrozpe, secretario de prensa, denuncian que Gabriel Martino, Ceo del banco y “autoproclamado amigo del presidente Macri (…) y el HSBC comienzan de esta manera la reducción de sus posiciones en nuestro país pues, a la par que registran la recesión en el mercado interno y la caída de la actividad productiva, evaluarían como grave el riesgo que supone la política desregulatoria y de endeudamiento del Banco Central. Mientras, como siempre hicieron, se benefician de la “timba financiera” que esa misma política promueve“.
Berrozpe, en comunicación con Mauro Cavallín en Abramos la Boca planteó que el banco tiene “una situación beneficiosa porque le vienen prestando al Estado. No les interesa prestarle servicios a la sociedad por eso se retiran por la política de desregulación del Banco Central que debería exigirles a mantener esas posiciones. Es preocupante que uno de los principales sostenes en el sistema financiero del gobierno de Cambiemos esté colocando la menor cantidad de créditos hipotecarios posibles y cerrando cinco sucursales. Es decir que trata de tener los menos riesgos posibles. Entonces van ajustando y van abriendo el paraguas ante la eventualidad de una crisis mayor tanto en el sistema financiero como en la economía, hacia la que vamos marchando inexorablemente“.
“El próximo jueves 1 de junio habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo y en ese marco una jornada de protesta nacional, durante las dos últimas horas de atención al público, sobre todo en los lugares donde esta entidad cierra sucursales”, explicó Eduardo Berrozpe.
A la vez en el comunicado la Asociación Bancaria vuelve a denunciar que “El HSBC Bank es una entidad investigada en varios países del mundo por lavado de dinero y fuga de capitales. Actualmente uno de los abogados que lo defendieron de acusaciones en ese sentido en nuestro país se desempeña como alto funcionario de la UIF (Unidad que Investiga ese tipo de Delito)”.
Y finaliza afirmando que “no hay ninguna causa económica que justifique esta medida. Por lo que en defensa de nuestros puestos laborales, realizada la correspondiente denuncia al Ministerio de Trabajo, adoptaremos acciones gremiales”.
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