“A la vuelta de mi trabajo desde Abasto a La Plata (centro), pasando la rotonda de la ruta 36 y 520, el micro en el cual venía se detiene en una garita de control vehicular. Abre la puerta delantera, sube un agente de la policía municipal y tres mujeres de la misma fuerza. El policía a viva voz dice que los hombres deben descender y las mujeres abrir sus bolsos, que era un protocolo de seguridad. Y no da más explicaciones. Los hombres bajan, las mujeres abren los bolsos, yo me aferro a mi mochila y le digo: `Somos laburantes´. En el micro, silencio”, relató Patricia González, usuaria de esa línea de colectivo de La Plata, para Radio Gráfica.
“Yo desciendo del micro para ver qué estaba pasando con los hombres abajo y no podía creer ver seis hombres apoyados contra el micro, con las piernas separadas y cacheados. Estaban siendo cacheados cada uno por un policía, porque abajo había más policías. Viendo este cuadro saco el celular y empiezo a tomar fotos”, agregó sobre su reacción. La cual fue interpelada por el policía, quien le gritó: “Mire señora, nosotros estamos trabajando, estamos cuidando la seguridad del chofer”.
Tras el asesinato de un chofer en el partido de Almirante Brown de la provincia de Buenos Aires, se supo que hubo una suerte de acuerdo a partir del cual el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Cristian Ritondo, se comprometió a llevar adelante supuestas medidas que garanticen la seguridad de los conductores. Luego de diversas denuncias por procedimientos de bajadas de colectivos a personas en diferentes puntos del conurbano bonaerense, organismos de derechos humanos plantearon la inconstitucionalidad de las medidas y su preocupación al respecto.
En ese sentido, Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), espacio que presentó un habeas corpus colectivo, dialogó en el programa Punto de Partida. “Esta no es una práctica nueva, la policía local la viene realizando en algunos distritos, sobre todo Quilmes, Florencia Varela y Almirante Brown desde comienzos del 2016”, indicó. Momento en el cual comenzaron a recibir denuncias.
“Si de antecedentes se trata, uno tiene que ir a buscarlas a la Gendarmería, la bajada de bondi es una práctica de rutina en los puntos de frontera. Cuando la Gendarmería, con el Plan Centinela, fue bajada al área metropolitana y conurbano bonaerense, en algunos lugares lo comenzaron a implementar. Y luego fue apropiada por la policía local. La novedad es que se sumó la policía bonaerense”, explicó el investigador.
En esa línea, caracterizó a las “bajadas de bondi” como una “práctica arbitraria”. “Las detenciones se pueden disponer sólo por una autoridad competente, un juez en determinados casos, o si te agarran robando o si están buscando una persona que tiene determinados rasgos y la detienen para constatar identidad. Sólo en casos muy puntuales la policía puede hacer esto. No alcanza con que exista un protocolo del Ministerio de Seguridad, y además ese protocolo tampoco existe, no tiene estado público, no ha sido compartido en ningún momento”, subrayó.
Finalmente, especificó: “La bajada de bondi no sólo consiste en la detención por averiguación de identidad, sino también en el cacheo de la persona y la requisa de sus pertenencias. Y ha habido casos, en Quilmes por ejemplo, en que los han trasladado a la comisaría. La policía nunca se equivoca, siempre olfatea a la misma clientela. Siempre detiene a jóvenes, masculinos, morochos, que andan con ropa deportiva. Entonces además de arbitraria es discriminatoria. Y además, esta práctica no está hecha con buenos modales, viene acompañada de provocaciones, insultos, risas. Eso le agrega violencia a la situación”. Por lo cual, aclaró, la violencia no es sólo física, sino también simbólica.
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