Por Iván Novotny
Cinco millones de niños y niñas menores de 14 años son pobres mientras que la indigencia alcanza a tres millones de personas en Argentina. En este país profundamente desigual, hay una fuerte resistencia de sectores conservadores a aplicar un impuesto a la riqueza del 2% al 3,5% por única vez sobre el patrimonio de 9300 multimillonarios que poseen fortunas de más de 200 millones de pesos. Una medida mínima pero que contribuye a la redistribución de los ingresos.
Nueve mil trescientos multimillonarios frente a cinco millones de niños y niñas pobres (el 56,3% del total del país). Un panorama de clara injusticia, desproporción y desigualdad. Un cambio sustancial de la escala de valores en la sociedad, donde nada esté por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro, es urgente e indispensable ya.
Los datos de pobreza e indigencia fueron difundidos por el Indec la última semana de septiembre en su informe de incidencia de la pobreza y la indigencia para el primer semestre de 2020. Mientras que el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas logró dictamen de mayoría el viernes 25 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, aprobado por el oficialista Frente de Todos y aliados. Enfrente, la oposición a esta ley por parte de los diputados macristas de Juntos por el Cambio, siempre defendiendo al poder económico concentrado. Es un aporte cuya recaudación total estimada es de 307 mil millones de pesos que se destinarán principalmente a comprar equipamiento de salud para enfrentar la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a residentes de cada barrio y financiar las becas estudiantiles Progresar.
Los datos de pobreza e indigencia muestran un panorama de desproporción alarmante pero que parecen no asombrar. ¿Qué debe suceder para que nuestras poblaciones reaccionen ante semejantes injusticias? Como ya se ha repetido incansablemente, la pandemia evidenció más las desigualdades existentes. Con todo, el 64,1% de la opinión pública respalda la iniciativa, según un estudio de la consultora Analogías citado por Página 12. Mientras que un 28,3% rechaza la ley que solo impacta en el 0,02% de la población, un sector minoritario pero con fuerte influencia mediática y poder de lobby que se resiste a este aporte necesario y redistributivo en un momento de crisis estructural como la actual.
Los intereses de los sectores más pudientes están protegidos en una burbuja de cristal, no solo por ellos sino por sectores de la clase media y de los trabajadores. Es llamativo cómo ha conquistado la subjetividad de amplias capas de la población la defensa a los que más tienen, así como el perjuicio y degradación para los postergados y discriminados.
Frente a tal panorama es urgente la implementación de más políticas distributivas, de mayor alcance y capacidad transformadora. Pero si esas políticas no son acompañadas por la gran mayoría de la sociedad no pueden avanzar y profundizarse. El cambio entonces debe ser también mental, de valores, de sensibilidad. Porque un sistema político y social se sostiene con los valores de las personas que integran esa sociedad. Actualmente, la valoración prioritaria por parte de amplios conjuntos sociales del dinero, la competencia, el individualismo son la base para mantener las situaciones de injusticia antes descriptas.
Entonces debemos pensar estrategias para generar una transformación en las grandes mayorías de esa escala de valores neoliberal, por una humanista. Proyectar acciones integrales desde los medios de comunicación, el sistema educativo, las políticas culturales para proponer a los diversos conjuntos humanos el valor de que no habrá progreso si no es de todos y para todos, de que la igualdad de derechos y oportunidades debe considerarse prioritaria, de que no podemos permanecer indiferentes al sufrimiento del otro. Los gobiernos progresistas no han dado, en general, adecuada prioridad al cambio cultural y mental necesario para acompañar un proceso transformador.
Mediante planificaciones que incluyan a las organizaciones sociales territoriales, generando espacios de debate en la base social de las cuestiones públicas; la amplificación de políticas progresistas a través de la generación de contenidos para los medios públicos y populares; el impulso a los referentes y a todas las personas que acompañen ese proceso transformador para que amplíen su influencia en sus redes de alcance; la generación de espacios de encuentro y reflexión de propuestas humanizadoras desde la base social que sean consideradas por el Estado en la implementación de sus políticas. Es indispensable elaborar este tipo de estrategias para que el cambio social progresista y humanizador sea encarnado por las grandes mayorías populares, así será más viable su transcendencia en el tiempo. Es un camino para pasar de la actual democracia formal a una necesaria democracia real.
La humanidad vive tiempos de descuento. El cambio profundo en la escala de valores debe estar entre las prioridades si queremos avanzar hacia una nueva etapa histórica progresiva que garantice la vida del ser humano y de las nuevas generaciones, en una civilización mundial inmersa en una crisis económica, sanitaria, política y ecológica, pero que aún está a tiempo de encontrar nuevas salidas.
(*) Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)
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