Por Adrían Berrozpe
El Gobierno porteño publicó, el 5 de marzo de 2026, un mensaje de Jorge Macri que vinculaba la situación de calle con su agenda de orden y seguridad. A ese discurso se sumaron sus cuestionamientos a la asistencia que brinda la Iglesia y las denuncias de organizaciones sociales por las intimaciones recibidas al repartir alimentos. Una orientación que termina poniendo bajo sospecha tanto a quienes necesitan ayuda como a quienes se organizan para acompañarlos.
Los antecedentes permiten entender la gravedad del problema. Un informe del CELS, ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa porteño señaló que las denuncias registradas de violencia institucional contra personas en situación de calle aumentaron un 128% entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2024. También describió desplazamientos, detenciones y destrucción de pertenencias dentro del paradigma de orden y limpieza. Son datos de ese período, pero documentan una orientación que exige controles y respuestas públicas.
Una persona durmiendo en una vereda habla de muchas cosas. De un alquiler que ya no pudo pagar, de vínculos que se rompieron, de un trabajo que se perdió o de una red de cuidados que no alcanzó. Pero cuando el poder decide mostrarla como una amenaza, todas esas historias desaparecen. Queda un cuerpo que molesta y una promesa de orden que exige correrlo de lugar.
El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en junio de 2025 por organizaciones sociales, registró 11.892 personas, entre la vía pública y los centros de alojamiento. Una cifra que cuestiona el alcance del relevamiento oficial y expone la gravedad de la crisis habitacional. Mientras tanto, un estudio publicado en 2019 por el Instituto de Vivienda de la Ciudad había estimado 138.328 viviendas vacías; una ciudad donde conviven la exclusión habitacional y las casas vacías.
Para alguien que duerme a la intemperie, una frazada, un documento o una mochila pueden ser lo poco que conserva para sostener su vida cotidiana. Destruirlos o quitárselos profundiza la desprotección.
El sistema de paradores de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente denominados Centros de Inclusión Social (CIS), recibe duros cuestionamientos de trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, legisladores de la oposición y las propias personas en situación de calle. Entre los principales se encuentran las lógicas “expulsivas”, los reglamentos estrictos y la separación de los vínculos familiares y afectivos.
EL BRAZO VECIPOLICIAL
Buenos Vecinos BA es una organización liderada por Gloria Llopiz Ortiz, quien se presenta como periodista; mantiene vínculos políticos con Lucía Montenegro y participa de reuniones convocadas por Jorge Macri, a quien constantemente felicita por la política punitiva que aplica. Está en pareja con un excomisario.
Sobre sus prácticas pesan denuncias graves. Georgina Orellano, de AMMAR, describió hostigamiento a trabajadoras sexuales, recorridas, filmaciones y señalamientos de ranchadas, viviendas y lugares de trabajo. La investigación de Tiempo Argentino también recogió denuncias de persecución a vendedores ambulantes y de vínculos con policías que facilitarían esas intervenciones.
La participación vecinal tiene un valor indispensable cuando construye cuidados, reclama servicios y amplía derechos. Ese valor se pierde cuando la pertenencia al barrio se convierte en una credencial para decidir quién merece habitar en él.
Esa lógica también quedó plasmada en la propaganda del Gobierno de la Ciudad, con imágenes de un mismo lugar antes y después de retirar a las personas en situación de calle. La desaparición de esas personas del encuadre se exhibía como un logro de orden y limpieza. La palabra seguridad no puede funcionar como una autorización para el hostigamiento.
Hay una crueldad política en pedirle a quien perdió casi todo que, además, deje de ser visible. Una ciudad se gobierna haciéndose cargo de esas vidas, con vivienda, salud, trabajo y equipos de acompañamiento con recursos y continuidad.
Discusión acerca de esta noticia