Por Adrián Berrozpe
Para valorar un gobierno hay que mirar cómo vive la gente bajo sus decisiones. Cuánto cuesta llegar al trabajo, qué pasa con la escuela del barrio y cómo trata el Estado a quienes salen todos los días a buscar el mango.
Cuarenta viajes de subte representan casi 64 mil pesos, mientras se cierran salas, grados y divisiones, se eliminan cargos docentes y se restringe el ingreso a profesorados. Estudiar, trabajar y llegar a fin de mes se vuelve cada vez más difícil.
Frente a este escenario, Jorge Macri profundiza una política de “orden” donde la violencia y la represión ocupan el lugar del diálogo. La detención de metrodelegados durante una protesta gremial expresa una forma de responder a quienes se organizan para defender sus condiciones laborales.
Las y los vendedores ambulantes son perseguidos y pierden su mercadería. Las cooperativas de reciclado, construidas por trabajadores y trabajadoras que se organizaron frente a la exclusión, ven amenazadas funciones centrales de su trabajo para abrirles paso a empresas privadas.
En las barriadas populares, los despliegues policiales y las denuncias de hostigamiento contrastan con necesidades que siguen esperando respuestas, como cloacas, recolección diaria de residuos y alumbrado público.
Vivir cuesta cada vez más, estudiar encuentra nuevas barreras y salir a buscar el mango se vuelve motivo de persecución.
Gobernar exige hacerse cargo de esas vidas. De quienes enseñan, estudian, recuperan materiales y trabajan en la calle. También de quienes deciden organizarse, pelear y protestar para conquistar sus derechos.
El “orden” de Macri deja afuera a quienes sostienen la ciudad con su trabajo. Buenos Aires también les pertenece.
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