El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas resolvió realizar un Paro General con movilización el día que se trate la reforma laboral en el Senado y evalúa anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en las provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo. Las medidas se decidieron un plenario que se realizó en el Hotel Quagliaro de ATE Nacional.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, adelantó que seguramente expresarán ese mandato en la reunión que mantendrán mañana en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con sindicatos de la CGT.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, expresó Rodolfo Aguiar.
“Nos tenemos que esforzar para evaluar la posibilidad de establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”, completó.
Participaron del encuentro sindicatos del sector judicial, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios, entre otras, como así también jubilados, abogados laboralistas, ex jueces laboralistas y académicos.
En referencia a las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales, el dirigente estatal apuntó: “Las recorridas de Santilli muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”.
“Pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno”, agregó Rodolfo Aguiar.
“Frente a este escenario, tenemos el deber de estar en la calle, de protestar. No podemos ser testigos pasivos de la vulneración de la constitución. Es la ley fundamental que rige nuestra convivencia democrática. Al Gobierno que encabeza Milei tenemos que ponerle límites y decir basta”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Fabián Cattanzaro, secretario Gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), manifestó: “Nos oponemos a esta reforma y proponemos que haya grandes movilizaciones en todo el país. Esta ley promueve los despidos y la precarización a costa de los fondos que son para los jubilados. Queremos que el día del tratamiento haya una gran movilización y un paro general”.
Asimismo agregó que se sumarán el día de mañana a la reunión que se desarrollará en la Unión Obrera Metalúrgica con sindicatos que plantean una posición más confrontativa ante la reforma laboral. Son sindicatos que ya se reunión el miércoles pasado.
Cabe destacar que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno nacional, esta reforma sí afecta al sector público ya que numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo que este proyecto pretende modificar, como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas, Administración General de Puertos, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT), Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), el Hospital Garrahan, Dioxitek, Intercargo, Belgrano Cargas, entre otros.
También, con el cambio en la no presunción de vínculo laboral en la figura del monotributo se pretende perpetuar el fraude tanto en el Estado nacional como en las provincias y los municipios.
Sumado a esto, el artículo 79 del proyecto modifica la Ley 18.345 que asignaba la competencia de la Justicia Laboral para controversias entre trabajadores empleadores, incluyendo entre estos al Estado Nacional. Con esta modificación, los conflictos judiciales con trabajadores que involucren al Estado Nacional, en cualquiera de sus tres poderes, pasarán al fuero Contencioso Administrativo.
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