El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo en relación al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a partir de las modificaciones que buscó introducir con el decreto 462/25.
El fallo, firmado por la jueza federal Martina Isabel Forns, figura en el expediente N°33589/2025 y da respuesta al amparo presentado por el sindicato, mediante el cual se solicitó que se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público.
«Considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada, relativa a que la demandada se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto PEN N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión
de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)», detalla la resolución de la Justicia.
«Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
Asimismo, cargó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger: “te digo que son bastante inútiles. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos”.
“No se puede pretender afectar por decreto la autonomía de un organismo creado por ley hace 70 años. Las facultades extraordinarias no son suficientes para intentar apropiarse de los ingresos del organismo, como tasas, patentes, servicios técnicos y certificaciones, afectando su autonomía operativa”, agregó el dirigente estatal.
FALLOS ADVERSOS PARA EL GOBIERNO
En el raid final de las facultades delegadas, disolvió y modificó diversos organismos del Estado que fallos judiciales comienzan a paralizar con medidas cautelares. Días atrás ocurrió con la Dirección Nacional de Vialidad y ahora con el INTI.
A comienzos de la semana pasada, ATE y la Asociación del Personal de Instituto de Tecnología Agropecuaria (AINTA) también presentaron una medida cautelar para avanzar en la misma dirección con ese organismo.
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