Por José Sbattella
La caracterización del gobierno de Milei como terrorismo de baja intensidad implica la calificación de terrorista al presidente de Argentina.
El fundamento por el cual, al presidente de la Argentina, Javier Milei le corresponde la calificación de terrorista, se sustenta en la legislación vigente desde el año 2011,
La ley 26.734 que considera que todos los delitos del Código Penal que se cometan, tienen un agravante si aterrorizan a la población o impiden que organismos del Estado y sus funcionarios hagan algo o sean obligados a hacer algo que perjudique severamente a la población.
Esta calificación y el universo de acciones que quedan involucradas, al constatar cómo actúa el Presidente, por fuera de la Constitución Nacional, ha implicado la generación de causas judiciales que se encuentran en trámite.
Destruir el poder de policía del Estado decidiendo la eliminación o reducción de las capacidades de los organismos de control buscando su desaparición.
La apertura indiscriminada del ingreso de capitales extranjeros sin importar su origen que podría ser producto del narcotráfico, de la trata de personas o del terrorismo y el tráfico de armas.
La negativa a entregar medicamentos a lo jubilados.
El desfinanciamiento de la educación y la investigación científica.
La paralización total de la obra pública.
La no actualización de salarios y jubilaciones.
Abusando la interferencia en las paritarias salariales.
En síntesis, demoliendo las instituciones, destruyendo la seguridad de los habitantes y con su esquema económico provocando un deterioro irreversible en el bienestar del pueblo.
Tal como lo anticipara en su campaña electoral y reiterado en numerosas oportunidades, vino a destruir el Estado.
Atacando el corazón del funcionamiento institucional como regulador de las relaciones de una población.
Debe advertirse que terrorismo también es dejar de hacer o por el contrario tomar decisiones. que perjudiquen severamente a la población del país, empleando además la violencia extrema sobre la comunidad para lograr sus fines políticos e ideológicos.
Se impone considerar que los actos de gobierno que colocan en desamparo y perjudican severamente a la población pueden claramente identificarse como terrorismo.
En la historia de Argentina, luego de aprobada la ley 26.734 en 2011, fue posible calificar como terroristas de Estado a los militares genocidas prófugos, procediéndose de inmediato, a congelar sus bienes.
Queda claro que el principal problema que tenemos los argentinos es que el máximo responsable de la administración del país es un terrorista de Estado.
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