Por Emilia Trabucco*
En un país asfixiado por el ajuste más brutal desde la vuelta de la democracia, el gobierno de Javier Milei despliega una estrategia de propaganda sostenida en la sobreactuación discursiva, las operaciones mediáticas y el disciplinamiento judicial, mientras los datos económicos delinean con crudeza el rumbo del desastre.
La Argentina real no es la de los escenarios del Luna Park ni la de los vivos de TikTok. Es la de las ollas populares, el endeudamiento para llegar a fin de mes y el éxodo de dólares sin control. Según el Banco Central, en mayo el sector privado no financiero giró al exterior 3.226 millones de dólares, récord desde 2003. Si se suman los 5.247 millones fugados en abril, representan el 44% de los 12.000 millones del FMI en apenas 45 días. Lejos de la épica libertaria, el gobierno habilita que los supuestos “héroes contra la casta” vacíen las arcas del país.
En un tuit del 28 de junio, Cristina Fernández de Kirchner desnudó esta escena: “Vos podrás gritar como energúmeno […] pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN”. La inversión extranjera directa tiene saldo negativo desde diciembre, y ni el promocionado RIGI logra revertir la tendencia. El resultado mata relato.
Ante las consecuencias cada vez más visibles del programa económico antipopular, el show y la ofensiva judicial reaparece con precisión quirúrgica. El 28 de julio, Daniel Santoro, operador judicial de Clarín, anunció que un tribunal oral pondrá fecha al juicio contra Cristina Kirchner y otros por el supuesto encubrimiento de cinco iraníes en el atentado a la AMIA, “antes del acto por el 31º aniversario”. El TOF 8 está integrado por Andrés Basso (presidente de la Asociación de Magistrados, tras condenar a Cristina), Rodrigo Giménez Uriburu (jugaba al fútbol en la quinta de Macri, también participó del fallo condenatorio a la ex presidenta) y Javier Ríos. Los dos primeros pidieron ser apartados, solicitud denegada por Mariano Borinsky, compañero de tenis del ex presidente Mauricio Macri.
En dicha estrategia se enmarca el inicio del juicio en ausencia contra diez acusados iraníes, habilitado por el juez Rafecas el 26 de junio sin pruebas concluyentes. La Sala II de Casación ya había atribuido en marzo la responsabilidad del atentado a Irán, al que definió como “Estado terrorista”. La operación reactualiza el alineamiento con EE.UU. e Israel y convierte la causa AMIA en teatro de un conflicto internacional. Como dijo Cristina en 2015, Argentina vuelve a prestarse a un guión escrito a miles de kilómetros.
En simultáneo, avanza, fronteras adentro, la “doctrina del enemigo interno”. El caso Alesia Abaigar, militante detenida tras un escrache a José Luis Espert —diputado aliado al gobierno denunciado por vínculos con el narcotráfico, impune—, ilustra, una vez más, cómo se usa la categoría de “terrorista” para criminalizar la protesta. “Así comenzaron los terroristas en los años 70”, publicó Espert. El objetivo: blindar al poder económico y castigar el disenso.
Los métodos del lawfare o guerra jurídica —jueces amigos del poder político, fiscales obedientes y medios operadores— se articulan hoy con milicias digitales, para sostener un modelo de hambre, represión y saqueo. El enemigo es “el que protesta”, “la que interrumpe el tránsito”, “el que denuncia el saqueo”.
Como en los noventa, el endeudamiento estructural, los salarios pisados y el dólar planchado arrastran al país a un nuevo colapso. Esta vez bajo el relato de la libertad, se reinstalan estructuras autoritarias para imponer un país sin derechos ni soberanía. Cristina Kirchner vuelve a ocupar el centro del ataque: presa política, proscripta y otra vez acusada en una causa cerrada por inexistencia de delito (y reabierta días después de la asunción de Milei), es el blanco simbólico de un poder que necesita eliminar lo que aún interpela su legitimidad.
Sin embargo, el disciplinamiento no logra callar a la principal referenta popular ni apagar el malestar social. La última semana mostró una marcada suba en la conflictividad social: la Marcha Federal de Antorchas defendió la universidad pública en todo el país; las y los jubilados se manifestaron como cada miércoles; un frente sindical con multiplicidad de sectores marchó contra Sturzenegger y sus planes de desregulación; y el personal médico del Hospital Garrahan paró por mejores condiciones laborales. Las calles empiezan a mostrar una fuerza social con voluntad de enfrentamiento.
Mientras la crisis avanza y el hambre se profundiza, el gobierno responde con montajes mediáticos, judiciales y represivos. Pero cuando el resultado mata relato, el relato ya no alcanza para sostener el poder.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
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