La organización Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni una Menos realizaron un relevamiento en el que demuestra que el 25% de los inquilinos del país tuvo que mudarse por no poder pagar el alquiler.
La encuesta tuvo el objetivo de medir el impacto del decreto 70/2023 que, entre otras desregulaciones, eliminó la Ley de Alquileres y puso a los inquilinos a merced de los propietarios e inmobiliarias. Entre otros resultados, revelaron que las personas que alquilan una vivienda destinan casi el 45% de sus ingresos para pagar el alquiler y la expensas, sin contar impuestos y servicios. Además, 1 de cada 4 personas tuvo que dejar la vivienda por no poder seguir afrontando ese costo.
“La desregulación le entregó al mercado inmobiliario la posibilidad de elegir las condiciones”, explicó Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, en diálogo con Radio Gráfica.
En esa línea, señaló que, en la gran parte de contratos de locación en Argentina, “el mercado inmobiliario ha decidido que los contratos duren dos años o menos.se realizan por dos años o menos”. Y agregó: “Esto quiere decir que no hay ningún tipo de negociación”.
En promedio, siete de cada diez inquilinos que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos mensuales o cada tres o cuatro meses. Sin la Ley de Alquileres, la actualización anual ya casi no se presenta como una posibilidad. El 94,3% de las y los inquilinos tiene actualizaciones en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses.
Además, el 91% de las personas encuestadas afirmó tener que relegar otros gastos para poder pagar el alquiler. Entre ellas, el 45% redujo gastos en alimentos y en el 48% de los casos, en salud.
Por eso, Muñoz opinó que “cuando el Estado se retira en realidad lo que está haciendo es entregándole al poder económico, al que tiene más poder, la posibilidad de ocupar el rol del Estado y de decidir entonces las condiciones en las que se alquile la vivienda”.
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