“Hoy estamos en condiciones de decir que Argentina empezó a andar el camino para tener internet de quinta generación”, celebró este martes el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Claudio Ambrossini desde el Centro Cultural Kirchner.
“Mayor conectividad representa mayor federalismo para la Argentina, octavo en territorio a nivel global. Esto permite que un chico en Barrio Norte, en la Puna o Ushuaia estén vinculados con el mundo y con mayor velocidad a la hora de competir en la construcción de desarrollo y tecnología”, señaló a su turno Sergio Massa.
Las tres operadoras de telefonía móvil en el país – Claro, Telecom y Telefónica – compraron 250 de los 300 MHz ofrecidos de frecuencia. De esta manera, el Estado nacional recibirá u$s875 millones en los próximos 21 días.
Según el ministro de Economía, la inversión que deberán hacer las empresas supera los 1000 millones de dólares. El pliego prevé además un régimen especial de importaciones para que dichas firmas puedan ingresar los insumos necesarios, que en su mayoría deben ser importados.
El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dialogó con Radio Gráfica sobre la nueva tecnología y sostuvo: “La primera etapa era la licitación de las frecuencias. Ahora empieza la segunda etapa, que es empezar el despliegue, es decir, que las empresas hagan las inversiones para el 5G. Esta primera etapa llevó casi dos años, porque primero tuvimos que resolver por dónde se transmitía, luego limpiar esas frecuencias, luego hacer el reglamento. Y fijamos una política pública; fijamos la política de neutralidad de la red. Esto es, no intervenimos en qué tecnología usa cada empresa, sino que cada una usa la tecnología que quiere”.
“Ayer el Estado recaudó casi 900 millones de dólares por la utilización del espectro, y estableció que deberá haber una prestación básica universal. Estas son las condiciones políticas que hemos fijado. Así que cumplimos con nuestro objetivo”, celebró el funcionario al tiempo que recordó que “en el primer acta del directorio, que es de febrero del 2020, dijimos que la comunicación era un derecho humano básico, que la conectividad era indispensable para la construcción de ciudadanía. Cada acción que fuimos haciendo fue en el mismo sentido, y yo creo que culmina nuestra tarea con 1.300 barrios que se están conectando con fibra óptica, 1.300 barrios populares, con más de 1.000 radios que hemos normalizado, con 20 nuevos canales de televisión, de la televisión digital abierta, TICTOL, el Wi-Fi Sense y el 5G”.
Respecto del decreto 690 que impulsó el gobierno durante la pandemia para garantizar el acceso a la conectividad, y que la Justicia frenó, López aclaró: “Es una batalla que se sigue dando. Lo único que hizo la Justicia fue suspender la aplicación a través de una medida cautelar como hicieron con la Ley de Medios, pero todavía no se avanzó sobre la cuestión de fondo”, expresó.
Cabe señalar que las tres empresas hoy adjudicatarias del espectro para el 5G, fueron las que judicializaron el decreto, ya que rechazan la calificación de “servicio público” de internet. “Nosotros lo que le hemos respondido es que esa calificación no la íbamos a sacar, pero que podíamos discutir en qué consistía el servicio público y en todo caso concentrarnos exclusivamente en la prestación básica universal. Porque el sentido que tenía esto era que el que menos tiene no se quede afuera de un servicio que es esencial”, señaló el vicepresidente del Enacom.
Por otra parte, el objetivo era regular los precios del servicio en un mercado fuertemente concentrado: “Por eso nosotros le hemos dado a centenares de pymes y cooperativas subsidios para cablear con fibra óptica las villas, porque si no nadie lo hacía. Y ahora son empresas pymes o cooperativas que pueden competir por afuera de la villa en las ciudades porque tienen alguna espalda. Nosotros hemos intervenido en innumerable cantidad de acciones. El tema es que nos supera. Eso tiene que ser una decisión política de alto nivel”.
Y concluyó: “Si todo el arco político no se pone de acuerdo en una regulación democrática, el resultado que siempre tenemos es que las corporaciones buscan un ataque a través del Poder Judicial que frena las acciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo”.
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