Infobae accedió a un informe del AFIP en el cual, según el portal, hay 250 mil personas que cobran Potenciar Trabajo que compran dólares o declaran bienes personales. A partir de esa información, el fiscal Guillermo Marijuan pidió “la suspensión de todos los planes sociales otorgados de manera irregular”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, finalizó con las auditorías sobre el Potenciar Trabajo que había impulsado hace poco más de un mes su antecesor, Juan Zabaleta, en un acuerdo con universidades nacionales. En su lugar, la funcionaria dispondrá un sistema de validación de identidad digital.
Radio Gráfica dialogó con el militante Fernando Gómez, quien explicó: “Estas actualizaciones de datos, que implica que el que no lo hace se queda sin plan, son para demostrarle al FMI que se está cumpliendo con la focalización de las transferencias sociales para achicar el gasto. Hay que mostrar disciplina fiscal y quienes pagan las consecuencias son los pobres, viene en el etiquetado frontal de las recetas del FMI”.
“Hay un primer prejuicio que habita en los funcionarios que fueron llamados a representar al campo popular que es que las organizaciones sociales que nuclean a los más humildes de nuestra patria son una banda de facinerosos que están montados sobre las necesidades populares para vivir de eso, ese prejuicio obviamente lo atemperan, pero está ahí”, señaló.
Y continuó: “Primero registraron a los trabajadores de la economía popular, después hubo un reempadronamiento, después dijeron ‘vamos a poner más requisitos al empadronamiento pero ahora poniendo el número de registro y foto’, después hubo otro reempadronamiento, luego llegaron las auditorias con las universidades para ver por qué la gente que recibe un plan no quiere trabajar. Ahí habita el segundo gran prejuicio que lo tiene a flor de piel la oposición, pero también inunda las filas propias”.
“Hacen una auditoría con jóvenes universitarios mal pagos que llegan a auditar a desocupados de 50 años con largas trayectorias de haber trabajado en negro con el lomo curtido, sobre las aptitudes para la empleabilidad. En esta dinámica que busca ‘despertarle la pasión por trabajar al pobre, porque el pobre no la tiene’, andan transcurriendo las auditorías. Y como las organizaciones sociales colaboraron, sacaron las auditorías y ahora están pidiendo datos biométricos a los pobres, para –emulando a Lombroso–, hacer otro reempadronamiento”, criticó el referente.
Por otra parte, remarcó que “los que compraron dólares no superan los 20 mil. Puede pasar que un Potenciar Trabajo en Jujuy haya comprado dólares para girarle a familiares en Bolivia. Yo creo que habría que analizar un poquito si eso es o no condenable. El resto de la gente son tenedores de vehículos y ahí está la trampa. A una compañera le llegó la carta de AFIP porque tiene un Renault 18 modelo 97 que transfirió este año. Ese es el verdugueo con el que los humildes pagan las consecuencias de ir a sacar $27 mil por mes para que después venga Marijuan a investigarlos”.
Y recordó: “El 5 de diciembre, va a haber un millón 300 mil compatriotas que van a ir con una tarjeta de débito al cajero y les va a aparecer $27 mil y con eso va a tener que tratar de sobrevivir”.
Mañana a las 15 hs el Bloque Social por el Trabajo estará en Plaza de Mayo con un partido trascendente donde jugará Argentina contra el FMI bajo la consigna de que el partido contra el ajuste lo ganamos en la calle.
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