Tras la represión y detención de mujeres mapuche que llevó adelante el Ministerio de Seguridad Nacional a través del “Comando Unificado” en Villa Mascardi, se profundizó el debate en torno al rol del Estado en los conflictos territoriales con los pueblos originarios. Mientras avanza la extranjerización de tierras, particularmente en el sur argentino, el poder judicial y los medios hegemónicos apuntan contra las comunidades indígenas.
Radio Gráfica dialogó con Rodrigo Ávila Huidobro, coordinador del programa Identidad y Territorio de la Secretaria de Extensión (UNDAV), quien sostuvo que “los pueblos mapuches en definitiva, están garantizando la soberanía en el territorio nacional”.
“El campo nacional con el tema indígena ha sido históricamente ambivalente y no lo ha podido incorporar con firmeza dentro de la agenda del movimiento nacional y popular. A algunos compañeros les da desconfianza la persistencia de los pueblos indígenas en el reclamo de reconocimiento como pueblos nación, y en ese sentido Bolivia es el ejemplo de cómo resolverlo con la reforma constitucional y la incorporación de la plurinacionalidad. Pero en Argentina no ha estado esa discusión en el centro de la escena”, explicó, al tiempo que remarcó que “los reclamos territoriales vienen de larga data, de momentos pre republicanos, ya con la corona española ha habido muchos procesos de comunidades peleando por sus territorios comunitarios”.
“El campo nacional con el tema indígena ha sido históricamente ambivalente y no lo ha podido incorporar con firmeza dentro de la agenda del movimiento nacional y popular”
“Hay 1803 comunidades reconocidas por el Estado en la actualidad y la mayor se encuentra en el norte: en Salta hay 513 comunidades reconocidas, con 40 identidades, son pueblos nación cuya pre existencia está declarada”, señaló el académico. Sin embargo, aunque la constitución reconoce el territorio, “la justicia es rápida al momento de defender la propiedad privada y cuando hay que salvaguardar la propiedad indígena mira para otro lado y demora. Se habla mucho del lawfare pero no tanto del lawfare contra los humildes, contra los pueblos indígenas que defienden sus territorios y son sistemáticamente procesados”.
“Hay 8 millones de hectáreas relevadas, lo que no significa que estén salvaguardadas. El cumplimiento de la ley posibilitaría el ordenamiento territorial con la entrega de títulos de propiedad”, indicó, al ser consultado por la normativa existente.
Por otro lado, habló de la desconfianza que hay en ciertos sectores respecto del rechazo de algunos pueblos indígenas a reconocer la legitimidad del Estado argentino: “El movimiento indígena es plural en cuanto a sus identidades”, ya que “hay 1800 comunidades con diferentes lineamientos políticos y con contradicciones y divisiones como en todos lados. Pero hoy en día es minoritaria la postura de no reconocimiento del Estado Nacional”.
Y agregó: “Después, lo que sucede es que se sospecha de las vinculaciones entre mapuches chilenos y argentinos, cosa que no pasa cuando un político argentino va a España a un congreso. Los pueblos indígenas además son preexistentes, las fronteras vinieron después. Y hay encuentros y asambleas entre los pueblos que no debería ser un motivo de desconfianza o impugnación”.
El especialista, además propuso reflexionar acerca del tipo de “Estado Nacional que estamos construyendo en el siglo XXI: ¿A quiénes integra? ¿Están incluidos los pueblos indígenas? Porque hoy pareciera que un catarí tiene más derecho a tener miles de hectárea en la Patagonia que el pueblo mapuche”.
Y concluyó: “Yo creo que los pueblos mapuches en definitiva, están garantizando la soberanía en el territorio nacional. La mayoría de las comunidades indígenas están en zonas rurales, según el censo 2010, con lo cual, lo que hacen esas poblaciones es garantizar la ocupación efectiva del territorio en zonas estratégicas. Y acá hay un modelo de ordenamiento territorial que no es solo de Argentina, se ve la misma tendencia en América Latina, hay un proceso de expulsión de las poblaciones hacia las periferias de las ciudades, que terminan en los peores barrios, sufriendo rupturas de lazos comunitarios, se agudizan los consumos problemáticos, y todo lo que tiene que ver con el proceso de aculturación y pérdida de identidad. Entonces, hay que articular el debate con los pueblos indígenas para ver qué modelo de país estamos construyendo”.
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