El documento del 17 de octubre: “Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social”

La Justicia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra Soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones.

Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, utilizando el endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la opinión pública y el Partido Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario político a aquellos referentes que el pueblo considera que mejor interpretan sus anhelos.

La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus expresiones no tiene destino, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino de la unidad nacional.

En ese sentido nos planteamos como objetivos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo siguiente:

• Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, articulando con las organizaciones libres del pueblo las políticas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de precios de los productos de la canasta básica.

• Un aspecto central para combatir la inflación que deteriora el poder adquisitivo de toda la población argentina es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios de los insumos difundidos. El Estado debe fijar valores de referencia a partir de los cuales se ordenen los integrantes de cada cadena de valor, perfeccionando un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio, incorporando a los trabajadores y trabajadoras en dicho ámbito.

• Establecer como prioridad las políticas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en sus diferentes formas organizativas fortaleciendo primordialmente el mercado interno, promoviendo la sustitución de importaciones y ordenando el destino nacional de la demanda dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal.

• Rediseñar el sistema financiero en función de ese objetivo derogando la actual Ley de Entidades Financieras, fortaleciendo la Banca Pública Estatal y desmontando los mecanismos de especulación para cortar definitivamente la fuga de capitales, verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales que es urgente resolver. Convertir al sistema financiero en servicio público orientado a potenciar el desarrollo productivo, científico y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo. Articular un sistema efectivo de control popular sobre el Banco Central de la República Argentina para garantizar que cumpla su rol en defensa del Proyecto Nacional, promoviendo un plan federal de inversiones apalancado sobre los fondos inmovilizados y profundizando la necesaria educación para lograr la inclusión financiera de todos los argentinos y argentinas.

• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, adecuando el sistema a la capacidad de los contribuyen-tes, eliminando los que corresponden a ingresos alimentarios y dejando de naturalizar el impuesto al trabajo. En lo inmediato, ajustar los controles del Estado a través de los organismos pertinentes, para terminar con la brutal evasión y elusión de impuestos por parte de los grandes grupos empresariales.

• Establecer un estricto control estatal del Comercio Exterior. Plena recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena.

• En lo que respecta a la urgente necesidad de fortalecer y revalorizar el sistema democrático en nuestro país se hace necesario garantizar el derecho a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal sentido se debe implementar de manera efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial y una nueva Corte Suprema de Justicia en camino hacia una Nueva Constitución Nacional.

El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo.

Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y políticas, los pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperativismo y todos los sectores que están identificados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en comunidad, representativos de la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, reemprendamos el camino para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a nuestra Independencia Real, sin la que no hay Nación, Democracia, ni Justicia Social.