Natalia Quinto, militante de La Boca Resiste y Propone, dialogó con Radio Gráfica sobre los nuevos desalojos que se vienen esta semana en el barrio de La Boca: “Hoy los censan y después los desalojan”, dijo.
“Mañana están previstos dos desalojos: uno que cursa en la justicia civil de la calle Lamadrid al 100 (8 familias) y el otro en Olavarría 1107 (3 familias), que es una situación particular. Es un desalojo penal, algo atípico en nuestro barrio porque por lo general ese tipo de desalojos se hacen bajo la caratula de usurpación, es decir alguien que entró violentando el inmueble, que no es lo que pasó. Ahí hay familias que viven allí hace más de 15 años de manera ininterrumpida”, explicó la militante.
Y agregó: “El nuevo comprador adquiere la casa con un título de compra que aclaraba que la vivienda estaba ocupada con inquilinos. Todos sabemos que cuando una persona compra un inmueble ocupado, lo compra muy por debajo del valor del mercado, justamente porque va a tener costos posteriores para la desocupación, ya sea haciendo una oferta a los habitantes históricos o llevando adelante un juicio civil”.
Sin embargo, el nuevo propietario pocos meses de haber comprado el inmueble “se presentó e hizo una denuncia penal como si estas personas hubieran ingresado por la fuerza en el momento que el compró la casa”, relató Quinto.
Desde La Boca Resiste y Propone, y “a partir del amparo por el incumpliendo de la ley 2240, pedimos la creación de un protocolo de actuación para acompañar a las familias y garantizar sus derechos”, sostuvo la referente, al tiempo que recordó que “la ley 2240 es la de emergencia ambiental y urbanística en cuanto a lo que hace a vivienda, equipamiento y servicios, espacios públicos y actividades productivas. Dice que el gobierno de la ciudad, su unidad ejecutora, tiene 180 días para realizar un programa integral para ir revirtiendo paulatinamente esta emergencia”.
“Pedimos la creación de un protocolo de actuación para acompañar a las familias y garantizar sus derechos”
Y continuó: “Debe crear programas habitacionales, salitas, escuelas, acceso a derechos que se contemplan como equipamiento, desarrollar programas que impulsen actividades productivas, y reforzar la cantidad y calidad de metros cuadrados de espacio verde al que acceden los vecinos. Una vez ejecutado ese plan a mediano y largo plazo, se supone que se puede revertir la emergencia en la que estamos los vecinos”.
Quinto además explicó que este jueves, será “el primer día en que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, deberá garantizar el cumplimiento de protocolos, según la designación realizada desde la Procuración de la Ciudad para esa tarea. Mañana vamos a ver cómo funciona por primera vez esto”.
Por último, se refirió a la actual crisis habitacional que incluso obstaculiza el acceso a alquileres en la ciudad y a nivel nacional: “Está en plena discusión el cumplimiento de la ley de alquileres, su existencia y su modificación. Por eso creemos que tanto el juzgado como la fiscalía, no sólo debería haber atendido la prueba de que el nuevo propietario es un especulador que quiere saltarse un paso de la ley, sino que debería garantizar de alguna manera que las familias tuvieran un plazo prudente para hacer una búsqueda de una nueva vivienda”.
- Entrevista realizada en Punto de Partida por Lucas Molinari
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