Radio Gráfica dialogó con Pablo Llonto, abogado especializado en derechos humanos, representante de 360 sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, al cumplirse otro año de un golpe de 1976. “El gran problema de los juicios de lesa humanidad es que van muy lento”, lamentó, al tiempo que sostuvo que “la justicia nació lenta, vive lenta y espero que no muera lenta, pero el panorama es ese”.
“Si hay causas en las que se triplica el aspecto dañino de la lentitud, es en las de lesa humanidad, porque impactan sobre dos factores: Los imputados por su edad mueren en el transcurso de la investigación o del cumplimiento de la condena. En centenares de casos queda la sensación amarga de que para qué hicimos esto si el desgaste de 4 décadas de investigación queda en la nada porque en el inicio del juicio oral ya hay uno o dos que se murieron”, continuó el letrado que a su vez remarcó “el impacto sobre la víctima y sus familiares, que también por su edad mueren sin saber el resultado final de una sentencia que aporta un poco de claridad a cada hecho”.
“Queda la sensación amarga de que para qué hicimos esto si el desgaste de 4 décadas de investigación queda en la nada porque en el inicio del juicio ya hay uno o dos que se murieron”
Complicidad y responsabilidad empresarial
La dictadura fue un proceso fundacional de un modelo de país impulsado por grupos económicos concentrados. Ese modelo en muchos sentidos prevaleció y cada 24 de marzo invita a reflexionar sobre el rol que aún cumplen dichos sectores en plena democracia.
Consultado por el papel que jugaron las grandes corporaciones, Llonto remarcó: La responsabilidad empresarial no sólo tiene que ver con los delitos de lesa humanidad sino con el plan económico siniestro de Martínez de Hoz y esos liberales que se están jactando de que con el liberalismo económico hacen lo que quieren, ponen los precios que quieren y hacen con sus empleados y obreros lo que se les da la gana. Los responsables de esto, de los grandes dueños de empresas de multinacionales de esa época ya murieron, entonces la búsqueda se hace a nivel gerencial, porque fueron como la mano de obra ejecutora del plan que se diseñaba en el directorio”.
“La responsabilidad empresarial no sólo tiene que ver con los delitos de lesa humanidad sino con el plan económico siniestro de Martínez de Hoz”
Y remarcó: “En el caso Molinos Ríos de La Plata, se investiga a los civiles empresarios y gerentes en la elaboración de un listado que luego permitió a los grupos de tareas secuestrar a los compañeros. Esperamos que este año el juez disponga el llamado a indagatoria de los 3 que siguen vivos”. Por otro lado, para el 1 de abril “está llamado a indagatoria a uno de los gerentes de Mercedes Benz, (Juan Ronaldo) Tasselkraut, porque en el Juicio a las Juntas, un obrero de mercedes Benz que aún vive, denunció el accionar de esa empresa y de este gerente. 37 años después la justicia finalmente lo llama a indagatoria, que es sólo el inicio. Probablemente en 3 años podría empezar el juicio y hay que prender velas para que siga vivo y pueda ser condenado.
Y continuó con el listado de empresarios hasta ahora impunes: “Lo mismo pasó con Blaquier (dueño de Ledesma), porque la Corte tuvo cajoneado el recurso casi 5 años y cuando iba a empezar el juicio, tras un examen médico se dijo que no estaba en condiciones porque si bien no murió, perdió la capacidad cognitiva”.
Derechos a la resistencia a la dictadura
El abogado también se refirió al juicio de la Contraofensiva Montonera: “Tuvo como característica central el juzgamiento a todo el personal de inteligencia del Batallón 601 del Ejército como responsable de los crímenes cometidos contra alrededor de un centenar de militantes montoneros que formaron parte de la contraofensiva, que fue una acción política, gremial y de carácter armado y de resistencia contra la dictadura que terminó con el asesinato y desaparición de una gran cantidad de compañeros y compañeras. El tribunal condenó a 6 de 16 responsables”.
El derecho a la resistencia fue unos de los fundamentos utilizado por los abogados de las víctimas, “sobre todo para la explicación política, porque por suerte en Argentina y en la mayoría de los países del mundo, no se ingresa en lo que pretenden los represores de la justificación de lo que hicieron. El argumento es que si estabas en un grupo guerrillero tenían derechos a secuestrarlo, torturarlo y matarlo. Nosotros en el alegato decíamos que primero hay derecho a la resistencia frente a una dictadura y segundo, aun cuando un militante hubiese optado por la resistencia armada, eso no autoriza al estado o cualquier otra fuerza a cometer crímenes aberrantes que lesionan los derechos humanos”, concluyó Llonto.
- Entrevista realizada en Punto de Partida por Lucas Molinari
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