Por Lucas Molinari
“Nosotros podemos estar todos unidos. Ahora, si el pueblo argentino no puede volver a consumir carne, si llegar a fin de mes cuesta cada vez más, vamos a perder, indefectiblemente. Porque la gente votó para otra cosa. Y hay un sector que puede votar defensivamente para que no vuelva el neoliberalismo, pero hay otro sector que no vota de esa manera”, comentó el dirigente de ATE Ensenada y trabajador de Astillero Río Santiago, Denis Vilardo, en diálogo con Gráfica.
“La guerra contra la inflación” anunciada por el primer mandatario esta semana tuvo su primer paso en la madrugada de ayer sábado. Se creó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, un fideicomiso que se financiará con el aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja del 31 al 33 por ciento. Desde el lunes habrá otras medidas que no parecen distintas a las aplicadas hasta ahora.
“La inflación general acumulada hasta febrero está en un 8%, pero en alimentos es mucho más, va a ser alrededor del 18 o 20% y el nivel general de precios va a ser del 14 o 15% en el trimestre”, explica el economista Horacio Rovelli, que relaciona esta suba permanente de precios con el Acuerdo: “Porque el objetivo del gobierno y del FMI es dolarizar todo lo que se pueda. Esto es: aumentar las exportaciones a como dé lugar, sin ningún tipo de razonamiento. Aumentar los saldos exportables. Primero exportar y después vender al mercado interno. Y solamente se vende al mercado interno, sí o sí, al mismo precio que al mercado internacional”.
A la vez, la concentración económica revela quiénes motorizan esta “guerra económica” contra el pueblo: Nueve empresas exportaron en el año 2021 el 80% de los granos y dieciséis frigoríficos el 66% de la carne. La responsabilidad recae toda sobre el gobierno nacional, cuya crisis interna se profundiza al ritmo del crecimiento del descontento y la conflictividad social.
El jueves por la noche se terminó de aprobar el Entendimiento con el FMI, con 56 votos positivos, 13 en contra y 3 abstenciones. Los senadores que rechazaron el proyecto de ley publicaron un documento que en su conclusión plantea: ”Entendemos que los números tienen que “cerrar con la gente adentro” y, lamentablemente con este pacto, millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos. Entendemos que es importante que los argentinos y las argentinas dejemos de tropezar con la misma piedra una vez más, y eso sólo es posible si transformamos la discusión “económico-técnica”, en una discusión política de fondo sobre la distribución de las cargas y las responsabilidades del ajuste que implica afrontar el pago al FMI”.
A la vez, estos senadores, vinculados a CFK, critican los argumentos utilizados para justificar el Acuerdo: “Un falso y repetido “posibilismo” que acuna la disyuntiva del “es esto o el caos” o “es esto o el abismo” y afirman: “Esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter de aceptarse, se transformaría en la derrota no solo del pueblo que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de LA POLÍTICA, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar”.
A este escrito se le suma otro del senador Oscar Parrilli, de 68 páginas, en el cual el punto 15 se refiere a la “Reestructuración o refinanciación” de la deuda con el organismo internacional. Allí denuncia: “El nuevo Director del FMI para el hemisferio occidental que asumió hace poco sus funciones, el brasileño Illan Goldfajn, está convencido que este acuerdo es un puente para que el nuevo gobierno que asuma después del año 2023, tenga la capacidad de hacer las reformas para poner las cuentas en orden y crecer. También, por otro lado, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha dicho que no se pidieron más reformas porque el “ala radicalizada del Frente de Todos no la aceptaría”. Es decir, no hay aquí un NUEVO FMI comprensible y que nos quiere ayudar, sino el mismo de siempre y que solo intenta ganar tiempo, y que a partir del 2023 con un gobierno de signo político diferente, llevar adelante sus verdaderas exigencias que no son otras que las que han hecho en todos los países y en todos los acuerdos anteriores en la Argentina”.
Luego, el último punto es el 21, titulado: “Sincericidio”, Oscar Parrilli se refiere al “punto 33” del Entendimiento “en donde existe un sinceramiento sobre la dependencia que tendremos ante el FMI, afirmando que este memorando tiene establecido las políticas a seguir, pero ante cualquier inconveniente consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas y otras medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas”.
Vale remarcar estos escritos para no concentrar el análisis en las chicanas de palacio que van y vienen por redes sociales. Hay una enorme preocupación de la militancia del Movimiento Nacional por el futuro cercano.
El contexto es de desorientación y crítica desatada que causó risas burlonas de opositores en la Cámara Alta cuando el titular del bloque oficialista José Mayans, expresó este jueves: “Nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores y hasta ahora no lo logramos”.
También de derrape propio de una “crisis de representación” que se profundiza, ante decisiones como las del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta que comunicó esta semana en su cuenta de twitter: “Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta” (frase que denota una concepción caritativa, a contramano de la doctrina peronista).
Lo cierto es que Alberto Fernández, en un contexto de suba de precios internacionales y de guerra económica de las corporaciones contra el pueblo argentino, vuelve a llamar al diálogo.
Desde la “Mesa de Enlace” buscan construir un conflicto que ya no tiene condiciones de generar consenso social como en 2008, pero sí tienen capacidad de daño.
En diálogo con Gráfica, la ex-ministra de Economía Felisa Miceli, que actualmente asesora a CFK, propuso tres medidas para bajar la inflación, que pueden llevarse adelante con las herramientas que ya tiene el Estado: 1) “Sentarse sobre los dólares que entran al Banco Central” que actualmente se los “llevan las grandes corporaciones que dicen que tienen deudas en el exterior“, 2) Utilizar YPF Agro para “un acuerdo de precios y negociación con el sector privado para que los alimentos básicos estén a precios accesibles” 3) Terminar con el Festival de las Leliqs y destinar todo ese crédito para la producción y el consumo.
En la misma entrevista Felisa confirmó que presentó al Ejecutivo en diciembre pasado un proyecto de ley al Ejecutivo para cobrar un impuesto del 20% al dinero no declarado en el exterior a través de la AFIP, como contamos en una edición anterior. Sin embargo: “por ahora se decidió no presentarlo” como “una cantidad muy grande de proyectos que hemos presentando en estos dos años“.
Se vienen meses de mucho debate, vertiginosos en lo económico, social y político. La ruptura del Frente de Todos que fue buscada por el “círculo rojo” desde 2019, parece inevitable si la inflación sigue desatada. El kirchnerismo busca diferenciarse, aunque difícilmente quede indemne ante el fracaso de la coalición gobernante.
Mientras tanto, la mayoría de la dirigencia sindical y social, por ahora se maneja con cautela y respalda al oficialismo, sin esconder las críticas, porque reconoce que el fin de esta gestión significa el retorno del revanchismo oligárquico.
El diputado y dirigente de la CTA de los trabajadores Pablo Carro, presentó esta semana un proyecto de ley de “Aporte Solidario y Temporario para Mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI“, que “apunta a las grandes fortunas, a aquellos que tengan más de 320 millones de pesos de patrimonio“, aunque reconoció en diálogo con Gráfica que “es poco probable pueda avanzar en el Congreso pero ese debate público lo tenemos que instalar nosotros”.
Finalmente, si hablamos de rupturas en nuestra historia es imprescindible destacar que fueron las insurrecciones las que marcaron los puntos de inflexión, a la vez que grandes liderazgos nos encaminaron como pueblo a quebrar los nudos de la dependencia.
Arriesgando una breve línea de tiempo: La Reconquista de Buenos Aires forjó el escenario para la Revolución de Mayo, el 17 de octubre fue el big bang que inauguró la Revolución Justicialista, las revueltas de fines de los ´60 permitieron el retorno de Perón y el 2001 pateó el tablero para que Kirchner llegue a “proponer un sueño“. Por eso la consigna “solo el Pueblo salvará al Pueblo” no caduca, aunque muchos profesionales de la política busquen desconocerla.
“EL ESTADO TIENE QUE RECUPERAR CAPACIDADES”
Esta semana se botó la segunda Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada (LICA), llamada “Ciudad de Berisso” en Astillero Río Santiago.
“Que venga el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Defensa Jorge Taiana que nos dicen que están de acuerdo con la reactivación del astillero y que el camino es fortalecer la industria nacional, siempre para el trabajador es tranquilizador. Nosotros hace 30 años que venimos sobreviviendo”, contó Denis Vilardo, calderero naval y dirigente de ATE Ensenada, a Radio Gráfica.
En una larga entrevista, Vilardo explicó las posibilidades de desarrollar la industria naval argentina y describió el coloniaje ejercido por las corporaciones extranjeras: “Un país que exporta millones de toneladas de granos no puede no tener su propia flota de granel” planteó y agregó: “Hoy la gran preocupación es cómo agregarle valor a nuestras exportaciones y eso se puede hacer sin perder dólares, es más, se podría ganar por el flete que podría facturar el país y se podría financiar desgravando retenciones. Se van entre 7 mil y 10 mil millones de dólares por año en flete. En la prepandemia era de más de la mitad del déficit comercial de la Argentina”.
Luego respondió a la justificación del gobierno nacional del aceleramiento de la inflación local por el contexto mundial: “Es inadmisible que lo que es una fortaleza del país se transforme en una debilidad porque los recursos los maneja un grupo que pretende tener súper ganancias y solo exportar sacándonos la comida y el trabajo”, subrayó y continuó: “No puede ser un problema para nosotros que somos productores de alimentos, a no ser que se asuma que esos recursos no son del país, sino de los exportadores que remarcan los precios acá. Pasa lo mismo con los fletes, asumimos que las exportaciones no son del país, sino de los exportadores que no le importa si el buque tiene bandera argentina porque en definitiva no le importa si hay más o menos trabajo, sino los costos. Hay que discutir qué hacemos con los recursos, no puede ser una desventaja tener recursos”.
Por ahora, el Astillero Río Santiago sigue resistiendo, con la preocupación en las presidenciales de 2023, pero a la vez poniendo en agenda las capacidades reales de nuestro pueblo trabajador para fortalecer al Estado.
Finalmente, Vilardo explicó en un ejemplo cómo un grupo económico que se hizo multinacional gracias a las privatizaciones en nuestro país, sigue atentando contra nuestro desarrollo. Se trata de Techint, que cobra el acero más caro que si se importara de China: “No puede suceder que un grupo de vivos se apropie de los recursos de todos. Si el mineral de hierro es de los argentinos, al menos una parte se tiene que industrializar acá, el Estado tiene que recuperar capacidades, debería manejar el acero naval para que los astilleros públicos y privados lo puedan ir a comprar, porque son cuestiones estratégicas”.
PRECARIZACIÓN TEMPRANA
Empresas como Infobae y Pampa Energía, se verán beneficiadas por el trabajo gratuito de estudiantes de quinto año de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el ministerio de Educación que dirige Soledad Acuña proponen que 29.400 estudiantes de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada desarrollen “prácticas educativas” en empresas y ONG´s. “Tendrán una duración de 120 horas cátedra, que se distribuirán a lo largo del año. Les permitirán a los estudiantes desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con autonomía, y estimular su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”, fundamentaron desde el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta.
Consultado por este nuevo programa, el docente Néstor Rebecchi planteó: “No está mal articular con el mundo del trabajo, el tema es ¿Cómo se hace esa articulación? Alguna vez me tocó participar en un equipo de investigación de la Universidad de Hurlingham acerca de las prácticas profesionalizantes. Y cuando vos veías qué era lo que demandaban las empresas de los estudiantes era que cumplan los horarios, que se porten bien y no generen conflicto con los compañeros… Es decir, el empleado del mes. No había un acto pedagógico sino de disciplinamiento”.
Finalmente para Rebecchi “falta una propuesta fuerte del Campo Popular, nos falta decir: Esta es la escuela que queremos, estas son las transformaciones que necesitamos para que los pibes no se vayan de la escuela”.
INFORME PARITARIAS
METALÚRGICOS: La UOM y las seis cámaras del rubro acordaron un aumento del 45% en tres tramos con revisión en base a la evolución de la inflación en el mes de noviembre. El incremento para 215 mil trabajadores metalúrgicos se aplicará en tres cuotas: un 18% desde el mes de abril, un 15% a partir de julio y se completará en octubre con un 12%. El acuerdo que rige desde abril y se extiende hasta el 31 de marzo de 2023 establece una revisión del aumento convenido en noviembre próximo, cuando volverán a reunirse las partes para evaluar un posible actualización de la suba en base a la inflación. A partir del acuerdo alcanzado en la industria metalúrgica el salario mínimo garantizado en la actividad alcanzará a $ 77.984 ($ 509,9 por hora) desde abril, en tanto que en julio llegará a $ 87.897 ($ 575,27 por hora) y desde octubre será de $ 95.828 ($626,55 por hora), según explicaron fuentes de la negociación.
FERROVIARIOS: Los sindicatos ferroviarios y las empresas del sector llegaron a un acuerdo por la revisión de su paritaria 2021. La misma se definió en razón del 4%, para todos los conceptos del convenio laboral, y además de un bono por el Día del Ferroviario de $22.650 con lo cual alcanzaron el 52% de mejora. “Si se contemplan las bonificaciones que se fueron logrando durante el transcurso de este tramo paritario el porcentaje que se alcanzó supera el 60%“, declaró Sergio Sassia, titular de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). La revisión pactada comprende un universo de 35.000 trabajadores y trabajadoras, para la negociación, según resaltó Sassia, en la mesa paritaria “la tónica es sostener el poder adquisitivo de los salarios”.
LADRILLEROS: El sindicato acordó un 45% en dos tramos y cláusula de revisión en septiembre. Se hará efectiva con un 25% en marzo y 20% en julio. En noviembre de 2021 del año pasado, la UOLRA había acordaron una revisión salarial que llevó el acumulado de la paritaria a un 50% anual. En ese momento, se sumó un 10% de incremento al acuerdo inicial del 40%, en un solo tramo, celebrado en marzo de 2021. El impacto del incremento salarial alcanza “a 5000 familias” según informan desde el gremio que conduce Luis Cáceres.
BANCARIA: El sindicato que lidera Sergio Palazzo logró un “adelanto por el mes de marzo, a modo de anticipo del acuerdo salarial del presente año”, mientras que se espera que se retomen las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Quienes cobran hasta $155.433 sumarán $14.500 en el cobro de abril, quienes cobran entre $201335 y $541.602, sumarán 24.559,7 y los sueldos por encima de $241.602, un adicional de $29.471,4.
UTA: La Unión Tranviarios Automotor pactó una suma fija de $26.000, en dos tramos, en carácter de adelanto de la paritaria que sigue en debate. Se van a pagar el 30 de marzo y el 12 de abril. Un acuerdo que sólo beneficia a los choferes de Capital y el área metropolitana. Se espera en los próximos días que se cierre el acuerdo para el año que depende de los subsidios que garantiza el Estado.
SALARIO MÍNIMO: De los actuales $33.000, esta semana se anunció que el habrá un aumento en el año del 45%, que se hará efectivo de la siguiente manera: 18% abril, 10% junio, 10% agosto y 7% diciembre. Alcanzará los $47.850 a fin de año. Según trascendió, hubo 31 votos a favor entre empresarios y dirigentes gremiales. El rechazo fue de la CTA Autónoma.
YAPA: PERÓN Y EL 5 G
El 18 de marzo de 1948, Juan Domingo Perón firmaba los convenios que incorporan a los teléfonos al patrimonio del Estado, a través de la EMTA (Empresa Mixta Telefónica Argentina), que un año más tarde sería reemplazada por Teléfonos del Estado. Una decisión de recuperación de soberanía tomada luego de que el gobierno justicialista comprobara que los empresarios no iban a invertir. Se trataba de la Unión Telefónica, máscara del trust inglés ITT (International Telegraph and Telephone). La administración pública, desde entonces, dejaría de limitarse sólo al control de las empresas telefónicas, pasando a intervenir directamente en la provisión y venta de servicios.
74 años después, se espera que este 2022 el Ejecutivo nacional licite las licencias de 5G.
Recomendamos la nota del compañero Alfredo Moreno para entender lo que está en juego. Para invitar a que continúen la lectura del domingo por acá, destacamos este párrafo:
“La decisión política de no intervenir en el juego del mercado dejará a los argentinos nuevamente en manos de “los conocidos de siempre”, entonces el 5G será solamente para los que puedan pagar tamaña inversión. Si el Estado no juega en el mercado es como dejar “al lobo en el gallinero”, nuevamente perderemos integración federal y soberanía para nuestros compatriotas”.
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