Juan Ramos Padilla: “Uno de los poderes del Estado ha sido ocupado por una mafia”

Juan Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad, aseguró en Radio Gráfica que el Poder Judicial realizó un golpe de Estado blando, y acusó al Poder Ejecutivo y parte del Legislativo de no querer darse cuenta que hubo un poder que se puso “por encima del resto”.

El magistrado consideró que, a diferencia de otras épocas, los métodos para socavar el Estado de derecho “se han atenuado”. “Ya no vienen con fusiles, vienen disfrazados con una toga. Pero los objetivos son iguales. Además, son los hijos de los genocidas. El mismo lenguaje, la misma metodología”, aclaró.

“Blaquier en Jujuy está sacando un fallo para que no lo juzguen por los delitos de lesa humanidad que cometió y, al mismo tiempo, Milagro está presa. La corte está jugando a un cipayismo enorme”, agregó.

Consejo de la Magistratura

El presidente Alberto Fernández enviará a extraordinarias un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura. La decisión del Gobierno se produjo luego de que se conociera el fallo de la Corte, que declaró inconstitucional una ley de 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo.

Horacio Rosatti, quien preside la Corte Suprema de Justicia tras votarse a sí mismo, opinó en una entrevista a Clarín que 120 días “es un plazo razonable” para que el Consejo de la Magistratura se adecúe al fallo o que el Congreso dicte una nueva ley. A su vez, declaró que si el Gobierno nacional quiere conversar, él no tiene problema en reunirse y que “lo importante son las instituciones”.

“Dice Rosatti que está dispuesto a conversar como si fuera el primer magistrado, el supremo mayor. Quiere gobernar. Y, cuando los jueces quieren gobernar, se ocupan de resolver los conflictos en forma imparcial. Esto no afecta solamente a la política, afecta al ciudadano común, porque estamos perdiendo lo más importante del Poder Judicial, que es que nos resuelva los conflictos a todos, y ahí es donde se pone en riesgo la paz social”, afirmó.

Y remarcó: “La democracia está golpeada, el estado de derecho está dañado”.

Mesa judicial, la gestapo sindical

La última semana de diciembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontró videos grabados de la reunión que mantuvieron funcionarios del gobierno de María Eugenía Vidal con empresarios de la construcción y que daban cuenta de cómo se operaba para armar causas contra dirigentes sindicales

“Acabamos de ver un video en donde, para atacar los derechos laborales, se armó una mesa en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé por qué apareció justo en este momento está grabación”, declaró Ramos Padilla.

“Cuando se dictó la Ley de Obediencia Debida se hacía responsables a los máximos conductores de la fuerza y se dejaba libre, repudiable por cierto, a los de menor jerarquía. Ahora es al revés, le quieren echar las culpas a los de menor jerarquía para dejar impunes a quienes organizaron todo esto. Estamos llegando a límites insostenibles”, sostuvo.

Además, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad manifestó que sólo es posible llevar adelante una reforma judicial “con el pueblo en la calle”.

“Creo que al gobierno nacional y popular hay que defenderlo hasta el último día de su mandato, y con todo lo que uno tenga. Pero eso no quiere decir que no tengamos que señalar los errores que vemos, porque el propio Alberto dijo ‘si ustedes ven que yo me estoy equivocando, salgan a la calle y haganlo saber’”, opinó.

Y siguió: “El presidente se ha transformado en un espectador que está relatando y comenta estos gravísimos hechos que están pasando en la esencia de la democracia. Hay un gobierno organizado por una Constitución y uno de los poderes del Estado ha sido ocupado por una mafia, y esto no es en beneficio del pueblo. A Alberto hay que defenderlo. Esto no quiere decir que vamos a permitir que el Poder Judicial siga siendo manejado por una mafia, que se preocupa más en defender los puestos de Bruglia y de Bertuzzi que los servicios públicos de internet”.

El magistrado aseveró que “la imparcialidad tiene límites”. “Para empezar, el poder es uno solo y lo detenta el pueblo, que es el soberano, que elige a sus representantes. A veces de forma directa, a veces de forma indirecta. Esos representantes no pueden actuar en contra de los intereses mayoritarios del pueblo de la Nación”.