José Sbattella: “Utilizan la suba de precios como instrumento de desestabilización”

El economista, docente y ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, dialogó con Radio Gráfica. Definió que los grupos económicos concentrados de poder “no están pensando en el uso de la suba de precios para obtener ganancias”, sino que “hay que adicionarle el hecho de ser un instrumento de desestabilización”. “Si la respuesta es política, requiere de la participación popular”, sumó.

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Úrsula Asta: Estamos viviendo un momento muy importante de la política nacional que tiene que ver con la puja que se está dando con relación a los precios. Esto se da en el marco de una situación grave de la Argentina, en la que la inflación le gana a cualquier aumento salarial que hayamos podido conseguir. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está ocurriendo?

José Sbattella: Me parece que esta era un situación inevitable, que había que empezar a plantear con más voluntad el tema de las causas en la discusiones sobre la inflación. La verdad es que en la historia argentina, por más visión economicista que se le quiera plantear al hecho de la suba de precios, ha sido históricamente producto de decisiones políticas de los grupos más concentrados de poder. Es la facultad que tienen del dominio de la fijación de precios para saquear políticamente a los gobiernos con los cuales no están identificados o no tienen intereses en la negociación.

Es decir, no están pensando en el uso de la suba de precios para obtener ganancias, sino que hay que adicionarle, especialmente por la historia de la puja de los sectores populares en Argentina, el hecho de ser un instrumento de desestabilización de las políticas de un gobierno popular. Esto lo hicieron prácticamente en todos los años del peronismo. Por eso hubo que sacar del ‘45 al ‘55 el diario contra la especulación, la cual estaba motivada justamente en la presión y el desabastecimiento que se hacían de los productos por la disputa de poder.

Esas situaciones históricas se volvieron a repetir en la democracia, especialmente el golpe de mercado que voltea a Alfonsín, donde la hiperinflación no fue producto de un hecho aislado macroeconómico mal manejado desde el Estado, sino una decisión política de los grupos económicos que, si uno mira cómo se produce la hiperinflación, dejan de pagar impuestos y los vuelven a pagar cuando negocian con el gobierno siguiente, con el menemismo. Y, además de eso, desabastecían y generaban toda especulación con los precios. Enloquecieron a la población, dieron un golpe de mercado que todavía queda en la memoria popular como un hecho terrible de inestabilidad.

la suba de precios ha sido históricamente producto de decisiones políticas de los grupos más concentrados de poder

En cada momento, como la disputa es política, no solo económica, está al rojo vivo en función de la perspectiva de que un gobierno popular se estabilice y pueda manejar la realidad económica. Ellos utilizan la suba de precios como la están utilizando ahora, para jaquear eso y generar inestabilidad.

Entonces, no es una cuestión solo de macroeconomía, como incluso muchos economistas o los mismo algunos funcionarios ven, que la inflación es producto de decisiones macroeconómicas e incluso pasivamente intentan aggiornarse a eso, a bajar la emisión monetaria y toda esta discusión. La cuestión de base es una decisión política. Van por otro objetivo, que es la desestabilización de un proceso popular y menoscabar las perspectivas electorales, más en un proyecto eleccionario.

UA: Si se comparte este diagnóstico que está haciendo usted, eso requeriría accionar de determinada manera. Me refiero a un control popular, por ejemplo.

JS: El tema es que la caracterización de esa situación como un problema político y no económico, implica que la respuesta tiene que ser política y lo económico tiene que acompañar.

En lo político, luego de la etapa de la pandemia, que fue realmente una limitación muy fuerte para un gobierno, porque el apoyo popular no solamente se expresa en el voto, sino que se manifiesta con la necesidad de mostrar la movilización en la calle, -algo que la derecha hizo sin ningún prejuicio, porque no le importaba tampoco. Es más, incentivaba el contagio en la pandemia- ahora esa situación de aislamiento no está.

Si la respuesta es política, requiere de la participación popular, la convocatoria a esa participación popular y el uso del poder popular, que es el de los sindicatos que están manejando las cadenas de valor.

Esto históricamente es un problema, no solo de la convocatoria oficial, sino también de la dirigencia sindical. Entonces, es un arma muy fuerte que da miedo tenerla porque, aparentemente, no se quiere usar, y alguna dirigencia sindical tampoco estará de acuerdo en eso, porque le quita las buenas relaciones que tienen con las patronales. Pero el esquema está. La Argentina tiene una sindicalización muy grande, incluso es un modelo de sindicalización con fuerza a nivel mundial. Eso es, por un lado, la respuesta política.

Por el otro, está el uso de la legalidad existente, que más allá de la potencia que tenga, porque ninguna de las leyes históricas que defendían la competencia o que atacan la concentración económica, tiene pena de prisión. La prueba histórica es que las multas que se han puesto, en el caso de concentración económica y otras, no se pagan o se juega a la prescripción. Y esto es una situación que viene del Poder Judicial que tenemos. Pero el esquema está, están esas leyes.

no están pensando en el uso de la suba de precios para obtener ganancias, hay que adicionarle el hecho de ser un instrumento de desestabilización

Hay una ley última que yo la empiezo a rescatar, en función de que la visión sobre esa norma jurídica siempre fue muy criticada, que es la Ley Antiterrorista. Esta norma en Argentina tiene una particularidad, que engloba en su aplicación todos los delitos económicos. Lo que no se vio es que resulta que desde que se derogó la Ley de Subversión Económica, que era una Ley que permitía englobar los delitos financieros, y que la derogación de esa Ley la pide el Fondo Monetario Internacional después de la crisis del 2001, abarcaba la posibilidad de sancionar a todo el sistema financiero por la fuga de capitales y los delitos de malversación de fondos.

Entonces, para los delitos económicos, cuando se discute la Ley Antiterrorista en la Argentina, se usa una figura que es novedosa y que fue aprobada por la Auditoría que nosotros teníamos. Es que en todos los delitos del Código Penal argentino que aterroricen o se usen para aterrorizar a la población o impedir que el Estado haga o deje de hacer algo, tiene un agravante que es por “terrorismo”. Si ese “hecho terrorista” se judicializa, se hace la denuncia y se puede aplicar el inmediato congelamiento de fondos de los sectores que producen ese hecho.

Eso abarca todos los delitos. Socialmente, donde se da la discusión en ese momento, se le pone una restricción en la redacción, especialmente para la discusión con las asociaciones de Derechos Humanos y la militancia que estaba preocupada por la aplicación a actos sociales de rebelión o protesta.

Pero lo que está vigente es la posibilidad de que si hay desestabilización económica, como hubo en los golpes de mercado; si hay intención de aterrorizar a la población, incluso usando a los medios de difusión para potenciar esa desestabilización, eso no es un objetivo solo económico de tener más ganancias, sino que es un objetivo de generar desestabilización a la gobernabilidad de esa etapa.

Se está aplicando toda una política para amedrentar a la población y desestabilizar una política de Estado que está queriendo que no suban los precios, con una inflación que es la cuarta más alta en el mundo.

Si la respuesta es política, requiere de la participación popular, la convocatoria a esa participación popular y el uso del poder popular

UA: Es decir que estas empresas están teniendo un accionar “terrorista”, desde esta mirada.

JS: Para mí sí. Y lo buscan específicamente. No es que sea un error macroeconómico, sino que es el mismo objetivo político, generando una situación de manejo de la opinión pública para desestabilizar, no para ganar más. Eso es secundario en la etapa.

UA: Pero, además, ya están ganando más.

JS: Por eso, no es que perdieron. Hay sectores en la pandemia que ganaron más que antes.

UA: Se dio una transferencia de ingresos.

JS: La parte económica de la historia de la inflación es la puja distributiva por el ingreso, pero la parte política es justamente la posibilidad que les da el manejo de la concentración económica para desestabilizar los precios como un instrumento político. Y eso para mí no se está entendiendo, y no se está entendiendo que la respuesta no es solamente la situación macroeconómica, aumentar las exportaciones, dejar de emitir dinero, es decir, toda esa discusión en este momento es secundaria al objetivo político. Es otra la actitud que uno debe tener, incluso desde los partícipes de la alianza política que está en el gobierno. De ahí viene la cuestión.

Entonces, si es terrorismo, pidámosle que se aplique la legislación antiterrorista. En la práctica, cuando salió la Ley, los diarios, me acuerdo, me preguntaron si esto era posible de aplicar a los medios, justamente porque los primeros que “saltaron” fueron los medios.

si hay intención de aterrorizar a la población, incluso usando a los medios de difusión para potenciar esa desestabilización, eso no es un objetivo solo económico

Los medios sacaron en los titulares en el 2014, “Quieren aplicar la Ley Antiterrorista a los medios”. Tuve una gran presión no solo de la oposición, sino interna, diciendo “qué barbaridad”. Hubo diputados compañeros que dijeron que era una locura. Lo que pasa es que lo que estaba atrás de la interpretación legal es la discusión sobre qué es el terrorismo. No son los árabes los terroristas, los terroristas son los actores del poder.

UA: En relación a la posibilidad, por ejemplo, de tener agentes de control, de tener incluso territorialidad para llevar adelante el monitoreo de una medida como esta, que requiere de una vigilancia a nivel nacional, ¿cuál es la capacidad que tenemos en la administración pública?

JS: El tema está en que, como la lucha política entre el poder económico a nivel mundial, desde que apareció la interpretación marxista de la historia, lo que dijo Marx en su momento es que los instrumentos de la lucha popular tienen que ver con la etapa tecnológica de cada momento. De la misma manera que avanza la ciencia para darle potencia a los negocios y al capital, también avanza la ciencia para usar instrumentos y tecnología que está vigente para aquel conflicto.

Creo que en esta situación de posibilidad, no es necesario tener las cuadrillas de inspectores que se tenían en los años de Gelbard en los ’70, que después fueron destruidos por el proceso del neoliberalismo en la Argentina. Se desarmaron las áreas de control del Ministerio de Economía, las cadenas de valor, y es difícil reconstruirlas con la cantidad de personal y capacitación que estaba en ese momento.

En este momento hay otra situación, porque hay tecnologías digitales y hay posibilidad de usar la población, que tiene los celulares en la mano cuando va al supermercado y, además, tiene la posibilidad de tener aplicaciones y redes que deberían usarse como prueba.

La discusión que hay que dar es si la prueba digital sacada por la población puede validar una denuncia y puede iniciar un periodo de sanción. Debemos acumular esa potencialidad popular, tiene que estar todo el mundo con ese instrumento, para que la inspección y la posibilidad de iniciar el expediente de sanción validen las pruebas que se saquen de los precios fotografiados, por ejemplo, en las góndolas, y que eso exista como el inicio de los procesos de sanción.

Esto implicaría una participación popular mayor y, además, por supuesto, que si eso se convalida con la instrumentación de poder de policía que incluso los mismos sindicatos podrían ser, como los de la alimentación, todos los sindicatos del área de COPAL, de comercio, de alimentación, puede estar participando de una decisión. Eso requiere de una discusión pública y de una generalización sobre que es un conflicto político y no solamente económico.