Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
“Son siempre los mismos nombres que después te hablan de reglas claras, de que el problema son los planes sociales, mientras ellos son cada vez más ricos”, dijo Hernán Arbizu, banquero arrepentido, ex vicepresidente del JP Morgan, esta semana en Radio Gráfica consultado por los Papeles de Pandora. Argentina se encuentra primera en el puesto regional de ciudadanos con empresas offshore y tercera en el ránking mundial, detrás de Rusia y Reino Unido. Arbizu recomendó que al Gobierno “no le tiene que interesar de donde viene la información, tiene que usar esa información y convertirla en recaudación de impuestos”. También recordó que en nuestro país ”ni siquiera se llegan a aplicar las leyes porque los jueces lo duermen antes. En mi caso, por ejemplo, denuncié cuentas con nombre, monto y número de cuenta y el juez (Sergio) Torres no le permitía a la AFIP y a la UIF (Unidad de Información Financiera) que fueran parte, ni siquiera para leer el expediente”.
Arbizu conoce en detalle el oficio del robo de guante blanco porque fue parte de él. Su historia es “de película”, quizá alguien algún día la filme. Lo presionó un narco para que haga fraude bancario, lo hizo y el JP Morgan no lo respaldó. En defensa propia, liberó una cantidad de información que el Estado Nacional nunca utilizó. El delito de evasión de los más ricos de Argentina estaba ahí, en detalle. Pero un juez cajoneó la causa y todo quedó como una anécdota.
Ahora bien, ¿qué hará la AFIP con esta nueva información? Según publicó Raúl Dellatorre el organismo recepcionó datos sobre la existencia de 250 mil cuentas en el exterior en 2017 y “se seleccionaron unas 3000 cuentas por la significación de sus montos”, además de la notable “inconsistencia con las declaraciones juradas de sus titulares en el país”. Estamos hablando de fraude al fisco del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
La charla con Arbizu generó una bronca visceral en la audiencia de la Gráfica. El pueblo raspando la olla y en su cara el detalle de un saqueo sistemático al que el Estado ¿no puede? ponerle freno.
Mientras tanto el debate esta semana en la dirigencia del gobierno giró por la ley de Etiquetado Frontal, una ley de protección a personas en situación de calle y la conversión de planes sociales en empleo registrado.
En un país tan rico, con tantos bienes comunes, la política argentina parece a veces reducirse a Buenos Aires y a la administración de las migajas que deja una economía fuertemente concentrada y extranjerizada.
De allí que la consigna “Recuperar soberanía” es urgente. Pero, como solemos preguntarnos en este Panorama ¿puede avanzar una proyecto nacional y popular sin confrontar? Creemos que no. Porque si la campaña del Frente de Todos sigue exclamando “No a la especulación, Si a la producción”, ¿no debería explicar por qué se acrecentó el “festival de las Leliqs” en estos dos años?
Se vienen días de movilización. El 17 a las 16 hs Madres de Plaza de Mayo convocan por el “No pago de la deuda. Nosotrxs no debemos nada”, en el afiche está la bandera que dice: “El poder financiero es terrorista”. El 18, habrá una movilización de la CGT al Monumento al Trabajo, sin oradores, con un comunicado grabado. “Allí la centralidad va a estar en el respaldo al gobierno”, explica un dirigente que a la vez reconoce que se está definiendo el “próximo Triunvirato” y todavía es temprano e inconveniente discutir el armado de un acto.
“Padecemos una política totalmente superestructural”, confía un referente de la CTA que en otros momentos militaba convocatorias amplias para discutir cómo intervenir en el escenario nacional. La semana que viene se irá clarificando quiénes movilizan cada día y qué hará el gobierno.
El jueves volvieron los actos masivos del peronismo. Las organizaciones sociales eligieron Nueva Chicago, que tiene fuerte identificación con la Resistencia (entre varias efemérides están las asambleas que se hicieron en defensa del Frigorífico Lisandro de la Torre en 1959).
Allí se mostró en unidad el Frente de Todos, sólo faltó Cristina.
Emilio Pérsico del Movimiento Evita planteó en su discurso: “Necesitamos que Alberto siga ocho años y sino que le entregue la cinta a otro compañero” y también afirmó que “esta democracia de la alternancia no camina, quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne veinte años en Argentina”.
Por su parte, Máximo Kirchner habló de la importancia de la participación popular “sea en una cooperadora, en una Unidad Básica, sea donde sea. Si nuestro pueblo, nuestros ciudadanos y ciudadanas no se involucran será muy difícil cambiar el destino de esta historia. Sólo el pueblo va a salvar al pueblo”, dijo el referente de La Cámpora retomando la consigna de la CGT de los Argentinos.
Kirchner horas antes hizo declaraciones radiales que vale destacar: “Si el Fondo no cambia su lógica no va a chocar con un dirigente o una fuerza política va a chocar con la realidad. Primero está la realidad y después las cuentas”.
A la vez recordó los dichos del funcionario yanqui Claver-Carone, quien públicamente reconoció que el préstamo del Fondo a Macri fue para que el peronismo no vuelva al gobierno. “Sería bueno que nos digan ¿Cómo pensaban pagar el préstamo que fue otorgado de manera inexplicable por el FMI a Macri?”, expresó el diputado.
Ahora bien, cabe preguntarse si esa participación popular que se reivindica, tiene espacio de discusión. Porque esos “Cabildos de la Militancia” que hace una década se convocaban hoy no parecen estar en el menú de los dirigentes.
Temario hay, las Madres lo están gritando: “Queremos discutir qué se va a hacer con la estafa del FMI”.
Mientras tanto, la preocupación “por abajo” crece. Porque los precios no bajan y las ollas populares siguen alimentando a gran parte de nuestro pueblo. Los discursos políticos aceptan que “falta mucho”, pero no alcanza ni mucho menos enamora.
Sin embargo, mucha militancia guarda las críticas para salir casa por casa a buscar el voto para noviembre. Lo que está enfrente marca la prioridad.
¿MÁS TRABAJO?
“Convertir planes sociales en trabajo, SI”, dice la imagen de campaña que compartió Alberto Fernández. Le contestó por redes sociales Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP: “Si a esta altura hay que explicar la diferencia entre trabajo y empleo estamos peor de lo que pensábamos”. Luego en el acto en Nueva Chicago, el primer mandatario puntualizó que se trata de “empleo genuino y registrado” para que “todos tengan los mismos derechos que un trabajador formal”.
Desde el menemato que profundizó el modelo neoliberal de “miseria planificada”, el “descarte” de la mitad de nuestro pueblo que quedó desocupado ha tenido diferentes promesas. El kirchnerismo logró poner en marcha una recuperación de la industria que generó millones de puestos de trabajo pero no logró consolidar las bases de un proyecto nacional. De allí que para el macrismo no fue difícil romper todo.
Claro que hay que mirar el desarrollo capitalista, que como la historia, no retrocede. Esa Argentina de pleno empleo de 1975 está muy lejos de la actual. Es que se desarrolló una fase financiera que profundizó nuestra condición semicolonial.
Néstor y Cristina recuperaron soberanía, pero faltó. Es el trágico “empate histórico” del que hablaron algunos, pero que sería mejor definir como “tragedia nacional”. Porque pareciera que estamos determinados a discutir las migajas. En vez de disputar la riqueza.
Pero vayamos al proyecto de ley que presentó Sergio Tomás Massa este viernes en el Congreso, con el título “Un puente al empleo” cuyo objetivo es “convertir planes sociales en trabajo genuino y generar alivio económico a las MIPyMES y capacitación laboral a los empleados”. El programa plantea mantener los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a una obra social y ART. El trabajador deberá capacitarse y completar cursos de formación para acceder. En el texto también habilita la posibilidad de estar empleados en cooperativas municipales y de organizaciones sociales. A su vez, “Un Puente al Empleo” brinda beneficios a los empresarios, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados. También las patronales podrán “subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)” y así obtener la “cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente”. De todas formas, “para no afectar a los empleados incluidos en la regularización, el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores hasta por 60 meses”, detalla el Cronista Comercial.
Las críticas no se hicieron esperar por varios referentes populares. El jueves que viene la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) va a estar debatiendo el tema y seguramente haya un pronunciamiento.
Dina Sánchez en diálogo con Gráfica opinó: “Nos preocupa, pero también nos genera mucha indignación porque pareciera un eslogan de campaña. El slogan de 2019 fue empezar por los y las últimas de la fila, escribir esa hoja en blanco entre todos y todas, y hoy son los planes. Parece que fuera la agenda de la derecha”. Y agregó: “Si el Presidente no entiende que la economía popular es parte del trabajo organizado, que es una economía que llegó para quedarse, que es una economía que necesita derechos, herramientas, lo que está haciendo es invisibilizar nuestro trabajo y le está dando argumentos a la derecha para que siga avanzando sobre la organización popular”.
Para Fernando Gómez del Frente Milagro Sala, este proyecto repite otras experiencias de política pública como el Plan Empalme que presentó Macri el 1 de mayo de 2017 con estas palabras: “los que tengan esos planes van a poder entrar a trabajar sin perder el plan”.
“Es una profunda amnistía para todo patrón que tenga en negro a sus trabajadores. Una amnistía en términos de multas, sanciones y cargas económicas que pudieran implicar hacer negreado trabajadores durante su existencia empresaria”, afirma Gómez en su columna de Infonativa y agrega: “Los blanqueos laborales tampoco son novedosos en la dinámica política argentina. El gobierno de Carlos Menem las impuso junto a sus múltiples reformas laborales. Como toda política laboral que apunta a mejorar las condiciones del empresario para facilitar la contratación, lo que termina impactando positivamente en los balances de los empresarios, y muy negativamente en el trabajo efectivo”.
A su vez, Daniel Menéndez de Barrios de Pie y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos declaró: “Para mí la ley básicamente es para generar deducciones impositivas a quién contrata a un persona con un plan social, tipo empalme, más capacitación y formación más acompañamiento. Es del estilo de lo que hicieron en la construcción. Genera instrumentos, ayuda, pero el cambio más profundo hay que generarlo a partir de fortalecer la economía popular y el cuentapropismo, que es lo realmente masivo”.
LA CATT RENOVÓ AUTORIDADES
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizó el jueves la elección de una nueva Comisión Directiva. Sergio Sasia de la Unión Ferroviaria fue electo como secretario general y Juan Carlos Schmid de Dragado y Balizamiento como adjunto. El camionero Omar Perez quedó como secretario Gremial y el titular del gremio de los pilotos Pablo Biró como secretario del Interior. También se encuentran en la nueva nómina el referente de los Aeronavegantes Juan Pablo Brey como secretario de Prensa y el guinchero Roberto Coria como secretario de Finanzas.
Hubo delegados de 37 gremios con las resonantes ausencias de Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA), que trascendió que revivirían la Unión General Argentina de Trabajadores del Transporte (Ugatt).
Son dos sindicatos conocidos como “la garantía del paro general”, además del peso propio que sobre todo UTA tiene en los congresales que pondrá en juego en el debate dentro de CGT.
El motivo del alejamiento se planteó en la mayoría de los medios por el “rechazo al moyanismo”. Es conocido el apoyo de los camioneros a la lista opositora en UTA que encabeza Miguel Bustinduy.
Pero en La Fraternidad comentan que sus diferencias con Sergio Sasia. Lo acusan de haber dividido la Federación Ferroviaria durante el gobierno de CFK, cuando Florencio Randazzo asumió como Ministro de Transporte tras la Tragedia de Once. También es cierto que La Fraternidad históricamente tuvo un juego propio.
En el Congreso y las declaraciones posteriores de los dirigentes hubo un apoyo explícito al Frente de Todos de cara a las elecciones.
¿HACIA UNA NUEVA CGT?
Por estas horas se habla de un nuevo Triunvirato. Los nombres: Héctor Daer (Sanidad), Antonio Caló (UOM) y Pablo Moyano (Camioneros). Es decir, industria, servicios y transporte, que tiene al menos un criterio referido al mundo del trabajo y la producción, a diferencia del acuerdo en 2016.
“Se busca consensuar un triunvirato que no genere rechazo”, definió un dirigente.
La avanzada del macrismo y su campaña por la reforma laboral obligó a muchos referentes a dejar de lado diferencias y priorizar la unidad. Al menos en el aspecto formal no parece que haya grandes sobresaltos de acá al 11 de noviembre, pero es cierto que es una unidad más de nombres y espacios que de proyecto de CGT.
Uno de los temas a definirse es la participación femenina. El 16 de octubre las Mujeres Sindicalistas están convocando a un encuentro en Berisso reclamando que se cumpla el cupo que establece que un 30% de los cargos tienen que ser para las mujeres.
Suenan diferentes referentas a ser parte del Consejo Directivo. Como Vanesa Siley, Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Tiene que resolver antes un tema, estar confederada. “Estamos laburando para eso, están dadas todas las condiciones legales y objetivas”, cuentan en su entorno.
Habrá que ver ahí cómo juega la UEJN de Julio Piumato.
“La muestra de SMATA con el sindicato de estaciones de servicio es el camino, el diálogo como muestra de madurez”, confía un dirigente.
La Corriente Federal, de la cual es parte Siley, expresó en un comunicado de esta semana (ver líneas abajo): “Que se apruebe la solicitud de afiliación a la CGT de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FESITRAJU), de la Unión de Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) y de otras organizaciones sindicales que han formulado desde hace tiempo su petición y que cumplen con los requisitos legales correspondientes para ser integradas”.
Veremos cómo se van dando los debates y sobre todo qué tónica tendrán los futuros posicionamientos de cara a una nueva conducción de la central obrera.
COMITÉS MIXTOS, UN PROYECTO DE LEY PARA RESGUARDAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
El miércoles por la mañana, a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo,, fue presentado el proyecto de ley que prevé la conformación de los Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos de Trabajo. Allí estuvieron presentes dirigentes gremiales relevantes de CGT y de ambas CTA.
El proyecto contempla la creación de los Comités Mixtos en aquellas empresas con más de 100 trabajadores. El objetivo es reducir los accidentes y enfermedades laborales desarrollando tareas en ámbitos de mayor salubridad e higiene, también evitar la violencia y el acoso en los ámbitos de trabajo, aspecto en los cuales hizo su aporte el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta activo en la elaboración junto al Ministerio de Trabajo.
El proyecto busca, a partir del diálogo paritario, lograr mejores condiciones laborales de salubridad y seguridad para preservar la salud de los trabajadores. Como no podía ser de otra manera, rápidamente se vieron algunas críticas en la cobertura de los medios concentrados que dispararon contra el proyecto con el argumento de que es una injerencia de los trabajadores en el manejo de la empresa y una causal más para tomar medidas de fuerza. Previsible.
Una de las que participó del lanzamiento fue Lilian Capone, referenta de la Intersindical de la Salud donde confluyen gremios de CGT y CTA. Consultada para este Panorama expresó:
“Es un hito histórico, por primera vez en la historia del país el Poder Ejecutivo acepta tomar este tema y meterlo en la agenda política garantizando y legitimando los Comités Mixtos en ámbitos donde empleadores y trabajadores puedan discutir y ponerse de acuerdo en un plan de prevención, por ejemplo. Evaluar estadísticas de daño y riesgo, garantizar cumplimiento de las normativas“, comenzó.
“Si bien en muchos lugares ya se estaban haciendo y en varios convenios colectivos estaban los Comités, este ley legítima el espacio tripartito de participación. Parte de este proyecto lo elaboró la Intersindical de Salud y Trabajo donde participan más de 20 gremios”, agregó.
“Para nosotros hubiera sido bueno que contemple un delegado de prevención, pero en este proyecto no está. Es un proyecto perfectible, hay puntos que pueden ser discutidos, pero se logró un consenso entre la CGT, la CTA de los Trabajadores y la Autónoma. Este proyecto es realmente un hito“, concluyó.
MOVILIZACIÓN AL TSJ, “CONTRA LA COLONIZACIÓN DE LA JUSTICIA NACIONAL”
Con la pandemia en aparente retirada las movilizaciones comienzan a tomar un pulso cotidiano. El miércoles al mediodía hubo una concentración convocada por organizaciones gremiales, de abogados y de la cual participaron algunos magistrados. La razón fue la ley votada entre gallos y medianoche por la Legislatura porteña ampliando las capacidades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar las sentencias de la Justicia nacional.
Las agrupaciones de abogados apuntan que la ley es inconstitucional, que demorará aún más la sentencia de los juicios y que el TSJ es un tribunal de reconocida cercanía con el PRO y permeable a los intereses de los sectores de poder. Perspectiva complicada para los derechos laborales.
En la convocatoria hubo una participación importante de gremios de la Corriente Federal de Trabajadores y de las CTA, entre otros espacios.
Por el escenario desfilaron una larga lista de oradores entre los que estuvieron los abogados laboralistas Natalia Salvo y Gustavo Ciampa, a los que se sumaron Sergio Palazzo (Bancarios); Walter Correa (Trabajadores del Cuero); Eduardo López (UTE) y la legisladora Lucía Cámpora. Hubo más dirigentes, algunos de ellos estuvieron sobre el escenario y otros en el llano.
Sergio Palazzo expresó: “¿Quién puede imaginarse un fallo favorable a un trabajador de un tribunal surgido de las propias entrañas del macrismo, que presenta en el congreso proyectos para destruir la indemnización, para quitar derechos a los trabajadores?”.
“No es un simple traspaso de la Justicia, significa lisa y llanamente la impunidad de la familia Macri y la perdida de derechos de los trabajadores”, concluyó.
Walter Correa afirmó por su parte: “Estamos a 7 diputados de perder la indemnización. Estamos a 7 diputados de perder las conquistas laborales y los derechos que hemos ganado con años y años de lucha. No tenemos que permitírselo a esta derecha que está a la vuelta de la esquina”
“Tienen los monopolios mediáticos, tienen el poder económico, tienen la monarquía judicial. Trabajadores, trabajadoras, no le demos el voto”, cerró.
Uno de los gremios convocantes fue la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), que tuvieron presencia militante, pero no participaron en el escenario.
En diálogo posterior con el programa El cielo por Asalto en Radio Gráfica, el secretario general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo, Cristian Carro, también rechazó los cambios en duros términos.
“Crearle una instancia de revisión en manos de un Tribunal que, salvaguardando a una sola de sus integrantes, el resto ya sabemos hacia dónde orienta su jurisprudencia, es comenzar a retroceder en el tiempo en todo el proceso de desarrollo del derecho protectorio de los últimos 80 años”, destacó.
“La idea de Juntos por el Cambio en relación al Fuero del Trabajo es comenzar un camino de regresión en los derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de 80 años, no de historia del derecho del trabajo sino de lucha de los trabajadores. Porque fue la lucha la que le abrió la puerta a la posibilidad de convertir esa lucha sindical en lucha política, y ese discurso político en discurso jurídico, eso es lo que se plasmó en la ley, con sus avances y sus retrocesos”, finalizó.
CORRIENTE FEDERAL, UNIDAD DE LA CGT CON CONTENIDO
A poco más de un mes del Congreso en el cual se definirán autoridades en la CGT, difundieron un comunicado al que titularon “Unidad, para reconquistar la grandeza nacional y la felicidad del pueblo“.
“Desde la Corriente Federal de Trabajadores pretendemos que esa unidad sea duradera, es por eso que creemos imprescindible forjarla en torno a un programa básico que nos permita establecer una guía de acción para constituirnos en una Central Obrera con la fortaleza necesaria para defender los intereses de la nación que son los del pueblo trabajador en Argentina“, plantearon en un tema por fuera de las roscas de conformación del Consejo Directivo.
Entre los puntos principales de esa CGT con contenido propusieron:
- Postura ante los formadores de precio.
- Recuperación de la industria nacional.
- Postura ante el pago de la deuda externa.
- Fortalecimiento del rol del Estado en la planificación y control de la economía.
- Restablecer al sistema financiero como servicio público orientando el crédito hacia la producción y el consumo.
- Definir un plan de salud, que permita recuperar el sistema solidario de obras sociales.
- Rol activo de las delegaciones regionales de CGT.
- Qué la CGT contenga con su acción a los trabajadores que hoy están en la informalidad.
YAPA, LA PAUTA, UN SUBSUELO DE LA DEMOCRACIA
Según informó la Secretaría de Medios de la Nación, entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, el gobierno nacional gastó 7563 millones de pesos en publicidad oficial. Entre los conglomerados que más dinero público recibieron están Grupo Clarín, $949 millones; América (José Luis Manzano y Daniel Vila), $600 millones; Indalo (Cristóbal López y Fabián de Sousa), $556 millones.
Para los medios populares siguen habiendo migajas, de allí que urge que haya una regulación. No sólo para potenciar cientos de medios comunitarios en llegada y calidad sino en cantidad de puestos de trabajo.
La distribución de la pauta pública publicitaria es un “subsuelo de la democracia”. Desde Radio Gráfica, que integra FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), estamos dando la pelea por una ley que establezca una política pública.
Mientras tanto mucha dirigencia negocia líneas editoriales con monopolios cuyo interés profundo es contrario al de nuestro pueblo y nuestra patria.
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