En un fallo unánime, el Tribunal Oral Federal N°8 dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros procesados, por la inexistencia de delito en la causa por la firma del Memorándum con Irán: “Más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”, dijeron los magistrados.
El tribunal integrado por los jueces María Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y José Michilini, sobreseyó también al dirigente social Fernando Esteche, quien estuvo privado de su libertad por dicha causa durante casi dos años. En diálogo con Radio Gráfica, el referente sostuvo que “en lo individual” sintió “alivio”, pero al mismo tiempo continúa el “dispositivo de lawfare, porque hay compañeros condenados con condena judicial firme y todavía en prisión. Así que son sensaciones encontradas”.
“Estos mismos jueces que ahora dicen que no hay delito son los mismos que recurrentemente me negaban la excarcelación y revocación de la preventiva, así que da bronca que hoy estén dictando la inexistencia de delito cuando una y otra vez resolvían que me tenía que quedar preso”, señaló Esteche, al tiempo que remarcó que tanto la causa del Memorándum como el de las fotocopias de los cuadernos, “son causas arquetípicas y fundantes del lawfare en Argentina y tienen mucha fragilidad desde el punto de vista probatorio e institucional”.
“Estos mismos jueces que ahora dicen que no hay delito son los mismos que recurrentemente me negaban la excarcelación”
La denuncia había sido impulsada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, quien aseguraba que existía “un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní (…) para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso”.
Sin embargo, el tribunal concluyó que las alertas rojas de captura internacional de ciudadanos iraníes por el atentado de la AMIA “siempre estuvieron vigentes y aún continúan estándolo”. “El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional”, expresaron los jueces.
“Esta causa era una denuncia de un maníaco megalómano fundada en escuchas”, explicó Esteche, que además aseguró que “a medida que avanzó la causa y se tuvo que poner blanco sobre negro, fue muy difícil sostener desde el punto de vista de un proceso judicial público acusaciones tan fabulosas y fantasiosas”.
Por último, consultado por la Agencia Federal de Inteligencia y su interventora, Cristina Caamaño, el líder social destacó que son estructuras difíciles de modificar: “Lo único que cambió cuando se pasó de la SIDE a la AFI fue el cartelito de la puerta. La gestión de la intervención intenta meterse, pero son nichos propios de la acción operativa que llevan adelante, son imposibles de sondear. Lo mismo o aún peor pasa en la intervención del Servicio Penitenciario, está cada vez peor y verdugo, mas allá de la voluntad que puede llegar a tener la interventora”. “El lawfare en Argentina, y los dispositivos represivos están absolutamente intocados”, concluyó.
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