Por Lorena Fernández Bravo*
Amnistía Internacional (AI) informó que mujeres y personas gestantes encuentran actualmente barreras en el acceso a la interrupción legal del embarazo. Uno de los principales obstáculos es la ausencia de campañas públicas de información. Por otro lado, se suma el colapso del 0800 de Salud Sexual, la línea telefónica de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo.
La organización expresó que en las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado. Desde el sur del país, en el sistema público de salud de Río Grande, Tierra del Fuego, el Hospital Regional, que es el único de la ciudad donde podría realizarse el aborto, no garantiza este derecho. En la otra punta del país, en Catamarca, según AI, que realizó una misión hacia la provincia, existen muchas falencias, cuyo punto álgido se encuentra en Andalgalá, donde directamente no hay centros de salud que garanticen el acceso.
En Mar del Plata, el magistrado Alfredo López hizo lugar a una medida cautelar que pedía que se suspendieran los efectos de la Ley 27.610, por considerar que la norma viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción. Finalmente, en julio se rechazó la acción y se archivaron las actuaciones.
En esta misma línea existe una insistencia de los grupos “antigénero” por revocar la ley presentando recursos de amparo para que se declare su inconstitucionalidad, pero estas acciones vienen fracasando en todo el país. Hasta el momento se presentaron 35 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial) y 19 ya fueron rechazados.
No podemos dejar pasar por alto la resistencia de algunas obras sociales y prepagas, como tampoco la oposición de ciertos gobiernos provinciales y centros médicos.
Cómo saltamos los obstáculos
La misma organización, Amnistía Internacional, anunció el lanzamiento de la web “Derecho al aborto” para difundir derechos y datos sobre cómo ejercerlos, como parte de una estrategia federal de comunicación. Al mismo tiempo, habilitaron un canal de contacto para denunciar en caso de que se encuentren barreras para acceder a la práctica. Y en suma, tienen un sitio con toda la información necesaria para acceder tanto a la IVE como a la ILE llamado “Tu decisión, interrupción del embarazo”.
Cuando sí se cumple la ley
La interrupción del embarazo es legal y en muchos casos en que fue necesaria se logró llevarla a cabo. Según el informe “Implementar IVE-ILE” del Ministerio de Salud de la Nación se realizaron 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre del 2021 y se iniciaron dos procesos de compra por un total de 100.000 tratamientos de misoprostol 200 mcg.
Por su parte, Socorristas en Red, una articulación de colectivas, brinda información en base a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y acompaña a mujeres y a otras personas con posibilidad de gestar que decidieron interrumpir embarazos inviables, para que lo hagan de manera segura y cuidada.
Con esta organización se comunicaron en el primer semestre del año corriente unas 6.517 personas que necesitaban acompañamiento para abortar. La mayoría fueron mujeres de entre 18 y 28 años, y del total, 241 eran menores de edad. El 70,1% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia machista. Un dato clave es que de 5.614 personas que pidieron acompañamiento, el 64,2% decidió abortar de manera autogestionada en su casa y el 22% decidió solicitar la IVE/ILE en el sistema de salud. El dato habla de la inseguridad para ir a atenderse a un centro de salud. En este sentido, de las personas menores de 18 años, el 75,9% no realizó consultas en el sistema de salud por su embarazo actual.
De todas maneras, la importancia de tener garantizado el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito lo vemos en que de las personas acompañadas a abortar en el sistema de salud el 78,8% logró sentirse escuchade por profesionales de la salud que le garantizaron su derecho y el 92,2% pudo recibir entre un “buen” y “muy buen” trato por parte de los profesionales de la salud.
Nivel Latinoamérica y el Caribe
Dentro de Latinoamérica y el Caribe, el aborto está prohibido bajo cualquier excepción en Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Mientras que en Guatemala, Venezuela, Perú, Paraguay y Costa Rica tienen legislaciones más restrictivas y lo permiten cuando la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
En Chile existe la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, desde el 23 de septiembre del 2017.
Las causales específicas son:
- Cuando la mujer se encuentre en riesgo vital: la interrupción del embarazo evitaría un peligro para su vida;
- Cuando el feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente;
- Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación.
Según una encuesta realizada por la consultora internacional Ipsos, el 73% de los chilenos está a favor del aborto en general, este porcentaje se divide en dos, un 41% piensa que debería ser completamente libre y un 32% cree que debe permitirse en ciertas circunstancias. Este 73% significa un aumento en la aprobación de la legalización del aborto, viniendo de un 68% en 2020.
Mientras tanto en Venezuela el aborto es ilegal. El código penal vigente tipifica el aborto como delito y solo lo permite cuando la gestante corre riesgo de muerte. El gobierno no da a conocer las cifras oficiales al respecto pero sí reconoce que las interrupciones voluntarias del embarazo sin garantías son la tercera causa de mortalidad materna.
Hay mujeres venezolanas que emigran a Colombia para poder abortar y no morir en el intento, como fue el caso de una nena de 13 años víctima de una violación cuando volvía de comprar el pan, meses después cuando supo que estaba embarazada intentó suicidarse porque su cuerpo estaba cambiando, se sentía sola y no quería tener eso adentro. Finalmente en Bogotá, Médicos Sin Fronteras la ayudó y el aborto lo asumió la Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social y salud del estado colombiano (Adres).
En Colombia el aborto es legal por tres causales, las mismas que en Chile. Sin embargo, según el informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres e investigadores de la Universidad de Los Andes, desde 2008 hay alrededor de 400 judicializaciones por este motivo al año.
En este marco, el Movimiento feminista Causa Justa presentó una demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código penal para eliminar esas judicializaciones. Se espera la respuesta de la Corte en los próximos dos meses.
Desde el lado de México, el 7 de septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, determinando inválido el artículo 196 del Código Penal de Coahuila. Pero el fallo de la Suprema Corte solo afecta a ese Estado, y no implica que el aborto se haya legalizado en México, ni que la despenalización afecte a todas las entidades automáticamente o que estén obligadas a cambiar sus legislaciones locales.
Por su parte, en Ecuador se está buscando la despenalización en caso de violación. Hasta ahora el aborto sólo está permitido si la vida de la mujer está en peligro o si el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Como resultado de esta legislación en el país, según un informe de Human Rights Watch, entre 2009 y 2019 hubo unas 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedorxs de salud procesadxs por aborto.
En Honduras el avance también se da de a poco, a mediados de este mes la Corte Suprema de Justicia admitió un Recurso de Inconstitucionalidad para debatir la despenalización del aborto bajo tres causales, las mismas que en el caso de Chile.
Según estimaciones de Human Right Watch las restricciones legales al aborto tienen un impacto devastador en el derecho a la vida de las mujeres. La evidencia sugiere no solamente que las leyes que restringen la interrupción de embarazos no deseados empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros, sino que además ellas mueren como consecuencia de ello. Se estima que un 13% de las muertes maternas a nivel mundial se atribuyen al aborto inseguro, serían entre 68.000 y 78.000 muertes anuales.
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo más de una vez que las prohibiciones no frenan los abortos, la despenalización sigue siendo una asignatura pendiente en la lucha por los derechos de la mujer en Latinoamérica y el Caribe por la que no bajaremos los brazos.
(*) Columinista “Loló Deconstructora” en Abramos la Boca (lunes a viernes de 16 a 18 en Radio Gráfica).
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