Por Úrsula Asta
Lanzada en una coyuntura política y económicamente adversa, en la que lo urgente no termina de asomar, “Registradas” se inscribe en el recorrido de 8 años de la importante norma que consagró el Régimen de trabajo de casas particulares, sector sobre el que aún existe una alta informalidad. En ese sentido, el Programa Registradas busca avanzar en la registración y en la bancarización de las trabajadoras de casas particulares y está dirigido a dos grupos: (1) las trabajadoras de casas particulares y (2) las y los empleadores que registren una nueva relación laboral.
Para el caso de la parte empleadora se prevé un incentivo para la formalización y permanencia en el empleo. Lo cual implica que el Estado nacional pagará una parte del sueldo de la trabajadora (del 30 al 50 por ciento del haber total y con un monto máximo de hasta $15 mil) durante 6 meses. La transferencia del porcentaje restante debe realizarla la parte empleadora, con el correspondiente pago de los aportes, contribuciones y ART y obligación de mantener el puesto de trabajo los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.
Además, el Programa involucra la bancarización de las trabajadoras de casas particulares a partir de la apertura de una cuenta gratuita en el Banco de la Nación Argentina y el acceso a beneficios bancarios.
Los requisitos para acceder a “Registradas” son
- las trabajadoras de casas particulares deben trabajar 12 horas semanales o más en el mismo hogar,
- sus tareas deben estar enmarcadas dentro de las categorías “Personal para tareas específicas”, ”Caseros y caseras”, ”Asistencia y cuidado de personas” o “Personal para tareas generales” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares,
- la parte empleadora debe tener ingresos brutos mensuales promedio, igual o inferiores a $175.000 por mes
- y la parte empleadora podrá registrar solamente a una trabajadora.
Carmen Brítez, secretaria de Organización de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), explicó que el gremio participó del proceso y que “en principio, es una primera etapa de impulso para la registración con este incentivo”, porque “ya se ha hecho de todo” para que eso ocurra y la informalidad sigue siendo altísima. “Como todo Programa, va a haber que incluir algunas cosas para que esto genere más beneficios y más trabajo“, sumó.
En un sector de trabajo en el cual 3 de cada 4 asalariadas no está formalizada, Brítez explicó que las trabajadoras “no llegan a tener los 30 años de aportes”, y recordó las dificultades que tuvieron durante los primeros meses de la pandemia porque la informalidad y la no bancarización hicieron que no tuvieran dónde cobrar su salario y el IFE, situación que hubo que resolver rápidamente.
“Las trabajadoras no podían cobrar el salario porque no estaban bancarizadas. La Escuela de Capacitación (del sindicato) se dedicó a hacer los trámites, también los de licencia por maternidad, porque todo eso implica saber acceder desde un celular y tener acceso a internet”, relató.
La sindicalista resaltó que en el Programa, luego de los 6 meses del cobro del incentivo, se prevea que no se pueda despedir, e identificó, también, que una porción del sector empleador son trabajadoras y trabajadores asalariados, situación que advierte en detalle cuando discuten paritarias, a partir de las categorías de ingresos de otros sectores, como el docente.
La ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sancionada y promulgada en 2013, implicó un fuerte cambio de paradigma. Anteriormente existía un decreto ley, el 326/56, de “servicio doméstico”. Desde el mismo plano simbólico, además de la modificación material que significó, la norma vino a decir: servicio/sirvienta no, trabajo/trabajadora sí.
“Esto continúa en la contribución a cambiar la mirada de que la persona que trabaja en la casa es alguien que ayuda“, resaltó Brítez, quien además contó que es muy importante que el Estado difunda e informe bien sobre los alcances y que pueda asesorar en torno a la gestión del Programa. “Hoy mismo recibimos 500 llamadas”, dijo el día del lanzamiento.
“Y hay un tema que es muy importante -agregó- el registro es compatible con otros programas”. Registradas es compatible con la Asignación Universal por Hijx, Asignación Universal por Embarazo, Tarjeta Alimentar, Progresar, Programa Potenciar Trabajo, y las inscripciones estarán abiertas del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.
El trabajo de casas particulares representa un sector laboral muy importante de la fuerza de trabajo y, sobre todo, si consideramos específicamente el trabajo de las mujeres. Al 2018, la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad, que es la última disponible, muestra que en Argentina hay cerca de 1,4 millones de trabajadoras de casas particulares, que esa fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas.
Además, prácticamente la totalidad de quienes desarrollan esta actividad son mujeres, el 99,3 por ciento. Sin embargo, como mencionamos, existe una alta tasa de informalidad en este segmento: 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni protección social. Al mismo tiempo, una proporción muy alta de las trabajadoras domésticas son jefas de hogar (el 44 por ciento) y el 87 por ciento tiene a cargo menores de 18 años.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que la alta incidencia de la informalidad implica que la gran mayoría de las trabajadoras no cuente con mecanismos de protección. De esta forma, las trabajadoras no registradas presentan muy baja cobertura en derechos, como la cobertura por accidente o enfermedad profesional (3,4 por ciento), licencia por maternidad (5,2 por ciento), obra social (9,4 por ciento), vacaciones pagas (14 por ciento), licencia por enfermedad (16,7 por ciento) y aguinaldo (18,8 por ciento).
En plena pandemia, el Sindicato Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, relató que recibió hasta abril del 2020, 11.000 consultas vinculadas a trabajadoras cuyos empleadorxs pretendían que hagan la cuarentena con ellas -quienes también tienen derecho a cuidarse y permanecer en sus casas-, por el no cobro del haber, por no poseer cuenta bancaria donde pudieran abonarle los ingresos, porque había empleadores que querían darlas de baja del registro de manera temporal y porque les quisieron hacer pasar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como parte del salario, cuando su cobro por la condición de ser Trabajadoras de Casas Particulares no eximía a la parte empleadora de pagar los salarios correspondientes.
En un país con una crisis económica profunda, y mientras tímidamente asoman algunas medidas que aún no permiten ver el horizonte de recuperación laboral y salarial con claridad, lo urgente y lo importante aparecen como planos disociados. Formalizar a un sector de trabajo de enorme relevancia y saldar una deuda con el plano de la autonomía de las mujeres es fundamental e importante. Los bolsillos de la urgencia que permitan dar de comer a las familias deberán, en simultáneo, atenderse con premura, para que lo importante tenga el lugar y el sentido histórico que merece.
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