Las consecuencias del bloqueo

Por Úrsula Asta*

El programa de asistencia médica a casos “catastróficos” es creado y financiado desde 2006 por el Gobierno venezolano a través de la Fundación Simón Bolívar de CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos. Desde fines del 2018, este programa de apoyo se vio afectado por las medidas coercitivas unilaterales.

En aquel momento, a partir de la cooptación de la CITGO-PDVSA, pacientes niñas y niños venezolanos que estaban en otros países, como Argentina e Italia, atendidos por patologías que requieren alta complejidad, como trasplantes de médula ósea o hepáticos, y que por distintas razones sus necesidades no pueden ser cubiertas en su país, vieron cesar sus tratamientos.

Lo mismo ocurrió a quienes estaban dentro del programa de la Fundación Simón Bolívar, pero se encontraban en Venezuela en ese momento y necesitaban volver para controles periódicos a los lugares donde se habían operado previamente, así como también recibían en Venezuela la medicación necesaria de parte del programa. Algo que se cortó.

La confiscación de la Fundación significó, además, la imposibilidad para nuevos pacientes de poder realizarse estos tratamientos ante enfermedades graves. Desde aquella fecha, por ejemplo, el programa no financió la llegada de más niñas y niños para ser tratados en Argentina. A pocos meses del robo de la Fundación, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, comunicó la muerte de Giovanny Figuera, un niño venezolano de 6 años que requería un trasplante de médula ósea y medicamentos especializados que son importados, a los cuales ya no pudo acceder. Lamentablemente, hasta la fecha ese no fue el único caso.

Qué pasa en Argentina

En Argentina, el programa de asistencia médica auspiciado por el Estado venezolano, desde el año 2008 salvó la vida y protegió a más de 109 niños y niñas de Venezuela, quienes recibieron satisfactoriamente sus trasplantes hepáticos y tratamientos post trasplantes. La cobertura no sólo implicó esa cirugía, sino, además, poder llegar hasta el país con sus familias, alojamiento, medicamentos y todo el tratamiento que sigue, que en muchos casos requiere otras operaciones, controles periódicos o largas internaciones, por el tipo de patologías de alta complejidad.

Las seis familias que se encuentran en Buenos Aires vieron suspenderse los tratamientos de sus hijas e hijos cuando CITGO fue capturada. Luego, con dificultades, lograron prórrogas que sólo duran unos pocos meses, razón por la que viven en la constante incertidumbre sobre la continuidad del programa y el tratamiento. Los contratos poseen ahora fechas de retorno, aun cuando el médico a cargo no brindó fechas de alta posibles.

Istvan Díaz, que hoy tiene 9 años, estaba en Venezuela cuando CITGO fue cooptada. “Es un paciente trasplantado de hígado, que requiere un retrasplante de hígado -contó su mamá Leudi Parra– Estuvimos en 2013, en el Hospital Italiano. Istvan vino a trasplantarse con dos años de edad. Fue beneficiado por la Fundación Simón Bolívar porque cada niño que naciera con este tipo de enfermedades era beneficiado por la Fundación. Estuvo hasta 2016, luego regresó a Venezuela. Tuvo la tutela de la Fundación hasta el 2018 porque en 2019 cambia la directiva, porque fue cuando nos robaron CITGO”.

La Fundación lo abandonó. Por esa razón, no pudo llegar a la Argentina al control que debía realizarse en 2019. Este año logró, a través del Estado venezolano, volver al país para continuar su atención médica, sin embargo, perdió su órgano y su salud se deterioró: ahora requiere de un retrasplante con urgencia. Es el séptimo niño, de los que están en Argentina, que necesita continuar su tratamiento de alta complejidad, aunque está fuera del programa de CITGO.

“En Venezuela hay 29 niños esperando ser trasplantados, algunos en estado muy delicado, que deben ser trasplantados porque si no su vida no va a poder ser. Queremos que la Fundación vuelva a ser de Venezuela y CITGO vuelva a ser de Venezuela, porque era la que ayudaba a estos niños, porque van a seguir naciendo niños con enfermedades como esta y no tienen la posibilidad de vida, porque la única posibilidad de vida para estos niños es un trasplante. Y si no contamos con este apoyo, los niños van a seguir falleciendo. Y eso es una violación de los derechos humanos de estos niños”, sostuvo Leudi Parra a Barricada TV/Radio Gráfica.

Demanda mundial por los derechos humanos

Este año, las familias que vieron suspendidos sus tratamientos expusieron su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 180 Período de Sesiones Virtuales. Además, la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, luego de dos semanas de visita a Venezuela, instó a Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela.

La relatora observó, en sus conclusiones preliminares, que las sanciones sectoriales a las industrias del petróleo, el oro y la minería, el bloqueo económico de Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central exacerbaron las calamidades económicas y humanitarias preexistentes al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura para los programas de apoyo social, situación que genera un efecto devastador en toda la población de Venezuela.

En el informe publicado el 14 de febrero de 2021, sostiene que “el desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. También se observa un crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013″.

La Fundación y CITGO-PDVSA respondieron a ese documento admitiendo que el apoyo brindado, por entonces desde el mismo Estado y con cobertura integral en todos los casos, era de vida o muerte: “Si bien este apoyo era vital para los individuos beneficiados, la creación de capacidades en Venezuela para tratar estas enfermedades de alto riesgo beneficiaría a un número mucho mayor de venezolanos que lo necesitan”. A pesar de querer “instalar capacidad” en Venezuela, como expresan en su nota, recientemente, transfirieron cerca de 300 mil dólares a 10 organizaciones ganadoras del Programa de Pequeñas Subvenciones para combatir el COVID-19 en Venezuela:

• Fundación American Initiatives for Social Development (está en Nueva York, Estados Unidos).
• La organización Big Little JC (está en Texas, Estados Unidos).
• La organización Universidad Simón Bolívar Alumni Association of America Inc. (está en Massachusetts, Estados Unidos, aunque patrocina a otra que está en la otra punta, hacia el Pacífico: Code for Venezuela, Silicon Valley, California, Estados Unidos).
• Action of Solidarity Inc. (está en Miami, Estados Unidos).
• Primeros Auxilios Ulandino (esta sí, está adentro de Venezuela y cuenta con el apoyo de algunos bancos, también).
• Saludos Connection (está en Texas, Estados Unidos)
• Sociedad Amigos del Hospital de Especialidades Pediátricas (van dos en Venezuela).
• I Love Venezuela (Miami, Estados Unidos, y tiene buenos amigos, como el JP Morgan Chase)
• Fundación A Better America (cualquier similitud con lo anterior, no es pura coincidencia)

De forma inversa al informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas y los derechos humanos, Alena Douhan; la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mantuvo una reunión con las familias afectadas y nada dijo al respecto en sus informes posteriores.

Virginia King, de la Fundación Latinoamericana para la Defensa de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), relató que varias veces expusieron esta situación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Desde Fundalatin reclamaron también al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y lograron el apoyo de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, los Curas en la Opción por los Pobres, entre otras personas, incluidos diputados y diputadas del oficialismo. Pocos meses atrás, emitieron una carta al presidente Alberto Fernández para invocarle ayuda humanitaria para poder negociar con la Fundación Simón Bolívar para la continuidad del programa para las seis familias que lo necesitan y para explicar la situación de Istvan Díaz, que requiere un trasplante hepático urgente.

Recientemente, el 21 de julio de 2021, 6 Relatores y Expertos de Naciones Unidas publicaron un Comunicado de Prensa reclamando a Estados Unidos por afectar directamente los derechos fundamentales de venezolanos y venezolanas, mediante sanciones Ilegales que impiden tratamientos de pacientes con cáncer:

“…algunos pacientes han quedado varados, desamparados, en países a los que fueron a recibir tratamiento. Se trata de un programa dirigido por la Fundación Simón Bolívar, el brazo caritativo de Citgo Petroleum Corporation, con sede en Estados Unidos, que ayudó a los pacientes con cáncer, incluidos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos que salvan vidas. Cientos de estos pacientes solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el gobierno de Venezuela, pero su tratamiento se suspendió cuando Estados Unidos rechazó el control de Citgo Petroleum Corporation al gobierno venezolano”.

* Barricada TV/ Radio Gráfica