Por Mara Espasande *
Les comparto algunos párrafos de un texto que escribí hace un tiempo siguiendo la hipótesis de Norberto Galasso de que el menemismo fue expresión de la transformación de la base objetiva de parte del Frente Nacional. Sabemos que la historia se construye con colectivos, actores sociales, clases y sujetos. En interacción. Nunca la defección o traición de una sola persona explica el devenir histórico. Por eso, debatir y comprender al menemismo -y su naturaleza política-, resulta una tarea fundamental de nuestros tiempos. Difícil sin dudas, porque muchos de los actores políticos de aquella época, siguen siéndolo hoy en día. Pero necesaria. Contexto internacional, guerra fría, “globalización” y discurso único…
¡Bienvenido el debate!
Hasta 1989 el peronismo había constituido un impedimento para la profundización de las políticas neoliberales. Pero en aquel convulsionado año para el mundo y también para nuestro país, la historia cambia su rumbo.
Fue el propio justicialismo el que llevó a cabo la reconversión económica y la reforma del Estado tan demandada por el nuevo bloque hegemónico conformado en 1976 y por los Estados Unidos quien emergía luego de la Guerra Fría como la potencia hegemónica del nuevo orden unipolar.
Durante la década del ´90 se profundizaron en toda América Latina y el Caribe la política neoliberal aplicadas en los años ´70. Las mismas, tuvieron consecuencias sociales, económicas y políticas negativas para los pueblos de la región. En términos generales, reestructuraron el sistema productivo provocando una redistribución regresiva del ingreso y la renta nacional.
Estados Unidos e Inglaterra fueron los pioneros en la aplicación de las reformas neoliberales. En Estados Unidos ocurrió bajo la gestión de Ronald Reagan (1981-1989) -continuada y profundizada por G. Bush- que llevó adelante importantes rebajas fiscales a favor de las empresas de rentas más elevadas, recortes en los salarios y del gasto público referido a la asistencia social. Se realizó, además, una fuerte apelación al sentimiento individualista y nativista de la sociedad norteamericana, exacerbando el odio hacia el comunismo, tendiente a legitimar la política exterior que reavivaría el enfrentamiento con la URSS. Pero el ajuste no se llevó adelante en todos los ámbitos de la estructura estatal, mientras se achicaba el “gasto” social, aumentó notablemente el gasto militar, necesario para sostener las numerosas intervenciones de los EEUU en los conflictos internacionales de la época, tales como la invasión a Granada, la asistencia a la guerrilla antisandinistas (los “contras”), la ayuda económica a Jordania, Arabia Saudita y Kuwait y el apoyo a Israel.
Estados Unidos buscó retomar el control político y geográfico de las zonas en donde evaluaban que habían sido perdidas por la administración Carter. En un documento elaborado por las autoridades norteamericanas denominado “Documento de Santa Fe” se refirió al enfrentamiento con la URSS como la “Tercera Guerra Mundial” y a los países periféricos como “escenario” de la misma. En este marco, se construyó el concepto de “Guerra de Baja Intensidad” (GBI), es decir, conflictos armados pero sin la existencia de una declaración abierta de guerra.
Por su parte, Europa también adoptó la aplicación de medidas neoliberales. Margaret Thatcher (1979-1990) en Inglaterra abandonó las políticas keynesianas adoptando una política monetarista orientada a reducir la inflación y el déficit fiscal. Al igual que la política exterior norteamericana, impulsó el fortalecimiento de un nacionalismo expansionista basándose en los valores tradicionales victorianos.
El recrudecimiento del enfrentamiento entre el bloque capitalista y el bloque socialista fue conocido como “la segunda guerra fría”. El fin del período de coexistencia pacífica abrió una nueva fase de militarización. Nuevamente en los Estados Unidos, los derechos civiles fueron cercenados, el neoconservadurismo ganó posiciones y la persecución ideológica creció en el campo educativo y artístico.
Por su parte, en la URSS Mijail Gorvachov (1989-1991) llevó adelante un conjunto de medidas –estructuradas a partir del Glasnot y la Perestroika- que terminaron con la disolución del bloque comunista y la simbólica caída del Muro de Berlín (1989). La experiencia del socialismo real había terminado. A partir de allí, Estados Unidos se autoproclamó potencia triunfadora y al capitalismo como el único sistema posible. El discurso triunfalista de la burguesía trasnacional se extendió –mediante la red masiva de medios de comunicación- a todas las regiones del mundo. La “nueva era globalizada” y el neoliberalismo fueron presentado por el poder financiero mundial como una realidad inevitable.
Desde la potencia del norte se realizaron un conjunto de recomendaciones realizadas por John Williamson conocidas como el “Consenso de Washington” y que se constituyeron en la política oficial de Estados Unidos para América Latina. Fue presentado como el único camino para superar la crisis de los años ochenta. El recetario incluía: ajuste estructural para mejorar la competitividad; estabilización macroeconómica; desprotección a través de liberalización comercial, financiera y la inversión extranjera; desestatización mediante la privatización de empresas públicas y reducción del gasto público. Se sostenía que estas medidas estructurales generarían el ámbito propicio para la generación de nuevas formas de acumulación de capital que ofrecerían la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y a las ventajas de la reciente “globalización financiera”.
El disciplinamiento que supuso la represión militar en los años ´70 allanó el camino para que sea durante la década de los ´90 y bajo gobiernos democráticos se implantara el neoliberalismo en su forma más extrema. Ahora sí el recetario del Consenso de Washington se constituye en el programa de gobierno de todos los países de la región: Sánchez de Lozada en Bolivia, Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Fernando Collor de Melo y Enrique Cardoso en Brasil, Sixto Ballén en Ecuador, Lacalle en Uruguay, Salinas de Gortari en México, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera en Venezuela.
En la Argentina Menem -y parte del peronismo- interpretó que efectivamente el contexto internacional demandaba el cambio de rumbo, aun si esto implicaba el alejamiento de los principios fundantes del justicialismo. El contexto internacional fue sin dudas, uno de los elementos que permiten comprender el viraje del histórico movimiento popular.
Norberto Galasso ofrece otra clave para reflexionar sobre este fenómeno: los cambios acontecidos desde 1976 en uno de los sectores sociales que históricamente integró al movimiento policlasista: la burguesía mercadointernista se había trasnacionalizado y bajó un complejo sistema de alianza había logrado que el Partido actuara a su servicio. Desde sus orígenes se había caracterizado por ser un frente policlasista donde confluían diferentes sectores sociales. Durante la etapa 1945-1976 la búsqueda del desarrollo de un capitalismo autónomo y el fortalecimiento del mercado interno había sido un punto central en la articulación dentro del movimiento. Sin embargo, parte de la burguesía nacida al calor del primer peronismo, había sufrido cambios materiales, consecuencia de las transformaciones del capitalismo a nivel mundial. En la búsqueda constante de aumento de ganancias buscaron adaptarse a los “nuevos tiempos globalizados” y tejieron una alianza con el capital extranjero. La composición de la clase dominante en la Argentina, había comenzado a cambiar. Galasso sostiene al respecto: “una de las cuestiones fundamentales que había pasado durante la dictadura genocida, fue la aparición de un grupo muy importante de empresarios, grandes consorcios que prácticamente llegaron a tener tanto poder como la vieja oligarquía rural” , proceso que no pasó desapercibido para el diario La Nación donde en una editorial de los años ´80 reflexionó: “se está verificando la concentración económica en varios consorcios poderosos que no pertenecen al viejo establishment” .
Un caso paradigmático es la familia Macri, quien en los inicios del menemismo narró cómo se conforma un grupo de empresarios que le presentan un programa económico al Presidente electo, que incluía la propuesta de nombrar como Ministro de Economía a Miguel Roig, aceptado por Carlos Menem . Se produjo entonces, una articulación de la burguesía nacional con la transnacional industrial y financiera, confirmando un nuevo bloque hegemónico que controló la dirección del Estado. Entre ellos se encontraban Franco Macri, Amalia Fortabat, Guillermo Khul, los representantes del grupo Bunge y Bor, Techint, Pérez Compac. La actividad financiera se convirtió en una nueva vertiente de sus negocios: Pérez Compac invirtió en el Banco Río, Macri en el Banco de Italia, Bulgheroni en el Banco del Interior, entre otros.
Como tercer factor, se encuentra el disciplinamiento social que generó la hiperinflación que provocó la renuncia de Alfonsín, allanó el camino para la implementación de políticas recesivas y de la convertibilidad que aseguraban el control de la inflación.
En cuarto lugar, cabe señalar la importancia y el rol que cumplieron los medios de comunicación que colaboraron en el fortalecimiento de ideas tales como “todo lo estatal es ineficiente”, “achicar el estado es agrandar la nación”, etc. Comunicadores, tales como Bernando Neustad en la Argentina, dedicaban sus programaciones a realizar una crítica al “estatismo desmedido”.
Una vez en el gobierno, los lemas de la campaña -el “salariazo” y la “revolución productiva”- quedaron pronto en el olvido. Apenas asumió el gobierno Carlos Menem impulsó una política contraria a la doctrina peronista.
Los ministros de la economía comenzaron a ser elegidos por el bloque económico concentrado, que los iba reemplazando según sus necesidades. Roig, Rapanelli, Erman González y finalmente, en 1991, Domingo Cavallo circularon por esta cartera: ajuste estructural, deuda externa, privatizaciones, apertura económica y ajuste fiscal, fueron los ejes de la nueva política que buscó el equilibrio macroeconómico. Para esto, se sancionaron un conjunto de leyes que habilitaron el desguace del Estado: se destacaron la “Ley de Reforma del Estado” (agosto de 1989) y la “Ley de Emergencia Económica” (septiembre de 1989).
El Plan de la Convertibilidad se estableció finalmente en abril de 1991. Mediante esta Ley, se estableció un tipo de cambio fijo: un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense.
Esta política se complementó con la apertura comercial tendiente a favorecer la importación de manufacturas con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria nacional. Pero, la avalancha de productos extranjeros lejos de impulsar la modernización del aparato productivo argentino, produjo el cierre masivo de fábricas completando la tarea de destrucción de la industria nacional que había comenzado la política económica llevada adelante por Martínez de hoz durante la última dictadura cívico-militar.
Por otro lado, se aplicó un amplio plan de privatizaciones de empresas públicas: ferrocarriles, petróleo, aviación, subterráneos, telefonías, agua, electricidad y gas, fueron algunas de las áreas estratégicas que quedan en manos del capital privado nacional y/o transnacional.
El ejecutor de las masivas privatizaciones fue el ministro de Obras y Servicios Públicos José Roberto Dromi, quien en una ocasión expresó: “nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Algunas de las empresas privatizadas más emblemáticas fueron:
ENTEL: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue creada en 1948 por el gobierno de Perón, llamada por aquel entonces “Teléfonos del Estado”. A partir de la dictadura militar de 1976-1983 entró en un período de estancamiento que hizo decaer la calidad de los servicios y culminó con su privatización en 1990. Telecom Argentina y Telefónica de Argentina fueron las dos empresas que se apropiaron el mercado. Esta privatización la llevó adelante María Julia Alsogaray bajo sospechas de escandalosa corrupción. Los despidos y “retiros voluntarios” fueron masivos. Antes de la venta de la empresa se redujo el personal de 45.000 a 32.000.
Agua y Energía: Fue creada durante el primer gobierno de Perón en 1947 a partir de la fusión de diferentes organismos del Estado. Tuvo por misión la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Esta empresa incorporó como novedad la construcción y operación de Centrales Hidroeléctricas y además desarrolló sistemas de Riego y uso de agua. Su ámbito de actuación fue el territorio nacional, su lema “Agua y Energía factor de progreso”. Desarrolló todos los sistemas eléctricos intermedios de las diferentes regiones argentinas, tales como el NOA, NEA, Litoral, Centro, Cuyo, Comahue y Patagónica. En los años `70, construyó el Despacho Nacional de Cargas, ubicado en Rosario, que dirige en tiempo real todo el sistema eléctrico Nacional, asegurando la confiabilidad del mismo. En los años `80 construyó la Red Nacional de Interconexión de 500 kW, que vincula a todas las provincias argentinas. En 1979 por una resolución conjunta del Ministro de Economía, Martínez de Hoz y el Ministro del Interior, se transfirió la distribución eléctrica a las provincias. A partir de la privatización en el año 1991-1992 algunos de estos grupos se transfirieron a la actividad privada -en más de 40 empresas- y muchos otros se perdieron. Funciones de planificación energética y de proyecto, aún 30 años después no fueron reemplazadas.
SEGBA: Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) fue una empresa pública argentina encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Fue creada durante el gobierno del Dr. Frondizi, cuando se vencieron las concesiones a Empresas extranjeras, unificando la prestación del servicio eléctrico en la ciudad de Buenos Aires y los 14 partidos del conurbano. Fue privatizada entre 1991 y 1992. Se dividieron sus tareas y se crearon 7 empresas privadas nuevas: EDENOR, EDESUR y EDELAP fueron las más importantes. También fueron creadas las empresas Central Costanera, Central Puerto y Central Dock Sud.
Correo Oficial de la República Argentina: Correo Argentino fue una empresa pública argentina creada en 1972. Durante la última dictadura militar se permitió la actividad de empresas privadas en el servicio de correos y en 1992 fue convertida en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA), constituyéndose en Sociedad Anónima. En 1997 ENCOTEL fue finalmente privatizada y pasó a ser propiedad del Grupo Macri. La Argentina fue uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. Luego de años de incumplimientos del contrato de concesión del grupo Macri, a fines de 2003 volvió a manos del Estado.
YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es símbolo sin duda de la pujanza y crecimiento económico que la Argentina tuvo durante el siglo XX. Proyectada y creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen esta empresa argentina se dedicó a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados. En sus primeros años de vida ocupó un lugar central su director, el Gral. Mosconi, expandiendo la presencia de la empresa a diferentes provincias del territorio argentino. YPF fue inclusive, impulsora de la fundación de nuevos pueblos y ciudades, tales como Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz o Plaza Huincul en Neuquén. Finalmente, fue privatizada al ser vendida a la española Repsol en 1999. En el año 2012 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó su renacionalización, expropiándole a REPSOL las acciones por incumplimiento de los contratos.
Otras empresas privatizadas fueron: Administración General de Puertos AGP; Aerolíneas Argentinas S.E.; Área Material Córdoba Aviones; Banco Hipotecario Nacional; Caja Nacional de Ahorro y Seguro; Canal 11, Dicon Difusión S.A.; Canal 13, Río de la Plata S.A.; Empresa Líneas Marítimas Argentinas ELMA; Empresa Nacional de Telecomunicaciones; Establecimientos Altos Hornos; Fábrica Militar General San Martín; Fábrica Militar Pilar; Fábrica Militar San Francisco; Gas del Estado S.E.; Petropol; Petroquímica Bahía Blanca S.A.; Petroquímica General Mosconi; Petroquímica Río Tercero; Polisur Sociedad Mixta; Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires; Sociedad Mixta Siderurgia Argentina SOMISA; Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.; Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.; Interbaires S.A.; Intercargo S.A; Junta Nacional de Granos; Llao Holding; Monómetros Vinílicos; Talleres Navales Dársena Norte
Además, fueron concesionados los aeropuertos, Ferrocarril Belgrano S.A., Ferrocarriles Argentinos S.A., Ferrocarriles Metropolitanos S.A, Hipódromo Argentino, LR3 Radio Belgrano, LR5 Radio Excélsior, LV3 Radio Córdoba, Obras Sanitarias de la Nación y Yacimientos Carboníferos Fiscales (Y.C.F). El Astilleros y Fábricas Navales AFNE S.A. fue provincializado y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) fue disuelto al igual que Carolina S.A. Minera, Consultara S.A. de la Armada; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, el Fondo Nacional de la Marina Mercante, la Junta Nacional de Carnes, Tanque Argentino Mediano S.E. (TAMSE) y Tecnología Aeroespacial S.A. (TEA).
Como puede observarse, la política privatizadora afectó a todos los sectores: servicios, telecomunicaciones, producción, transporte, industria y también a las Fuerzas Armadas que se vieron fuertemente desfinanciadas. Las consecuencias no solo fueron económicas sino también sociales. En el caso de los ferrocarriles el impacto social fue inconmensurable. El cierre de los ramales no sólo implicaba la pérdida de puestos de trabajo sino el aislamiento y la condena de cientos de pueblos que quedan aislados sin ningún tipo de comunicación ni medios de vida. La Banda, Simbol, Loreto, Beltrán en Santiago del Estero, Laguna Paiva y San Cristóbal en Santa Fe, Navarro, Las Marianas en Buenos Aires, Pluma de Pato, Morillo en Formosa, Desiderio Tello, Carrizal, Patquía en La Rioja, fueron alguno de ellos.
Pero mientras tanto, la estabilidad macroeconómica alcanzada y el freno de la inflación, generaron el apoyo de gran parte del electorado, que se tradujo en la elección de convencionales constituyentes en 1994. Previo acuerdo con la UCR en lo que se denominó el “Pacto de Olivos”: con la Reforma Constitucional Menem quedó habilitado para ser reelecto y en tanto el radicalismo obtenía la posibilidad de continuar con amplia representación parlamentaria al considerar que el escaño del tercer senador nacional correspondía a la minoría.
En julio de 1995 Menem asumió por segunda vez la presidencia. Pero liquidadas las empresas del estado, con un creciente desempleo, que en 1995 alcanza el 16,8 % de la población económicamente activa, causado por los despidos masivos del sector público, la disminución de la inversión pública, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la protesta social comenzaría a aumentar.
Por otro lado, el modelo económico impuesto en la era neoliberal sólo podía funcionar en base al endeudamiento externo. El libre comercio había provocado un aumento notable de las importaciones (en 1991 eran de 8.276 millones de dólares y en 1999 de 24.103 millones de dólares), que generó un fuerte déficit en la balanza comercial. Si a esto le sumamos los giros al exterior por repatriación de utilidades (mecanismo por el cual las empresas multinacionales transfieren las ganancias a sus casas centrales) y el pago de los servicios la deuda, la única alternativa para que las cuentas cerraran era el constante endeudamiento externo. Ni siquiera los cuantiosos ingresos generados por la venta de las empresas públicas equilibran las balanzas públicas.
Por eso, entre 1989 y 1999 se toma una deuda equivalente a un promedio de 6.000 millones por año. La deuda externa, además de los problemas económicos, provocó una fuerte dependencia política hacia los órganos acreedores –principalmente el FMI-, que se adjudicaron la potestad de monitorear las políticas aplicadas y las medidas que entendían como necesarias para garantizar los pagos a término.
En forma directamente proporcional aumentó la deuda y la pobreza e indigencia. Hacia el final del segundo gobierno de Menem contaba el 26 % de la población argentina se encontraba bajo la línea de pobreza y el 6,7 % en la indigencia.
(*) Licenciada en Historia, directora del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús.
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