Panorama sindical. Un año

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

¿Cómo analizar este año? ¿Cómo hacer un balance ante un escenario inédito a nivel global generado por la pandemia de coronavirus? ¿Cómo medir la crítica con el respaldo necesario a un gobierno de coalición atravesado por operaciones cotidianas de desestabilización?

Este Panorama también cumple seis meses de relatar y debatir la cuestión sindical y política. Nuestra editorial está plantada desde el pueblo y desde el sur. Insistimos que la política internacional debe ser el punto de partida y la historia tiene que permitirnos reflexionar sobre los grandes temas nacionales.

Todo empezó con la inesperada jugada de Cristina Fernández de correrse de la escena principal. Eligió a un hombre que fue tan cercano a Néstor como crítico a su gobierno. Alberto Fernández, sin base propia, se puso al hombro hacer equilibrios para lograr y a la vez mantener la unidad política.

Hay que recordar el “cafecito” con Sergio Massa, que hasta último momento esperó a aceptar el ingreso al Frente, especulando con mejores condiciones – lugares en las listas y en posteriores espacios de gestión.

Las diferencias y las tensiones estuvieron todo el año. Sobre todo los medios de la anti-patria buscan de manera cotidiana romper la coalición. Ese es el mayor interrogante sobre el futuro. No para el 2021, donde más allá de discusiones obvias sobre el armado de listas, la salud del Frente de Todos parece estar garantizada. El tema es 2023.

¿Cómo consolidar un proyecto de país que implique un “Nunca más al neoliberalismo”? Esa es la cuestión, y ese debe ser el eje de quienes amamos a nuestra Patria. Asumiendo que se ha naturalizado, sobre todo en los medios, la militancia cipaya en Argentina.

Ahora bien, vayamos a un breve repaso de este año de gestión. El gobierno arrancó en diciembre de 2019 con una excesiva moderación en el gasto público, que fue muy criticado en ese entonces por las urgencias sociales tras la tierra arrasada macrista. Durante el verano se trabajó sobre todo con la Tarjeta Alimentar, buscando resolver el hambre en “el país de la tierra”. “Comenzar por los últimos”, fue la consigna inicial.

Hubo retrasos en los armados administrativos del Estado Nacional y la decisión fue no comunicarlo. En Gráfica hemos hablado (en off) con muchos funcionarios que daban cuenta del caos que había dejado la Ceocracia, pero como la bajada era “cerrar la grieta”, se priorizó la gestión.

Y llegó la pandemia y empezó otro cantar, donde la inversión en salud fue histórica. Se pueden decir muchas cosas, pero hay datos de la realidad innegables: A nadie le faltó ni atención médica ni una cama de terapia intensiva.

En ese período, voló por los aires la idea de ir bajando gradualmente el déficit fiscal por parte de Martín Guzmán. Además de la inversión en salud, también se crearon programas como el IFE, el ATP, hubo una baja el pago de las cargas sociales, créditos, Repros que permitieron que no estallara una fenomenal crisis de empleo. Los índices empeoraron, por supuesto, en una carga que sobre todo cayó sobre los hombros de las y los trabajadores de la economía popular, aquellos con mayores niveles de precarización y cuentapropistas. El punto positivo es que no se registraron despidos masivos ni en el sector privado ni en los diferentes estamentos del Estado.

Luego vino la etapa de la reestructuración de la deuda a cargo de Sacaschispas Guzmán, cuya subestimación fue tan grande como el giro editorial de “grandes” medios que pasaron de la crítica al aplauso. Por poco tiempo, porque luego vendría la corrida cambiaria.

No hay que olvidarse de Vicentin. Un capítulo que aún está abierto en la política argentina, aunque no se avizora la salida que necesitamos: que el Estado tenga una empresa testigo en el mercado de exportación de granos y cuente con información sobre lo que ocurre en una actividad donde la subfacturación y triangulaciones son moneda corriente.

Aquí está el nudo de la encrucijada actual ¿Desarrollismo o peronismo?, nos venimos preguntando desde este medio. Pero para ser justos tenemos que ampliar el análisis a las fuerzas sociales.

¿Cómo actuó la CGT y los movimientos populares en el caso Vicentín? Hubo movilizaciones de los gremios locales en Reconquista y Avellaneda.

Es cierto que la pandemia impedía la presencia callejera, aunque el “método caravana” se impuso para el 17 de octubre y en poco tiempo (un mes) se volvió a las grandes marchas a pie.

Es necesario analizar la cuestión desde las fuerzas vivas, a sabiendas de nuestra cultura caudillista que viene de las mejores expresiones federales del siglo XIX. Porque tras el peronismo, el movimiento obrero en la Resistencia plantó su proyecto de país en diferentes programas.

¿Cuánto hay de esa experiencia hoy? Está el debate en ciernes, desde aquí afirmamos que la característica defensiva está más presente que la voluntad ofensiva. Porque las contradicciones están también en el campo del pueblo.

Pensemos que Alberto Fernández en un año estuvo dos veces en el salón Felipe Vallese de la CGT, donde nunca había entrado según confesó. El 8 de noviembre tras el triunfo electoral dijo que el sindicalismo sería parte del gobierno y propuso que ese histórico edificio fundado por Perón en 1950 tenía que convertirse en un espacio para la formación e investigación para el futuro del trabajo.

Pero el Consejo Directivo no era y sigue sin ser representativo. La pandemia pateó los cargos para delante. Hablaron en ese entonces Acuña y Daer. El 17 de octubre de este año, en el 75 aniversario de 1945, el Presidente volvió a la central sindical, en un acto que quedó rápidamente en el olvido. Porque la fuerza estuvo en la calle.

Un movimiento obrero con capacidad de resistencia pero sin un liderazgo claro ¿Será el 2021 el año de una CGT unida que pueda apuntalar el proceso histórico? Es la voluntad de gran parte de la dirigencia. Siempre recordamos que en nuestro país hay cerca de 70 mil dirigentes sindicales que encarnan el proyecto nacional y popular.

Hacemos hincapié en la dispersión y los conflictos de la representatividad, porque el Consejo Directivo que esta semana estuvo en Olivos “haciendo las paces”, unas semanas atrás sacó un comunicado crítico al gobierno, pero son los mismos que se reunieron con la AEA. Un encuentro que no se puede desconocer, porque en aquel “zoom” con los Rocca y Magnetto, los cegetistas suscribieron a un documento que exigía al gobierno la reducción de impuestos y llegar a un acuerdo con los acreedores (olvidándose de una palabra que debería ser prioridad: soberanía).

Estos elementos deben estar en la mesa ¿Cómo exigirle al gobierno lo que las fuerzas sociales no plantean? En el caso de los movimientos populares, con la UTEP como referente principal, han logrado un poder que va en ascenso. Tampoco impusieron una agenda programática diferente, más allá de haber participado de experiencias como el “Manifiesto por la Soberanía, la Producción y el Trabajo”.

¿Cuál es el camino? ¿La unidad? ¿Bajo qué propuesta o programa? ¿A partir de qué práctica política? ¿Cómo defender el salario ante una crisis mundial galopante? ¿Cómo discutir hoy el pleno empleo? ¿Cuáles son las alianzas que deben construirse?

No se trata aquí de defender al gobierno, para eso están sus funcionarios (algunos de los cuales siguen sin funcionar). La apuesta del oficialismo es a un diálogo con todxs, un Alberto “encantador” que se sienta y escucha… pero a la hora de definir están las tensiones reales.

El Consejo Agroindustrial obtuvo prerrogativas como la baja de retenciones y sigue sin liquidar lo que se comprometió. El planteo de la gestión nacional es “exportar, exportar, exportar”, tiene sentido porque se pactó pagar la deuda. Pero, ¿a qué costo? Esta semana Alberto estuvo en la fábrica Syngenta de agrotóxicos en Venado Tuerto, Santa Fe. Allí se anunció la venta de soja a China por más de 500 millones de dólares. En la misma semana que se debatió el uso del suelo tras incendios, que en muchas provincias fueron devastadores. Ahí hacemos un llamado de atención, porque la agenda del medio ambiente llegó para quedarse y es una de las claves para disputar un modelo productivo sustentable.

Se espera para los próximos días la convocatoria al demorado Consejo Económico y Social, que Alberto Fernández conformaría a partir de un decreto presidencial y no de una ley del Congreso, como había planteado inicialmente. ¿A qué actores sociales llegará la convocatoria?, es una pregunta central para un espacio que conformará la agenda a debatir. ¿Cuál será la agenda que planteará el movimiento sindical? ¿Y la CGT? ¿Aquellos puntos que acordó con AEA?

La deuda del movimiento obrero y popular  es contar con un programa que pueda contemplar al conjunto para sentarse en esas mesas de discusión, porque si hay algo que tienen muy claro los sectores de poder son sus necesidades y ambiciones.

FÓRMULA PREVISIONAL. “Con Claudio Moroni y Fernanda Raverta se nos ocurrió volver a las fórmula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales”, explicó el presidente Alberto Fernández sobre las modificaciones en el proyecto de ley que envió al Congreso para calcular el aumento a los jubilados, que iba a ser semestral y pasó a ser trimestral. “Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, para mi sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados”, agregó Fernández.

¿Fue Cristina? No solamente. En realidad los senadores se dieron cuenta que si aprobaban el proyecto original iban a quedar en orsai respecto a Diputados, donde otros se llevarían “los laureles”. Un punto crítico era que el aumento de diciembre del 5% estaba planteado que sea “a cuenta” del aumento de marzo. Por otro lado además de ser cuatro actualizaciones por año, en vez de dos, la fórmula será 50% por recaudación y 50% a partir de la mejor paritaria (antes era un promedio del conjunto de los acuerdos alcanzados por el pueblo trabajador).

SALARIOS, DOS AÑOS Y MEDIO DE CAÍDA. Las estadísticas describen con frialdad lo que cada trabajador y trabajadora vive en el día a día: La plata no alcanza, o alcanza cada vez para menos. Esta semana el INDEC difundió el Índice de Evolución de los Salarios que registró un alza frente al mes anterior del 2,5%, frente a una inflación en el mes del 2,8%.

El dato alarmante es que el retroceso salarial frente a la inflación y una crisis económica que desde abril de 2018 no da tregua, pero vale hacer la distinción. Gran parte de la responsabilidad fue por políticas deliberadas de empobrecimiento y transferencia de recursos de trabajadores hacía sectores concentrados (timba financiera, agro, empresas de energía y exportadores) implementadas durante el macrismo. A ello se sumó la pandemia que derrumbó economías y destruyó empleos en todo el mundo. Políticos, economistas e incomunicadores sociales buscan responsabilizar al gobierno del Frente de Todos de la actual crisis como si no existiría un hecho inédito en la historia como la actual pandemia.

En las redes sociales, el economista Martín Kalos publicó un tuit muy interesante mostrando el deterioro salarial de los últimos años comparando septiembre de 2020 con los previos: 2019 (-2,4%); septiembre 2018 (9,1%); septiembre 2017 (-19,9%) y septiembre 2015 (-20,5%).

Si uno de los objetivos del gobierno macrista era bajar el costo laboral argentino, sin dudas lo logró. Ni hablar al considerar el salario promedio medido en dólares donde Argentina, en comparación con otros países de la región, pasó del primer lugar a entrar en la pelea por evitar el descenso, en términos futbolísticos.

La Consultora Mercer difundió esta semana una encuesta donde colocó a la Argentina con los salarios más bajos de la región medido en dólares. “Esto pareciera que va a empeorar y que la Argentina por un tiempo al menos seguirá siendo muy barata en dólares”, expresó Ivana Thornton, su directora Ejecutiva.

La expectativa manifestada por el propio ministro de Economía Martín Guzmán es comenzar a revertir la tendencia para el 2021, donde vacuna mediante, poder recuperar un funcionamiento pleno de la economía y que los salarios avancen por encima de la inflación. Una necesidad para alivio de los trabajadores y reconstituir un círculo virtuoso con más salario, consumo y crecimiento económico. Al menos en una primera instancia donde existe una crisis social profunda (44% de pobreza indicó la UCA esta semana en referencia al tercer trimestre del año) que permita activar la economía y el empleo. Paralelamente dar el debate estructural del cual el Gobierno es consciente, generar las condiciones para un ingreso de divisas que permita esquivar la restricción externa, el eterno talón de Aquiles de los gobiernos populares.

TARIFAS. La inflación viene en ascenso en los últimos meses y pareciera que diciembre va a tener un número alto como se puede comprobar día a día cualquier persona al salir de compras. Para 2021 se esperan más aumentos que estuvieron congelados todo el año o gran parte como son las tarifas de luz, gas y agua, así como se espera un incremento de las compañías de telecomunicaciones.

Aún no hay certezas sobre lo que ocurrirá con las tarifas, pero ya hay adelantos por el camino que avanzarán. Habrá aumentos en el primer tramo del año que comenzarían a aplicarse desde marzo próximo, pero congelando y subsidiando las tarifas en el caso de los sectores que no están en condiciones de afrontar los aumentos. Retomar la sintonía fina planteada por Cristina Kirchner en 2012 y que no terminó aplicando durante su gobierno, es decir que aquellos que estén en condiciones de hacerlo paguen el incremento.

Párrafo aparte, los que conocen el estado del sistema eléctrico de la zona AMBA ya advierten que se vendrá un verano álgido con cortes de energía recurrentes, especialmente en las jornadas calurosas. Una buena oportunidad para volver a poner en el centro del debate la necesidad de inversiones y que un sector estratégico como la energía para el desarrollo del país vuelva a ser controlado desde el Estado.

CAPEP. El jueves se lanzó la CAPEP (Cámara Argentina de la Economía Popular) en la empresa recuperada Aceitera La Matanza. Estuvieron presentes los ministros Arroyo y Basterra y de manera virtual Kulfas. También hubo respaldos desde Fundación IDEA y la UIA, los bancos públicos, el BICE y los organismos que certifican calidad como IRAM. Quien promueve la cámara es el Movimiento Evita, que convocó a las recuperadas y sectores del cooperativismo.

Mientras la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) se propone organizar a quienes trabajan por fuera de los convenios colectivos, la CAPEP pone el eje en la producción. En su documento fundacional propuso un orden de prioridades: 1) El acceso al crédito: a través del impulso de canales de financiamiento bancario y no bancario destinado a la compra de maquinarias. 2) El impulso a la formalización fiscal del sector: a través de nuevos instrumentos fiscales y jurídicos que reconozcan la heterogeneidad del entramado productivo no tradicional. 3) Desarrollo de una red de transporte y logística que integre al país con nodos de transporte en lugares estratégicos.

Estos son los primeros puntos que destacan en una cámara que veremos cuál es su desarrollo. Sabemos que a la hora de definir las compras en el estado, amerita replantear las compras públicas. Cabe repasar la polémica de sobreprecios en las licitaciones del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Podemos poner también el ejemplo de dónde imprime el Ministerio de Educación… Ya lo hemos denunciado, en Clarín y Perfil, mientras nuestros compañeros de Gráfica Patricios esperan buenas nuevas.

Pero el problema de la concentración no se resuelve desde una Cámara, sino que depende de políticas públicas. ¿Cómo lograr el acceso al crédito para las recuperadas con la ley de entidades financieras vigente?

AMADO. Lo anticipó el tridente mediático antinacional y lo ratificó la Corte Suprema. La respuesta a un nuevo capítulo de “guerra jurídica” contra Amado Boudou tuvo repercusión. Dentro del Frente de Todos se expresó el gobernador Axel Kicillof que publicó en tuiter: “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare”. A su vez la sindicalista Vanesa Siley, también diputada e integrante del Consejo de la Magistratura repudió a los cortesanos y planteó este ataque se dio en respuesta al avance del oficialismo en el Congreso: “Aporte extraordinario a las grandes fortunas, fórmula de movilidad jubilatoria que Amado había planteado en el 2008 y reforma de leyes orgánicas de Ministerio Público en temario de sesiones extraordinarias”, caracterizó Siley, que agregó “El funcionamiento de los grupos de poder, mediáticos y una Corte presidida por un empleado de estos sectores, se pondrá en funcionamiento cada vez que toquemos intereses de los poderosos. Eso es el Lawfare y Amado, una víctima de ello. Para un compañero de fierro como él, toda mi solidaridad y toda la fuerza. Fallos que avergüenzan al Poder Judicial todo”.

Cabe destacar que son decenas de presos y presas políticas que con este Poder Judicial será difícil que salgan en libertad, como corresponde. Milagro Sala el próximo 16 de enero cumplirá cinco años de prisión. En Gráfica el diputado nacional y hombre de confianza del presidente, Eduardo Valdés, se comprometió a ser solidario con la causa y la consigna “Una navidad sin presos políticos”.

Lo ocurrido esta semana con Boudou fue tan burdo que no puede descartarse un cambio de actitud del Ejecutivo en la materia.

CORTAS Y AL PIE

PARITARIA FEDERAL DOCENTE. El lunes se llevó a cabo una nueva reunión por la Paritaria Nacional Docente en la cual se selló la negociación salarial para el 2020. Los puntos acordados fueron un aumento del 10% del salario mínimo docente pasando de $25.000 a $27.500 y el pago de una suma extraordinaria correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente (extraordinario) de $4.840 a hacerse efectivo en cuatro cuotas de $1.210 y otras cuatro de $240 correspondientes a material educativo. El aumento total, incluyendo los ítems mencionados, es del 36% en el año sumando el 23,5% que ya habían recibido en el primer tramo del año.

La negociación será retomada en febrero próximo. Puntos que los cinco gremios de alcance nacional que participan de la discusión pidieron que figuren en el acta firmada fueron la necesidad que se revea el pago del impuesto a las ganancias cuarta categoría y el pedido que se sumen progresivamente al básico sumas fijas no remunerativas y extraordinarias.

Otro cuestión planteada en la reunión fue la situación en la provincia de Chubut, donde arrastran meses de atraso salarial y aún no ha cobrado el medio aguinaldo correspondiente a mitad de año.

LA UOM CERRÓ SU PARITARIA. El gremio metalúrgico cerró su paritaria alcanzando para el período abril 2020-marzo 2021. Desde enero los trabajadores recibirán el aumento en dos cuotas, un 25% en enero y un 10% en febrero. Ello se suma a la suma fija de $6000 que los metalúrgicos ya habían pactado a cobrar entre agosto y diciembre.

SATSAID. El pasado 3 de diciembre pararon los trabajadores de televisión por cable en una paritaria nacional empantanada. Las cámara empresariales ofrecen un 11% a pagar en enero y febrero. Desde el gremio manifestaron la necesidad de cerrar el segundo semestre del 2020 con un incremento salarial del 14% a hacerse efectivo desde noviembre. A ello sumar un 11% extra a aplicarse entre enero y febrero.

APINTA. Trabajadores del INTA realizaron un paro de 48 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo y con desconexión virtual el 1 y 2 de diciembre rechazando el 7% de aumento salarial que recibieron los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Advierten que en el último lustro han perdido un 40% del poder adquisitivo del salario y que hoy un tercio de los trabajadores del organismo cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. También reclaman el pase a planta del 1800 contratados.

YAPA: RESPUESTAS A “LOS PUMAS”. Juana Del Carmen Brítez, de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) de la Argentina dialogó en Radio Gráfica sobre los difundidos tuits de los jugadores de rugby de la Selección Nacional.

“La violencia que tienen contra la mujer, contra el ser humano, con las personas, es impresionante, realmente”, comenzó Britez y planteó: “Tendrían que rever las instituciones, que de alguna manera educan en sus clubes a estas personas qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, hay una cultura dentro de este deporte, que no quiero decir que sean todos, pero algo están haciendo mal, esto de sentirse superior a cualquier persona, pareciera que ellos se sientes dioses y acá, si vamos al caso, el único dios fue Maradona“.

También Britez informó que después de mucho batallar lograron un aumento paritario para diciembre del 10%, que va con el aguinaldo, por lo que “los empleadores deben pagar con el aumento el aguinaldo”. Luego, en febrero el 8% y abril el 10%.

Sin embargo, un 75% de las trabajadoras de casas particulares no están registradas. Britez contó que su sindicato recibe “entre 800 y 900 consultas, porque muchos empleadores no quieren pagar el aumento, porque dijeron ´estoy hace 6 meses pagando el sueldo y todavía quiere el aumento sin venir a trabajar´”.

La dirigenta, dio cuenta de cómo todo se hace cuesta arriba porque el Estado no comunica derechos laborales básicos que están en las leyes. Las trabajadoras de casas particulares son de los sectores más afectados por la pandemia y hay muchos casos de mujeres jefas de familia.

A su vez, está en curso una campaña que muchos gremios llevan adelante porque el 70% de los empleadores son laburantes, de allí que es tarea del movimiento gestar conciencia “porque no es como se dice ´la chica que me ayuda en casa, somos trabajadoras´” apuntó Britez que viene articulando en la intersindical Mujeres Sindicalistas.