Por Ariel Velázquez*
Las empresas de telecomunicaciones lideran los rankings de reclamos por deficiencias en los servicios de internet y telefonía móvil.
La declaración de servicio público de los servicios de telecomunicaciones tan expandidos en el grueso de la población, que han superado la trascendencia de un mero bien de lujo, es la forma de garantizar el derecho humano a la comunicación. De esta manera se sale del círculo de que el que pueda tenerlo que pague lo que define un mercado oligopólico y genera las condiciones para que los sectores a dónde el mercado no desplegó ni redes ni antenas lo haga.
Al mismo tiempo, regula las tarifas de abusos de posición dominante. Pensar que hoy, con 10 millones de líneas fijas y más de 50 millones de móviles, las empresas no puedan subir las tarifas de fija y si las de celulares, es la muestra de que es más que necesario esta declaración.
Lo mismo ocurre con internet. La brecha digital que impide el acceso a internet de millones de habitantes porque para las empresas hay zonas que no son rentables genera analfabetos digitales y más desigualdad social en hechos concretos: acceso a la educación, a la salud, a trabajos. Conculca el derecho a la ciudadanía.
Esto lo vemos como un hecho concreto en la polémica decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de hacer regresar a los estudiantes que no tienen acceso a internet a los establecimientos educativos en medio de la pandemia.
No solo el Gobierno de Larreta tiene que entregar notebooks, también debe cumplir y exigir a las telcos la instalación y desarrollo de conectividad en los barrios populares.
Por eso, las y los trabajadores de las telecomunicaciones celebramos esta decisión de Alberto Fernández de declarar servicio publico a las móviles, internet y la TV paga.
Por último, la desinversión y la incongruencia en el desarrollo de redes de telecomunicaciones hace que hoy trabajadores y usuarios padezcamos los pésimos servicios de internet y telefonía móvil que se cortan o se ralentizan cuando los estamos usando.
Las y los trabajadores no tenemos respuesta ni posibilidad de intervenir positivamente en la solución de los reclamos de los clientes y quedamos expuestos mientras las compañías disfrutan de altas tasas de rentabilidad. Y los usuarios porque pagan caro por servicios que no tienen ningún tipo de regulación ni de diseño armónico de la red.
Es anacrónico pensar que la mera mano del mercado y la evolución tecnológica van a resolver estos problemas. Sin un plan nacional de telecomunicaciones no hay solución a estos problemas, sin regulación tampoco. Es más que necesario, imprescindible que el Estado Nacional regule e intervenga en la forma en que se diseña la red de telecomunicaciones.
Al mismo tiempo, sería lógico que el mismo Estado usufructe el manejo y despliegue de la red de telecomunicaciones, de modo que se evite el solapamiento de señales y sistemas que impiden el correcto funcionamiento de los servicios.
Es verdad que esto no resuelve de la noche a la mañana las problemáticas acarreadas a lo largo del tiempo. Pero es un paso fundamental para ello.
(*) Secretario Administrativo de FOETRA Sindicato de las Telecomunicaciones
Discusión acerca de esta noticia