Pablo Llonto, abogado querellante en los juicios de lesa humanidad y especialista en derechos humanos, dialogó en Radio Gráfica sobre la identificación del centro clandestino de detención ubicado en la calle Bacacay al 3500, en la misma manzana de Automotores Orletti, ambas eran manejadas por agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura cívico-militar.
Llonto, manifestó que “a pesar de que es una noticia vinculada al horror y la oscuridad de aquellos años de dictadura cívico-militar, trajo un poco de alegría a los organismos de derechos humanos, a los sobrevivientes, a familiares de las víctimas, y a gran parte de la sociedad”.
El abogado destacó en primera instancia el labor de la justicia “o por lo menos gran parte de ella, como el juez Rafecas, que siguen trabajando intensamente para seguir buscando pruebas, aún en la cuarentena, que nos lleven a saber la verdad de lo ocurrido, a encontrar nombre y apellido de los responsables, llevarlos a tribunales, juzgarlos, y condenarlos”.
“Se da respuesta a miles de familias en todo el país que está a la espera de justicia hace 44 años”
En segunda instancia, comentó que este centro clandestino estaba ubicado “en una casa de familia, como tantas otras que hubo en Argentina, de la cual se tenían algunos indicios en los últimos años”, pues tras la desclasificación de archivos que se encuentran en Estados Unidos, donde se dio a conocer la ubicación de este domicilio.
“Hubo un documento desclasificado que hablaba de un lugar de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en la calle ‘Bacabay’, cuando el nombre correcto de la calle es Bacacay, en el barrio de Floresta, Capital Federal”, especificó el querellante, y agregó que a esta información se le sumó “un testimonio de un miembro de inteligencia, que hace unos años mencionó que este lugar había sido una base operativa del organismo”.
A su vez, Llonto evidenció que “hace varias semanas, por vía digital, se empezó a tomar testimonio a los sobrevivientes que daban cuenta de haber estado en un lugar de esa zona, a través de ellos que indican características de esa casa, comparándolas con fotografías y con otros elementos se pudo determinar que efectivamente, era este el lugar”.
“Es una casa grande con sótano pequeño, y con otras dependencias que se utilizaban en la tortura. Hay sobrevivientes que hablan de torturas en el baño”
“Hay muchísimos sobrevivientes que han dado testimonio y han contado qué les pasó, y no saben dónde los llevaron porque estaban encapuchados. Lo único que saben es el recuerdo de sus otros sentidos como sensaciones alrededor”, subrayó.
El entrevistado reveló que a quienes han pasado por estos centros de tortura “se les pregunta por todo, si crujían los pisos, si los techos eran altos, si te da la sensación de que era al aire libre, si era un edificio, qué ruidos escuchaban”.
A través de estas preguntas, pudieron descubrir que muchos de ellos recordaban “el sonido de un tren que pasaba, pues la casa está ubicada a pocos metros de la vía del ferrocarril Sarmiento”, remarcó.
Gracias a los testimonios, y al hacer público este hallazgo, el querellante resaltó que “aparecen otros testimonios, otra gente que dice ‘yo pude haber estado ahí’, como también vecinos que cuentan que ‘había música fuerte’, que era cuando los torturadores ponían la radio a todo volumen para que no se escuchara los gritos de tortura, o había movimientos en la casa durante la madrugada para trasladar personas encapuchadas”.
Llonto espera que a partir de esto “ojalá esos vecinos, sus hijos, o sus nietos, se acerquen y cuenten, para decir ‘mi padre me contaba que ahí hace cuarenta años escuchaba gritos, veía gente sospechosa salir y entrar’”.
“La familia que está ahora, compraron la casa de buena fe, y además han tenido buena predisposición para colaborar con la justicia para permitir que se pueda fotografiar sus interiores”, aseguró.
De igual manera, Llonto se refirió que estas situaciones son “muy dolorosas, porque hay otros inmuebles particulares que en su momento, fueron casas quintas o casas operativas de la SIDE”.
“Uno a veces se imagina que los centros clandestinos son al estilo de los campos de exterminio de la época del nazismo. Si bien en Argentina los hay con estas características, es decir lugares que están alejados en el campo, la mayoría de eran inmuebles que estaban en el barrio, tanto en Capital Federal, Gran Buenos Aires como en las provincias”, relató.
“La mayoría de los centros clandestinos eran inmuebles que estaban en el barrio”
En cuanto a la desclasificación de los archivos en Estados Unidos “es la primera vez que la CIA y el FBI clasificaron, ordenaron un poco sus papeles y mandaron tres tandas, la última es la más rica”, aseguró el abogado, sin embargo, se lamentó que “no abrieron las puertas a una delegación argentina porque no van a dejar que ‘metan mano’ en las cajas y en los archivos digitales de ellos”.
Este trabajo es llevado adelante por una ONG estadounidense que se dedica especialmente a esto, y está formada por activistas de derechos humanos que son quienes “pasan la primera mirada sobre estos documentos y coordinan la tarea con los organismos de acá para decir ‘bueno este documento parece que contiene información’”, señaló.
A pesar de ello, muchos de estos documentos se encuentran con información tachada “se está pidiendo al Gobierno de Estados Unidos que ‘destache’. No es fácil lidiar con las normas y el criterio general que rige en Norteamérica que es ‘yo mando en el mundo, te doy lo que quiero‘”, expresó el abogado.
En los documentos están descritas conversaciones entre funcionarios de la embajada norteamericana con militares, políticos, periodistas de aquel entonces. A su vez, tenían conocimiento de los reclamos de los organismos de los derechos humanos en cuanto a la desaparición forzada de personas, nacimiento en cautiverio y apropiación de menores que se hacía durante la última dictadura cívico-militar.
“No solo se desclasifica para Argentina, sino para Guatemala, y Chile que, en este caso, son muy restrictivos, porque allí la participación de Estados Unidos en el golpe militar de Pinochet fue muchìsimo más a ‘cara descubierta’, hay temor de que en esos documento se revele esta información”, indicó.
De igual manera, y tras el pedido de desclasificación por parte del Estado Argentino al Estado Vaticano “no ha ocurrido que abran las puertas para que una delegación argentina haga su trabajo en Roma con esta documentación”, expresó.
Por último, Llonto opinó que “no ha habido un trabajo de desclasificación total, y creo que esto es necesario”, pues hay que tener en cuenta que “nos encontramos en cuenta regresiva para el juzgamiento. No sé si vamos a llegar a ‘manotear’ todos los documentos que hay en los archivos’, culminó.
- Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs)
- Redacción por Carolina Ocampo
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