Panorama sindical. El futuro en disputa, el efecto Vicentin en el Día de la Bandera

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

VICENTÍN: Expropiación, una palabra que no asusta ni en Estados Unidos ni en Alemania, pero si en Argentina. ¿Será por la clase dominante local acostumbrada al entramado colonial? ¿O será que los medios de comunicación hegemónicos impusieron el parecer de una minoría? Lo cierto es que el gobierno se maneja con habilidad para lograr el objetivo: tener mayoría estatal en una empresa clave. No sólo para obtener información del mercado granario, sospechado de delitos como subfacturación, triangulaciones, evasión fiscal, entre otros. También esta intervención estatal repercute en la estratégica “Hidrovía del Paraná”. Por allí se trasladan más de la mitad de los granos del mundo con pleno control de las multinacionales. El dirigente de SUTAP, Adolfo Barja, lo explicó esta semana en Radio Gráfica.

Pero analicemos los últimos hechos. En la semana hubo reuniones donde sindicatos y cooperativas agrarias que están armando el futuro de la empresa junto a la intervención. Llegó el fallo del juez de Reconquista, que entiende en la causa, Fabián Lorenzini donde, como explicó con detalle Graciana Peñafort, es la burda respuesta del capital financiero al control del Estado.

La previa al “banderazo” de sectores opositores traccionados por Juntos por el Cambio. Por la noche, Alberto se reunió con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, donde tomaron la decisión que se presente la Provincia en el Concurso de Acreedores. Hoy sábado en diálogo con Roberto Navarro, el presidente de la Nación ratificó que el objetivo es que el Estado controle al menos el 51% de las acciones, como ocurrió con YPF: “Hay dos rutas para llegar a Mar del Plata”, fue la metáfora que utilizó Fernández, para sacar del pesimismo a un gran sector de la población que se sintió defraudado al escucharlo ayer por la noche al gobernador de Santa Fe. Claro que esos millones de compatriotas no tienen más que redes sociales y medios populares para opinar. Gomeras y piedras frente al arsenal mediático de empresas que militan por un país dependiente y una economía primarizada.

Sergio Arelovich, economista que asesora a la Federación de Aceiteros dio su opinión sobre lo anunciado ayer: “Es una medida que mejora lo existente hasta ahora en materia de intervención, que busca conservar los puestos de trabajo, afianzar la relación con los productores y cooperativas agrarias, sostener los niveles de actividad preexistente e inclusive incrementarlos, para que toda esta situación de concurso termine lo mejor posible en relación con terceros. Ahora esta intervención va a entrar en otro terreno vinculado a la investigación, porque ¿Cómo hizo la empresa para en 16 meses perder el 88% de su patrimonio neto?”.

En síntesis, para Arelovich, el eje es investigar para saber cuánto vale la empresa, luego “herramientas hay muchas, puede ser también un Consorcio de Cooperación, no necesariamente termina en la expropiación, pero si implica un cambio en el paquete accionario. La clave está en la investigación, porque si se determina que el patrimonio es negativo no hay nada que discutir, la indemnización por la expropiación es igual a cero”.

APOYO SINDICAL A LA INTERVENCIÓN DE VICENTIN. Como relatamos la semana pasada, el apoyo a las medidas sobre Vicentin, con mayor o menor firmeza, fue amplio en el movimiento obrero. La declaración fue firmada por las principales dirigentes del Consejo Directivo de la CGT, de la CTA de los Trabajadores y de la Autónoma, de la Corriente Federal de Trabajadores, de la UTEP y otras vertientes gremiales, adhiriendo una larga lista de dirigentes.

AGUINALDO: En la edición de la semana pasada informamos que la provincia de Mendoza había decidido pagar el medio aguinaldo correspondiente a junio en septiembre para los salarios más bajos y extendiendo el pago en salarios más altos hasta diciembre.

Esta semana se sumó el Estado nacional y otras provincias a cambios en la modalidad del pago del aguinaldo. Para la Administración Nacional Pública se anunció que cobrarán normalmente aquellos que reciben un Sueldo Anual Complementario de hasta 40.000 pesos en bruto, aproximadamente $30.000 en mano. Para aquellos que cobren un aguinaldo mayor, recibirán esos 40.000 pesos en bruto, en junio y el resto hasta en cuatro cuotas. Un tema que tensiona la relación entre el Gobierno nacional y gremios que son parte de la base de su sustentación política.

Poner en contexto. Imposible desconocer que la situación económica es mala y que las recaudaciones se derrumbaron más del 20% en términos reales desde que comenzó la pandemia. También que es una mala señal para el sector privado que continuará presionando para conseguir condiciones similares o un ATP aguinaldo que el gobierno por ahora niega, pero que no parece ser un capítulo del todo cerrado.

Otra mala señal es que al continuar reduciendo dinero del bolsillo de los trabajadores continúa el impacto negativo en el mercado interno. Imposible obviar la pandemia, pero repasando el último período ha habido recortes salariales apelando al artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, con sectores de Pymes y cuentapropistas que vieron caer sus ingresos por menores ventas o cierres por la cuarentena. Medidas de estas características profundizan aún más un mercado interno que ya venía deteriorado.

Tanto desde UPCN como ATE, principales gremios de los empleados públicos nacionales, salieron a cruzar la medida. Hugo “Cachorro” Godoy , titular de ATE Nacional, disparó contra la medida: “contrasta con la lentitud, pereza y hasta falta de voluntad para que en el Congreso de la Nación se apruebe una ley que impacte a las grandes fortunas”.

Andrés Rodríguez, referente de UPCN, también rechazó la medida criticando que fue una decisión “unilateral” del Poder Ejecutivo, que los “trabajadores no fueron consultados” para tomar la decisión.

Por su lado, desde ATE Capital, que encabeza Tano Catalano, expresaron en un comunicado: “Rechazamos este tipo de medidas y mucho más teniendo en cuenta el retraso salarial que venimos arrastrando los estatales de todo el país luego de cuatro años de desprecio y persecución por parte de Juntos por el Cambio”.

“Entendemos que es tiempo de avanzar con medidas redistributivas profundas que cambien el sistema impositivo argentino por uno que sea progresivo y que haga recaer el “peso principal sobre las grandes fortunas de nuestro país y los grupos concentrados de nuestra economía”.

Un espacio que sumó a las críticas fue la Corriente Federal de Trabajadores: “Aún los que más tienen no se han puesto a la altura de las circunstancias que atravesamos, debiendo el Congreso Nacional sancionar las leyes que garanticen la Justicia Social para el conjunto del pueblo”. La referencia, claramente, es hacia el Impuesto a las grandes fortunas, que duerme plácidamente en cajones del Congreso.

En Mendoza, el diputado provincial del Frente de Todos (también dirigente del SATSAID local), Marcelo Aparicio, presentó un proyecto de resolución para que Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para pagar el medio aguinaldo en el mes de julio como se realiza habitualmente.

“No es novedad el estado de las cuentas públicas de la provincia, pero quieren adjudicarle a la pandemia un problema que proviene de la pésima administración de Alfredo Cornejo, que aumentó el desempleo y la deuda pública en dólares. Tampoco se trata de un tema de recaudación impositiva, sino en qué se decide ocupar los recursos que hay disponibles. Es incomprensible que este gobierno defina sistemáticamente atacar el poder adquisitivo de quienes trabajan”, justificó.

LATAM. Este 17 de junio la aerolínea LATAM dio a conocer un comunicado donde anunció “el cese de operaciones por tiempo indeterminado”, argumentando que “obedece a las actuales condiciones de la industria local, agravada por la pandemia COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sustentable”.

Luego agregó, “LATAM Airlines Group y sus filiales seguirán operando desde Argentina para conectar pasajeros y cargas con destinos de la región y el mundo”.

La empresa presentó, además, un Proceso Preventivo de Crisis (PPP) que entre otras cosas le permite despedir trabajadores pagando el 50% de las indemnizaciones. El argumento que presenta es que entre los últimos tres períodos la empresa perdió 400 millones de dólares. Son 1725 puestos de trabajo directos y otros tantos de proveedores.

Los gremios del sector salieron rápidamente a cruzar la decisión en un comunicado que firmaron en conjunto acusando a la empresa de continuar “con su habitual falta de diálogo con los representantes legítimos de los trabajadores”.

Allí también indican que esperan la convocatoria al momento que se habrá el PPP para “conocer las reales intenciones del grupo y analizar toda la documentación que deben presentar de acuerdo a lo que indica la ley”. El comunicado fue firmado por APLA, APA, APTA, ATCPEA y UPSA, que este jueves se reunieron con el ministro de Transporte Mario Meoni.

En diálogo con Radio Gráfica, Edgardo Llano, secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), cruzó la visión de que LATAM está decidida a dejar definitivamente las operaciones en el país. “Hay una trampa en lo que dice LATAM” ya que “anunció que dejaba de operar por tiempo indeterminado y los medios lo tomaron como que desaparecía del país. En realidad eso fue una estrategia de la empresa para presionar al Gobierno y generar algún beneficio para ellos mismos”.

“Creemos que es una estrategia para convertirse en una empresa de bajo costo, de tres o cuatro aviones, y competir en ese mercado ya que el el Gobierno de Macri, con Dietrich a la cabeza (del Ministerio de Transporte), le permitieron ingresar de forma irrestricta” a las llamadas ‘low cost’ al mercado aerocomercial argentino, deslizó. “Sabemos de las picardías de este grupo empresario, conocemos bien a la gerente general Rosario Altgelt, que no tiene escrúpulos a la hora de avanzar en beneficios para la empresa, perjudicando a los trabajadores”, disparó.

Por su lado, Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) agregó que si LATAM “quieren dejar de operar en el país, tienen que dejar de operar como holding, no como filial argentina, no puede ser que te tiren los laburantes por la cabeza y que sigan llevándose los dólares de Argentina, y el desarrollo sea en Santiago (de Chile), sea en Lima, en San Pablo, los beneficios de los dólares que gastamos los argentinos generen empleos en otros países”.

“Lo que necesitamos son políticas de carácter estratégico sustentable en cuanto a politica aerocomercial, no hay política de largo plazo, y hay un falso discurso de que el mercado es el gran nivelador y que las compañías internacionales son serias, y mirá la seriedad, el primer tropiezo económico que tienen te abandonan, y dejan a los trabajadores tirados”, agregó.

Vale recordar que gremios aeronáuticos durante los cuatro años de macrismo apuntaron con la política de “Cielos Abiertos” y de “Revolución de los Aviones”, que habilitaron el aterrizaje de empresas Low Cost y el progresivo vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Una política de vuelo corto que dejó rápidamente fuera de carrera a las aerolíneas Avian, Andes y Norwegian. Una política donde estuvo la mano de Gustavo Lopetegui, ex CEO de LAN y uno de los laderos de Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete en el primer tramo del macrismo.

Se verá como continúa la disputa en donde el sector empresario, apoyados por los mismo medios de comunicación de siempre buscan cargar sobre las tintas del cese de las operaciones a la inflexibilidad sindical, “a que no aceptaron la rebaja salarial” sin informar que LATAM recibió el programa ATP que hace un aporte al pago de salarios.

Está claro que el negocio aerocomercial se derrumbó y que no hay fecha inmediata de normalización como también que LATAM tiene un largo historial antisindical que choca contra la organización que existe en Argentina, más potente que en otras partes del continente. Punto central en esta cuestión: Priorizar trabajo argentino y que la empresa no busque mantener la operaciones desde ciudades del exterior. Allí se verá la mano del Gobierno para definir esta cuestión.

LINDE-PRAXAIR: Son dos empresas de gases industriales y medicinales que se empezaron a fusionar en 2016 y en nuestro país se concentraron en 2019. Esta rama industrial es una empresa fundamental ya que abastece gases (oxigeno, helio, argón, co2, nitrógeno, hidrógeno, acetileno, etc.) a distintas industrias (automotriz, siderúrgica, alimenticia, petrolera, petroquímica, bebidas gaseosas, etc.), hospitales y clínicas.

Ante la fusión en 2019, las comisiones gremiales internas plantearon la posibilidad de despidos porque ya habían ocurrido en otros países. De hecho desde marzo del 2019 cerraron plantas en Bella Vista, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mendoza, en total 80 despidos y 50 retiros voluntarios. Nada diferente a otros rubros de la industria, que con el macrismo las multinacionales tuvieron luz verde para los despidos.

La novedad es que el cuerpo de delegados de la planta de Linde de Pilar esta semana emitió un comunicado: “Al comienzo de la pandemia, que los trabajadores tuvimos que exigir de manera concreta los elementos de higiene y protección, que además muchos se ven expuestos a jornadas más extensas y se observan movimientos operativos desmedidos que aumentan el riesgo por circulación”. También plantearon: “Cabe destacar que ya se denunció en otras ocasiones el vaciamiento de sectores operativos y que hay compañeros que señalaron aprietes y malos tratos por parte de la gerencia”. Finalmente la comisión interna del gremio químico destacó: “ Se tercerizan cada vez más las tareas de convenio o se busca someter a las personas a sobrecarga de trabajos”.

Estamos hablando del no respeto de las leyes laborales argentinas por multinacionales poderosas para las que no parece haber habido un cambio de gobierno.

La planta de Pilar se organizó sindicalmente en 2012, mientras que la de Pacheco (ex Praxair) tuvo una fuerte pelea por el despido de Maxi Arecco. Un conflicto por la reincorporación que fue un triunfo del movimiento obrero y está contado en el libro “Nuestra Comisión Interna”, editado en 2009.

Hoy en la planta de Pilar se trabaja “a pleno” ya que se fabrican gases para los hospitales, mientras que en Pacheco están con un parate ya que se dedican a la industria, pero donde se vulneran los derechos laborales es en la primera.

Como vemos el conflicto está donde más se produce, porque ¿las gerencias saben donde pegar? El desafío que hoy tienen  desde el rubro químico es el del sindicalismo todo, lograr luchar contra la concentración y centralización del capital que busca eliminar toda regulación, sea estatal o sindical. Una disputa que tiende a agudizarse en la post-pandemia.

TELETRABAJO, CONTINÚA EL DEBATE: Semana importante para los debates alrededor del teletrabajo en la Comisión de Legislación Laboral en Diputados que encabeza Vanesa Siley. Hubo dos sesiones informativas en la semana. El martes con la participación de la CGT, ambas CTA y, principalmente gremios de informática y telecomunicaciones. También estuvo APSEE (jerárquicos de empresas de energía). El miércoles fue el turno del ministro de Trabajo Claudio Moroni que realizó una intervención y luego respondió preguntas e inquietudes de los diputados que integran la Comisión.

Puntos básicos por donde viene el debate. En primer lugar hay apoyo gremial amplio a que se de una regulación marco a esa modalidad de trabajo, más allá de alguna mención puntual de Héctor Daer de que “hubieran preferido otro momento para la discusión”.

Otro punto sobre el que hay un acuerdo generalizado es la necesidad de introducir un piso de derechos en la regulación del teletrabajo para que luego cada sector discuta en forma particular desde las convenciones colectivas y paritarias.

Como venimos contando, el objetivo es llegar a un proyecto de consenso entre los 17 que hay presentados en la Cámara de Diputados y otra decena en Senadores. Un punto en el que coinciden los que estudiaron los diferentes proyectos es que, salvo cuestiones puntuales, hay coincidencia. Este lunes serán parte de una sesión informativa cámaras empresarias donde aportarán su visión también en la Comisión.

Haciendo un listado rápido los proyectos buscan garantizar el derecho a desconexión, reversibilidad, provisión de los elementos de trabajo, conectividad, protección de los datos. También que el teletrabajo no genere una mayor precarización laboral, extensión de jornadas de trabajo y que se pueda garantizar una adecuada representación sindical.

Un punto a tener en cuenta – planteado por algunos dirigentes gremiales- es el temor de empresas realicen tercericen trabajo o que deriven muchas tareas hacia países donde el “costo laboral” es más bajo que en Argentina. El ejemplo que dio Alejandro Marín (CTA de los Trabajadores y Foetra) es el caso de los call centers de las empresas de telecomunicaciones asentados en Perú y Colombia.

Queda claro que esta modalidad de trabajo llegó para quedarse en una escala mucho mayor que en los niveles prepandemia en un modo mixto para aquellos actividades en donde sea posible. Conlleva peligros (y serios de no ser correctamente abordados), pero también que en algunos casos puntuales puede resultar una modalidad útil para armonizar con otras actividades laborales, familiar o de estudio. El debate es bastante más complejo y presenta aristas de lo más variadas.

HIPÓDROMO: Una situación de cuasi esclavitud enclavada en la zona más rica de Buenos Aires. Trabajadores del Hipódromo, a cargo del cuidado de caballos y el manteniento del lugar denunciaron que hace 90 días estuvieron encerrados en condiciones pésimas de habitabilidad. La amenaza, que si salían para volver a sus hogares podían ser despedidos. La excusa fue el Covid, pero se parece más a trabajo esclavo. Un punto a ser atendido más por las leyes penales que laborales.

Todos tenemos derechos y acá hay mucho privilegio Hay gente que puede ir y venir todos los días, pero nosotros como peones de los caballos, no gozamos de ese privilegio”, denunció un trabajador del Hipódromo de Buenos Aires ante la cámara de Barricada TV. “Mayormente somos provincianos, muchos tienen que ir y venir y algunos vivimos acá adentro también. Más que nada tienen que invertir en un protocolo de seguridad para que podamos entrar y salir, porque ahora podemos salir, pero no ingresar”, explicó dando cuenta que de irse quedan despedidos.

Una información que reveló, vale el reconocimiento, el medio Barricada TV. https://twitter.com/barricadatv/status/1273693419550969856?s=12

FANAZUL: Una fábrica cerrada durante el macrismo que dejó en 2018 a 220 trabajadores en la calle y hundió a la ciudad en una notable caída del mercado interno. Hablamos de Fanazul en la localidad bonaerense de Azul. Vanina Zurita de ATE dialogó con Gráfica y contó: “Nos reunimos con autoridades del Ministerio de Defensa que nos ratificaron que el camino de Fanazul es la reapertura“ dando cuenta del compromiso del ministro Agustín Rossi en que se vuelva a producir.. A la vez remarcó: “Hay que destacar la voluntad política, pero no debemos perder de vista que si llegamos a esta instancia fue por la lucha de los trabajadores, que nunca bajaron los brazos”.

La reincorporación de los trabajadores sería por etapas y en principio se empezaría con la actividad de “desmilitarización”, que es la disposición final de todo material bélico, y la destrucción de los chalecos antibalas. Luego está la posibilidad de volver a producir explosivos para la minería, como hacía la empresa antes de su cierre. Lo interesante que destacan desde ATE la palabra de quienes han sido perseguidos y echados, será tomada en cuenta.