El fiscal que tiene en sus manos la Causa Vicentin ha sido un oscuro protagonista de otras iniciativas judiciales contra el pueblo argentino. La intención profunda de Alberto Fernández es diseñar un nuevo modo de intervención estatal. Qué pasó en la reunión con los directivos de la corporación. La importancia de impulsar un cambio conceptual a la hora de analizar la utilización de los recursos nacionales. La agroexportación y el delito, bases de la línea editorial de los medios concentrados.
Por Gabriel Fernández *
El eje estratégico del caso Vicentin fue planteado en estas páginas. No porque sepamos más sino porque estamos vacunados con la inyección del Pensamiento Nacional. Previene los contagios del virus liberal, y también su mutación en declamación hueca, enfermedad senil del nacionalismo popular. Esto originó sustanciosas charlas con nuestras Fuentes Seguras cuya esencia reproducimos a continuación. Al final, retomamos la trascendencia: Ser, o No Ser.
EL DELITO. Poseedora de una deuda total de 99.345,2 millones de pesos, la compañía alimenticia donó, a través de distintas empresas que forman parte del holding, un total de 13.500.000 millones a Cambiemos en la reciente campaña electoral. Los aportes de la empresa con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda están en manos de la Justicia pues la liebre saltó a raíz de los balances de las elecciones generales de 2019. La Cámara Nacional Electoral dispone que el máximo de aportes por empresa alcance los 4,5 millones para las PASO, número que el conglomerado excedió si se suman los desembolsos de todas sus firmas.
Como los directivos, entornados por un ambiente servil, dispuesto a movilizarse en defensa de lo que sea, apostaban a una victoria macrista, no se preocuparon demasiado en disimular el origen de las entregas. En la declaración de ingresos privados que se encuentra en la página de la CNE, se puede constatar que Vicentín aportó a través de tres de sus empresas, Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo, 13.500.000 millones. Pero eso no es todo, ni mucho menos: los préstamos con el Banco Nación, superaban los 10.000 millones antes de la campaña, y todo se expuso cuando se sumaron otros 5785 millones en noviembre, días antes de que Cambiemos dejara el poder.
En un país como el regenteado por la oligarquía liberal, donde para conseguir un crédito el solicitante debía demostrar que no intentaba hacer nada productivo, la corporación obtuvo 18.000 millones. Hoy, la Justicia investiga a los directivos de Vicentin y a quien fuera titular del Banco Nación Javier González Fraga. Pero todo tiene un porqué; es decir, el dinero sale de algún lado y habitualmente desembarca en otro. De allí que la Unidad de Información Financiera insertó una nueva imputación contra la firma por lavado de dinero, y pidió la ampliación e inhibición de bienes contra el ex presidente Mauricio Macri, y varios funcionarios de su gestión. Los fundamentos resultaron claros: “creemos que Vicentin no solo simuló su cesación de pagos sino que utilizó su estructura en el exterior y la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”. Lamentablemente, esta presentación de la UIF se concretó ante la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.
POLIYITA DA SILVA. Pollicita se pronuncia parecido, pero no es Poliyita Da Silva, cuya habilidad se transparentaba hacia la tribuna. Lejos de semejante franqueza, ha sido un oscuro protagonista de causas que dañaron a los espacios populares. En la década del 90 fue acusado por el CELS y Memoria Activa de “cajonear” la citación de los imputados en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. También cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz contra el ex agente de la Side Antonio Stiuso. El fiscal tuvo a su cargo el caso de Raúl Martins –ex agente de la SIDE- acusado por su propia hija de liderar una red de trata. En 2012, cuando ese caso salió a la luz, Lorena decidió recusar a Pollicita, ya que lo estimó vinculado a Raúl Oscar Ríos, ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); y al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Sin embargo, su carrera prosiguió. En 2008 acusó al ex presidente Néstor Kirchner de asociación ilícita, con datos muy serios presentados por Elisa Carrió. En 2014 arremetió contra el entonces vicepresidente Amado Boudou y en 2015 contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: asentado en la “denuncia” de su amigo el fallecido fiscal Alberto Nisman, solicitó abrir la investigación en su contra, e involucró al canciller Héctor Timerman, al dirigente político y social Luis D´Elía, al diputado Andrés Larroque y al dirigente de la comunidad islámica Jorge Yusuf Khalil, entre otros, tergiversando burdamente el sentido profundo del Memorándum con el gobierno de Irán.
Es decir, en materia judicial, la causa Vicentin está en las peores manos.
LOS INVOLUCRADOS. Habrá que seguir el decurso de los acontecimientos en las semanas venideras, pues este militante de la injusticia se verá en figurillas para disimular los delitos de los directivos de la empresa agroalimentaria de trascendencia internacional. En la acusación de la UIF se incluye al ex presidente Macri, al ex titular del Banco Central Guido Sandleris, al mencionado González Fraga y a los mismos dueños de la cerealera. El texto impulsado por el organismo bajo la conducción de Carlos Cruz, añade que “Vicentin Saic no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.
“Es de destacar el rol de Renova, firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo”, señala la entidad investigadora. De ahí que la UIF estime que “tanto estas maniobras fraudulentas como sus instigadores, autores, participes y encubridores surgen también claramente dado que las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”. Pero qué cosa. “El control de esa actividad estaba en la cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido Sandleris”, subraya el organismo.
A raíz del escrito presentado, la UIF pidió al fiscal Pollicita y al juez Julián Ercolini que se “ordene la inhibición general de bienes respecto de Macri, González Fraga, Sandleris y los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y se “proceda a efectuar un estudio de su patrimonio y el de las empresas señaladas a los efectos de reemplazar estas medidas por embargos preventivos suficientes”. Vale indicar que en beneficio de esos imputados varios miles de personas se movilizaron en Santa Fe y Capital Federal con el pretexto de defender la propiedad privada frente a los avances del comunismo.
LO QUE VIENE. Nuestras Fuentes Seguras recodaron que “la fiscalía a cargo de la investigación por defraudación de la empresa recibió unos 70 archivos con información y documentos enviados desde el Banco Nación que ahora están siendo analizados”. Con sorna, completaron “ojalá las páginas básicas de esos archivos no sufran algún secuestro que derive en su desaparición”. El humor negro también contribuye a prevenir ciertas posibilidades, dada la catadura de los involucrados.
Pero dijeron otras cosas de interés: “El presidente y sus asesores quieren que quede claro que no existe intención de llegar a un Estado empresario que absorba todas las empresas en dificultades. En este caso se evaluó la importancia de mostrar capacidad administrativa basándose en un sector desregulado, como es el caso de YPF en el mercado de combustibles”. Añadieron que “es una nueva forma de intervenir por parte del Estado, con una visión estratégica de los intereses del país”.
El diálogo prosiguió. “Hay que escuchar a Luis Basterra, ministro de Agricultura quien fue muy claro en sostener que lo ocurrido es producto de una mala administración, identificada con un modelo de especulación financiera. Más allá de la propaganda mediática ¿quién puede dudar que al menos hay una irregularidad en los créditos otorgados por el Banco Nación?”. Los informantes se esmeraron en transmitir la solidez del fundamento de la acción oficial. “Las razones de esta medida son inobjetables. Es una defensa de los recursos del Estado que debería ser aplaudida y no puesta en la picota”.
Muy por debajo, confiaron aspectos de la reunión entre Alberto Fernández y los directivos de Vicentin, que tanta polvareda alzó en la tarde noche del jueves pasado. “Sin dejar de lado su tono sereno, el presidente se molestó. Si te fijás bien en las declaraciones posteriores, queda claro. Limpiando la charla, sintió que los responsables del evidente fraude al Estado venían a pedir que se resolvieran sus deudas sin mayores molestias y que se les permitiera seguir al frente de la compañía, en todo caso, acomodando un banquito para un veedor gubernamental. Alberto no lo aceptó y ratificó el proyecto de expropiación”. Ahora, mientras se sigue padeciendo la campaña mediática, viene la lucha en el Congreso.
LA MENTALIDAD SOCIAL. Pocos días antes de la decisión oficial sobre Vicentin lanzamos desde esta región comunicacional un texto, un video y un audio destinados a promover una modificación conceptual de fondo en cuanto a la intervención del Estado en la economía, el empleo de los recursos y el origen mismo de ellos. Recordamos que el dinero argentino surge de la tributación de la sociedad, básicamente compuesta por los tax de las empresas de distinto rango y el Impuesto al Valor Agregado inserto en el precio final de los productos de venta pública. Que por estos días los billetes surjan con más asiduidad de las máquinas impresoras no implica que el esquema integral se haya modificado.
De tal modo, el Estado tiene el derecho, pero sobre todo la obligación, de volcar esos recursos sobre la misma sociedad para que se reproduzcan en mayor poder de compra y, por tanto, en una progresiva creciente de la capacidad productiva. La concepción liberal –la llamada liberal en la Argentina, precisemos- de retener esa masa de dinero con el objetivo de “ahorrar” y promover ajustes que derivan en el empobrecimiento de la población y el deterioro del mercado interno, perjudica a toda la Nación y beneficia –como deja en claro el caso Vicentin– a funcionarios y empresarios amigos que se adueñan del dinero y lo remesan a sus cuentas opacas en los paraísos fiscales.
Que nadie suponga que los macristas involucrados en la estafa y que los directivos de la firma agroalimentaria están quebrados individualmente. A través del modelo de reorientación de recursos instalado por el sistema financiero, canalizaron los bienes de una gran empresa en beneficio particular y pretendieron dejar en la calle miles de trabajadores, así como desmontar una red de proveedores y consumidores que dinamizan Santa Fe, inciden en el conjunto nacional y tienen presencia en el mercado internacional. Por eso hemos caracterizado a este diseño como un agujero negro que transforma la energía vital de la comunidad en parálisis y muerte.
EL INTERÉS DE FONDO. El esquema narrado es visible y comprobable a través de la lectura de los indicadores económicos. Es decir, está a la vista de todos los periodistas pero solo algunos lo vemos. Aquella inyección de Pensamiento Nacional que provee claridad a la mirada se vincula con el trasfondo que compone el origen de cada medio de comunicación. Mientras un análisis con información como el presente se apoya en el interés social, los grupos más importantes de la actividad se definen por el interés del Grupo Noble y otras corporaciones agroexportadoras con ligazón financiera.
Eso es lo que explica los dislates vertidos en papel, webs, diales y pantallas, aunque también en redes sociales, desde hace un buen tiempo a esta parte y especialmente en la semana que pasó. La trivialidad de los argumentos que sostienen el “derecho” de los pistoleros que vaciaron Vicentin y de sus adláteres en el gobierno anterior, pasará a configurar una parte clave de la historia de la intelligentsia antinacional. Una acción verbal que tiene como objetivo convencer a las víctimas del saqueo que en realidad son protegidas por los delincuentes, quienes al quedarse con los recursos del Estado garantizan que los funcionarios populistas no puedan utilizarlos para mejorar los ingresos de los más humildes y proveer beneficios a jubilados y activos para realzar la circulación interna de dinero.
Al empleo de la riqueza que la sociedad genera para realzar el nivel de vida de esa misma sociedad, los medios señalados lo consideran “dilapidación”, “aumento del gasto público”, y en definitiva, “actos de corrupción”. El planteo fue transparentado en los años 90 cuando el menemismo y el operador Domingo Felipe Cavallo lanzaron la gran idea: privatizar las empresas públicas nacionales implicaba “combatir la corrupción estructural”. La lógica del postulado era infantil, pero trascendió: al no haber empresas no habrá corrupción. Las firmas construidas por generaciones de argentinos fueron traspasadas a manos privadas extranjeras y así los beneficios que originaban empezaron a remitirse al exterior, donde serios y eficaces hombres de negocios los utilizaron con sobriedad y los destinaron a comprar las mansiones que merecen.
Este es un buen ejemplo del sentido profundo de nuestra afirmación sobre la importancia del Lugar de Mirador. Originalmente planteado poco más de 20 años atrás en un artículo titulado de ese modo, señalamos que una cosa es informar y analizar situados en el Pueblo y en el Sur, y otra bien distinta es fingir una neutralidad que posiciona al periodista en los preceptos reinantes originados en el gran empresariado y en el Norte.
Así las cosas, acá está la historia real de Vicentin. Y los alertas pertinentes sobre las luchas que se avecinan.
- Area Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal
Ilustraciones: Goya
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