Centenares de automovilistas quedaron varados en la Ruta Nacional N° 7 por disposición del Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis que no permite la salida de personas de la provincia. El Gobierno nacional habilitó mediante la Resolución Conjunta 2/2020 la posibilidad de circulación para que las personas varadas en las provincias puedan regresar a sus domicilios -previo permiso tramitado en sitio web- entre el sábado 18 al martes 21 de abril. San Luis desconoce la medida y pide una autorización local que al tramitarla es rechazada.
Por Leonardo Martín
Si hay algo que ha caracterizado a San Luis es su profunda particularidad política en las últimas décadas. Por momentos, más un país que una provincia dentro de la Argentina. En esta ocasión, en un extrema interpretación del federalismo que constituye a la Argentina ha cerrado las fronteras para miles de varados pese a la autorización que el Gobierno nacional dispuso para las personas en esa situación a partir de la pandemia de COVID-19.
Esta autorización conjunta entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte habilitaba previa inscripción y autorización la posibilidad de circular con los automóviles particulares para el regreso a los hogares. Sin embargo, las Policía de San Luis no permite salir de la provincia a los miles de automovilistas que tramitaron el permiso. La respuesta de las fuerzas de seguridad es tajante: “El permiso nacional no sirve, necesitan sacar la autorización de la Provincia”.
Bien, hay un problema adicional a este planteo. El permiso solicitado en la correspondiente web provincial es sistemáticamente rechazado, el argumento es que sólo están autorizado a circular por razones “de fuerza mayor”. Una ecuación sin resolución, una trampa administrativa que prolonga la estadía en la Provincia sin contemplar ningún tipo de situación. Podría considerarse una más de las excentricidades habituales del Ejecutivo provincial sino fuera tan grave la situación desconociendo determinaciones nacionales, ni hablar de las situaciones particulares de muchos de los varados que mañana cumplirán un mes en esa situación.
Estamos hablando de personas que buscan salir, además, de la provincia. Sería más entendible el control férreo y estricto de aquellas que buscan ingresar, que puedan traer el virus, si se mira la situación desde la óptica del espíritu soberano del Ejecutivo puntano.
Otra irresponsabilidad, por no poner otra adjetivación. Muchos de esos automovilistas realizaron más de 200 kilómetros por la ruta, a los que una alerta previa policial podría haberlos hecho desistir. Inclusive en el trayecto de ida es necesario abonar dos peajes, uno de $80 y otro de $90. Al llegar a Justo Daract, la localidad en la frontera entre San Luis y Córdoba, los automovilistas chocaban con el retén de la Provincia. Para aquellos que emprendían resignados la vuelta el peaje se pagaba con inflación: uno solo de $190 aduciendo una difusa razón fitosanitaria.
La pandemia de COVID-19 puso todo patas arriba, es innegable. Ahora, tras un mes el Gobierno avanzó con la denominada “cuarentena administrada”, empezando a prever una progresiva apertura económica y situaciones particulares como las de los varados en las provincias. Varados que vale decir no tienen la prensa (tampoco el dramatismo, es cierto), de aquellos que han quedado en esa situación en el exterior.
Marzo es un mes donde aún hay movimiento turístico. La cuarentena que dispuso el Gobierno nacional el 20 de marzo pasado tomó a muchos de ellos de sorpresa, algunos llegaron a salir rápidamente de la Provincia, otros tuvieron que aguardar una razonable cuarentena evitando la circulación de posibles contagiados por el virus, tiempo que los especialistas médicos estiman en 14 días.
Para muchos significó unas vacaciones extendidas a la fuerza frente a medidas que inicialmente iban a durar dos semanas. Razonable y entendible, primero la urgencia. Luego se extendió dos semanas más y posteriormente hasta el 27 de abril. Es decir, muchos llevan más de un mes sin poder salir de la provincia. Personas que en muchos casos deben desempeñar tareas en sectores de la economía de los considerados esenciales, atender adultos mayores o mismo donde el dinero ya no alcanza para extender el pago del alojamiento.
La Resolución para habilitar la circulación controlada habría una ventana, una salida para esos personas que hasta ahora desconoce el Ejecutivo de San Luis. Pero para agravar la arbitrariedad, personas que tenían que regresar, por ejemplo, a San Juan sí lo pudieron hacer por ruta. Difícil entender porque a San Juan se puede atravesar por la frontera y el paso a la provincia de Buenos Aires choca contra la inflexibilidad policial.
Uno de los problemas laterales de la cuarentena, en que vale decir, algunas autoridades provinciales no contribuyen para resolver problemas solucionables de la enorme complejidad que generó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Alcanza con un poco de buena voluntad, de actuar razonablemente y de no entorpecer aún más la ya de por sí complicada situación de miles de personas.
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