Adrián Corvalán, abogado especialista criminología, aportó en Radio Gráfica su mirada sobre la realidad de sobrepoblación y de conducción del destino de las cárceles, en el marco de las protestas que tienen lugar en unidades de Florencio Varela, en Coronda y Piñero en Santa Fe, y en otros puntos del país. “Necesitamos generar políticas públicas de otras características” para el sector, apuntó. “En la provincia de Buenos Aires hay plazas para 24 mil detenidos y en este momento hay, entre comisarías y penales, más de 55 mil detenidos”, explicó.
Sobre la relación que pudieron tener los reclamos con la pandemia que sacude al mundo entero, Corvalán comenzó: “Probablemente el Coronavirus sea la gota que rebalsó el vaso, pero no tiene que ver exclusivamente con eso, porque las medidas sanitarias que toma el Gobierno de la provincia y el Gobierno nacional también no son medidas erróneas”.
Corvalán explicó que “la primera medida que toma el gobierno es la suspensión de la visita, pero como un medio de preservar a la gente detenida”. “Lo que pasa es que a esas personas se la preserva con políticas públicas destinadas a resolver la sobrepoblación carcelaria, cosa que no se está resolviendo”, sumó.
“De hecho, con toda la buena voluntad del Gobernador –siguió-. Pero esto empezó el 11 de agosto en las PASO, cuando se vislumbraba que había que hacerse cargo del sistema penal de la provincia, o sea hace siete meses y estamos en el mismo punto de partida o aún peor”.
“Lo único que tienen los detenidos, en todo momento diría, es a la familia. Y en este momento puntual más porque son quienes los proveen de elementos de higiene y de elementos que podrían mitigar esta crisis que es una pandemia mundial”, explicó.
Detalló sobre las protestas que “hubo, sobre todo en la cárcel 44 de Batán, algunos actos más violentos que los habituales”, pero “no olvidemos que venimos de un diciembre donde un Gobernador se hizo cargo de una provincia con huelgas de hambre en las cárceles por este gran flagelo, que es la superpoblación, en la provincia de Buenos Aires sobre todo”.
Luego argumentó que “en la provincia de Buenos Aires hay plazas para 24 mil detenidos y en este momento hay, entre comisarías y penales, más de 55 mil detenidos, lo cual hace una imposible la capacidad de gestión para un Gobierno provincial”.
“Y esto, hay que ser sinceros y sostener que no es el producto exclusivo de la gestión de un Gobierno. Pero sí hay indicadores comunes, como el Poder Judicial y muchos sectores de la sociedad que entienden que el camino para resolver la inseguridad es el encierro”, continuó.
“La realidad de la proyección nos dejó que el problema de la inseguridad no se resuelve con más cárcel”, definió.
Además, el especialista reflexionó: “Para mí, un error conceptual del actual Gobierno es sostener como Jefe del Servicio Penitenciario bonaerense a Xavier Areses, quien tuvo el mismo cargo en los últimos dos años del gobierno de María Eugenia Vidal. Eso muestra en qué lugar de la ejecución de la pena, de las cárceles y de la conducción del proceso estamos”.
Esto “nos da una pauta de que no estamos encontrando el camino”, analizó y retomó que el problema es “hoy el Coronavirus”, pero que el conflicto radica en “la forma en la cual están conduciendo el destino de las cárceles en la provincia” y que “en mismo contexto y condiciones están todas las cárceles en la Argentina”.
Haciendo referencia a la solución para la problemática que enfrenta el sistema carcelario de la provincia, Corvalán delineó que “no es una cuestión de largar 30 mil personas en libertad, sino poner en funcionamiento un sistema con las herramientas que tiene el Estado para que de una vez y para siempre empiece a funcionar como debe”.
En línea, planteó el ejemplo de Noruega, que en su sistema legislativo está planteado que todas las personas que tengan penas menores de seis años no las puedan pasar estando en prisión. “Sin embargo, en la provincia el 43% de esos 50 mil detenidos tienen penas que no superan los cinco años. Es decir que, para Noruega, 20 mil de esos deberían estar en libertad”.
“¿Qué quiero decir?, ¿qué tenemos que largar 20 mil personas? No, por supuesto que no, porque Noruega tiene un entramado de contención que la provincia de Buenos Aires no tiene, pero que necesitamos inexorablemente generar políticas públicas, en un gobierno nacional y popular, con determinadas características para que esa gente llegue a poder estar en ese contexto en algunos años”, detalló.
“Imaginate en un lugar donde uno con el otro ha sido puesto por decisión del organismo que conduce el Servicio penitenciario y viven en 10 o hasta 20 metros, 10 o 15 personas”, remarcó para explicar que “es inevitable” el conflicto y el malestar y que “desde ese lado hay que mirarlo también”. En el mismo sentido, cerró al sostener que “hay 300 personas en lista de espera para la pulsera de monitoreo”.
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