Agenda Verde: La puesta en marcha de la propuesta ambiental

“A favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro pueblo,
queremos construir una Argentina medioambientalmente sustentable”
Alberto Fernández, discurso de apertura. 
Sesiones Ordinarias Legislativas 2020 

Por Juan Patricio Méndez (*)

El desarrollo de experiencias Agroecológicas

Vayamos punto por punto. En primer lugar, vale la pena mencionar que Argentina es uno de los países que más agroquímicos y pesticidas utiliza en el mundo. Más de 500 millones de litros fueron utilizados durante 2019, marcando una cifra récord. Asimismo, estudios del Instituto de Salud Socio-ambiental de la Facultad de Medicina de Rosario, a cargo del Dr. Damián Verzeñassi, han revelado  la existencia de altas concentraciones de estas sustancias, en el aire. ¿Cuántas? Según Javier Souza Casadinho, presidente de la Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal), se han detectado 107 sustancias prohibidas por la Organización Mundial de la Salud, utilizadas en la cotidianidad. Además, el 33% de estas son consideradas como “altamente peligrosas”, como el Paraquat y la Atrazina.

En su discurso, Alberto Fernández también mencionó la “necesidad de trabajar con urgencia en la recuperación del equilibrio a nivel país”. La estructura actual pide, a gritos, la intervención del Estado en esta materia. La emergencia sanitaria, en muchos aspectos, mantiene estrecha relación con la alta tasa de utilización de estas sustancias. Malformaciones congénitas, diversos tipos de cáncer encontrados, influencia sobre trastornos del aprendizaje (e incluso de autismo), abortos espontáneos, muerte súbita: todas causas del contacto permanente con glifosato y derivados.

Hay un caso que ejemplifica todo esto que estamos contando: el pueblo de San Salvador. Una localidad de 15.000 habitantes del centro este de Entre Ríos, cuyos habitantes han marchado y aún marchan diciendo “basta de fumigarnos y envenenarnos”. Los campamentos sanitarios organizados por la cátedra a cargo del Dr. Verzeñassi demostraron, a través del informe mencionado, “un aumento de las enfermedades endocrinas, respiratorias y alérgicas”, siendo que “la causa de muerte que aparece con mayor fuerza, es el cáncer”, producto de los químicos dispersos en el aire.

Un anticipo de esta preocupación había sido anunciado con anterioridad por parte del primer mandatario. En este orden de cosas, ratificó la necesidad de repensar la producción desde la agroecológica. En su momento, el coordinador de la Red de Médicos Fumigados declaró que estaban “proponiendo el ‘Plan de Reducción de Agrotóxicos’, en donde el Estado se ocupe de disminuir la exposición de la población a los agrotóxicos, incluyendo medidas para sostener la producción y haciendo una transición a la agroecología”. En búsqueda de un equilibrio, la mención en su discurso no deja de ser importante (y no menos esperanzadora) para el avance de políticas públicas orientadas al cuidado de la salud y a la recuperación de los suelos.

La derogación del 591

En agosto del 2019, el ex presidente Mauricio Macri y equipo modificaron, por decreto, la ley de Residuos Peligrosos para autorizar el ingreso a la Argentina de materiales sin certificado de inocuidad. A partir de ello, más allá de que suene una locura transformarse en el basurero internacional, hay dos preguntas que abren la polémica geopolítica: qué y quién importa basura.

Pero como ha sido moneda corriente, las especulaciones no tardaron en llegar debido a la poca información vertida por los organismos nacionales de control, en relación a los contratos y normativas comerciales. No se han publicado los acuerdos de aquel momento, en los cuales la interacción comercial radicó en la comercialización de los desechos de ciertas economías. Sin embargo, el interés extranjero en las bases argentinas puede marcar un parámetro en este sentido. El resultado: dos personajes principales de esta novela: basura nuclear y residuos químicos.

La OXFAM puso de manifiesto que existe una desigualdad de las emisiones de carbono, en las emisiones derivadas de los hábitos de consumo generadas por ciudadanos ricos y pobres de distintos países. Se deduce, al mismo tiempo, que la emisión de estos gases producto de las principales economías sea menor en su territorio, y mayor en países del “tercer mundo”, donde por lo general se encuentran las plantas productoras. La transnacionalización de la producción industrial también ha traído desigualdades estructurales entre sectores opuestos del mundo. Y allí radica la importancia en analizar qué y quién nos vende basura. Y por qué somos quienes la recibimos

El Gobierno Nacional decidió, en el mes de febrero del 2020, derogar la medida que había establecido Cambiemos para permitir que se importen materiales de otros países sin certificado de inocuidad, y que sean utilizados con diferentes finalidades o para los que existe un mercado o demanda específica. La medida fue anunciada a través del Decreto 148/2020, y publicada en el Boletín Oficial. 

La normativa sancionada por Mauricio Macri flexibilizó, además, el ingreso de plásticos. Desde que China, en aquel momento, cerró la importación de plástico reciclado desde los Estados Unidos, y este país busca nuevos mercados. La sospecha de que se trate de una manda del Fondo Monetario Internacional no dejó de crecer. Recordemos que, en un contexto donde las guerras son y serán por el agua, la entrega de soberanía territorial forma parte del pago de la deuda.

En otro orden de cosas, se había declarado inconstitucional dicho decreto. Eduardo Cerdá, periodista, declaró que “no se puede estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos. Incluso va en contra de lo que establece la Constitución Nacional”. Sin embargo, lo que mencionó el ex subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación,  Juan Trebino, fue que “hay que dejar de tratar a los residuos como en la década de los 90’, ahora son recursos”. La comprensión del ecosistema como una mercancía también signó lo que fue la política pública durante los 4 años de gestión macrista: mercado financiero o nada.

El cambio climático ya llegó

Desde el entorno ministerial y ejecutivo, la implementación de un plan holístico en términos de ambientalismo conduce a una lógica de tratamiento integral del territorio. Desde la creación de la Dirección de Agroecología, a cargo del Ministerio de Agricultura, pasando por el fortalecimiento en el seguimiento de la Ley de Bosques y la aplicación de multas a su incumplimiento, dan cuenta de una perspectiva orientada en agenda verde.

Hay algunas cuestiones, por otro lado, que han dejado entrever algunos cuestionamientos. El caso de la minería fue la clave. ¿Y por qué? Hace poco, investigadores del CONICET publicaron un estudio en donde concluyeron que la megaminería no es sustentable. En sus declaraciones, citaron que “los desechos de los químicos utilizados para separar los metales preciosos de la roca son descartados en enormes piletas artificiales, llamados diques de cola, que en innumerables ocasiones han tenido filtraciones hacia las napas y los ríos”. Esto ocurrió en Mina Veladero, con el gran derrame de cianuro que se filtró en la red de agua potable.

Por otro lado, la histórica falta de regulaciones en este sentido ha llevado a la desterritorialización del país. ¿En qué sentido? En tanto y en cuanto la extracción de bienes comunes de las zonas de explotación no solamente implicó el material en sí, sino que por el contrario, los huecos que han quedado en la cordillera evidencian el saqueo completo de recursos y soberanía.

Pero, por otro lado, el planteo que hace el actual mandatario es alentador en términos de priorizar el cuidado del medio ambiente, así como también el llamamiento a la soberanía nacional. En este punto, el campo de acción que vincula a ambos hemisferios tiene que ver con la práctica sostenible. Habrá que ver cuáles son las perspectivas de aquí en adelante en términos de megaminería. Un paso, tras haber asumido, es llamar a todos y todas las argentinas a unirse tras un proyecto donde prime la sustentabilidad.

Con puntos de inflexión importantes durante los primeros días de mandato, Mendoza y Chubut han logrado sostener su derecho al agua, primero con el impedimento a la modificación de la Ley 5.001, y luego con la Ley 7.722. La primera, en su artículo primero, dice: “Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Imaginemos que grave sería que la administración del agua pase a manos privadas. Por otro lado, la ley 7.722 reguló la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera en la provincia de Mendoza. Sin embargo, en la gestión macrista, el litio y los metales constituían un negociado más importante que la sustentabilidad del ambiente, y tras haberla modificado por decreto, manifestantes lograron mediante la presión dejar sin efecto dicha acción.

Como bien lo mencionamos ya en Radio Gráfica, tras la “mesa del litio” llevada adelante en 2019, muchas empresas renovaron contratos con altas exenciones impositivas. El caso paradigmático de Pan American Silver permitió que la empresa canadiense continúe explotando el territorio. Además de ello, durante fines del pasado año, y antes de que asuma la presidencia Fernández, organizaciones ambientalistas afirmaron que “Pan American Silver visitó a los diputados y presionaron para que se modifique el artículo de la ley 5001 que impide la zonificación minera y que prohíbe la megaminería, antes del 10 de diciembre”.

Mencionado esto, ahondamos en la última cuestión que tiene que ver con la “necesidad de exportar” citada por el primer mandatario. “Ya estamos trabajando para que las inversiones en Vaca Muerta y en la producción de litio cuenten con un marco legal que brinde seguridad jurídica”. El criterio de acción está delimitado por la ideología de la sustentabilidad.  De aquí, en adelante, se irán esgrimiendo los proyectos que marcarán la agenda verde anteriormente mencionada.

Sin perjuicio de ello, el cambio con todos los argentinos y argentinas está en marcha. La invitación es clara: es un proyecto nacional y popular, y dentro de él estamos todos. Sustentabilidad, soberanía y recuperación. Tres símbolos de lucha que, en los próximos cuatro años, atravesaran la agenda de políticas públicas.

(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos La Boca