Pueblos indígenas jujeños contra la Ley 5915

En diálogo con “Panorama Federal”, Sajama subrayó que “la denuncia va contra el Gobernador, la persona que debería hacer cumplir la ley Nacional, y la Legislatura jujeña por haber aprobado y sancionado esta normativa”.

Asimismo, no es el único pueblo originario afectado por las medidas desmesuradas del gobierno de Juntos por el Cambio en la Provincia, pues la Comunidad Quiaca Vieja en la Quebrada de Humahuaca se ve afectada por la misma medida. “Su territorio disminuirá en un 30%”, anticipó Sajama.

Esa comunidad “está pidiendo que el gobierno de Jujuy cumpla con el Convenio 159, que obliga al Estado a informar y a consultar a los integrantes comunitarios antes de emprender una obra, en una Ciudad, justamente, que está en la frontera con Bolivia”, explicó el cronista.

“El Estado debe responder acerca de qué es lo que va a hacer, y de qué manera va a afectar el territorio”, sumó.

“Se debe cumplir con la ley, y es lo que el gobierno de Jujuy no quiere hacer”, se lamentó Sajama, y añadió que “el área de Medio Ambiente de la Provincia –que es una Secretaría- busca actuar de manera unilateral; dice ‘que está hecho el estudio de impacto ambiental y que nosotros nos tenemos que presentar a escuchar nada más’. Pero así no es”.

“El Estado debe responder acerca de qué es lo que va a hacer, y de qué manera va a afectar el territorio”

“En Jujuy no hay vigencia del Estado de Derecho”, denunció, pues “allí se incumple con la ley máxima establecida en nuestro país que es la Constitución Nacional”, afirmó.

“Vivimos en un país democrático en el cual hay reglas de juego, en este caso, las legales”, subrayó el representante del pueblo Angosto el Perchel, y “si acá el que no quiere no va cumplirlas, no sé en qué país vivimos entonces”, se preguntó.

Si bien las comunidades ancestrales han presentado alrededor de sesenta notas en diferentes instituciones estatales e instancias legales para la derogación de la Ley 5915-16, hasta el momento no han conseguido respuesta alguna, ni por parte del Colegio de Abogados de Jujuy ni del Fiscal del Poder Ejecutivo.

El jujeño enfatizó que “Morales, la Legislatura de Jujuy –controlada por una mayoría de representantes de Juntos por el Cambio-, sanciona leyes que no respetan ni tienen en cuenta lo que dice la Constitución. Además, la parte judicial es muy evidente a la hora de actuar: mira para otro lado”.

A pesar de que los pueblos indígenas han logrado reconocimiento de sus territorios por parte de los Estados, por ejemplo, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en los últimos ocho años se ha producido un lento pero continuo desplazamiento de ese lugar que el mismo Estado había reconocido.

Además, Sajama exigió que “se cumpla con el Convenio de las obras básicas para la comunidad y la gestión de maquinaria para la protección de los cultivos”.

“Las obras de infraestructura son necesarias para el sistema de cultivos, pues es de lo que la gente vive aquí. Es la fuente de sus ingresos económicos”, elucidó.

El corresponsal enumeró un sinfín de actividades que están suspendidas desde el año 2016, entre ellas, “la construcción de un puente peatonal para que las personas crucen a buscar los cultivos del otro lado de un río y las obras que permitan la provisión de luz eléctrica y el agua potable”.

“Para que no anden diciendo por ahí que pedimos cosas fuera de lugar”, ironizó el jujeño, y agregó que “estamos en el 2020 y el gobierno de Jujuy no ha cumplido con la comunidad indígena de Angosto el Perchel”.

“estamos en el 2020 y el gobierno de Jujuy no ha cumplido con la comunidad indígena de Angosto el Perchel”

Por último, Sajama reiteró que “para los trescientos sesenta pueblos originarios que hay en la provincia de Jujuy no hay Estado de Derecho. No tenemos respuesta alguna frente a nuestras demandas”.

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