La Cámara de Diputados dio media sanción a las modificaciones del régimen jubilatorio para jueces y personal diplomático. Los principales puntos y los interrogantes que se despiertan hacia el futuro.
Por Gabriel Fernández *
El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos fue aprobado esta tarde en la Cámara de Diputados. Vale la pena conocer en detalle la iniciativa. En algunos de sus puntos, para entender su valor, en otros para apreciar riesgos futuros.
El texto posee 18 artículos en veinte fojas que cambian el régimen previsional especial de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, así como el Régimen Especial para funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.
La propuesta, que ahora deberá ser analizada en el Senado, involucra 17.600 funcionarios y magistrados en actividad que aportan en promedio al régimen previsional 32.600 pesos mensuales; y aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos, excluidas las pensiones.
Uno de los aspectos a considerar es que el texto con media sanción eleva gradualmente la edad jubilatoria de jueces hasta llegar a los 65 años en 2025. La escala para el aumento de la edad será la siguiente: 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025.
Por qué hacemos hincapié aquí; si el alza de la edad se circunscribe a las llamadas jubilaciones de privilegio, se trata de una decisión específica y numéricamente razonable. Pero si la misma pasa a formar parte de los antecedentes que necesitan quienes buscan generalizar ese deterioro, el panorama futuro se complica.
De hecho, como lo están denunciando los periodistas Flavia López Copello y Ariel Weinman de Radio Gráfica en el aire y la web de la emisora, existe una iniciativa en Entre Ríos que argumenta en tal dirección. Es preciso admitir que la misma surge de la coalición Frente de Todos en la provincia de los ríos, las cuchillas y el espléndido verdor.
Sigamos con el proyecto oficial. Continúa exigiéndose 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes, y se establecen tres requisitos adicionales a cumplir en forma simultánea.
“En definitiva, un proyecto interesante asentado en volúmenes salariales en verdad elevados, lo cual garantiza que, aún con los recortes, ninguna de las personas contempladas en el mismo sufran dificultad alguna”.
Estas exigencias son el desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público; al menos 10 años continuos o 15 discontinuos en alguno de los cargos específicos citados en el anexo de la ley, siempre que se encuentren en su ejercicio al momento de cumplir los demás requisitos; y el cese definitivo en el ejercicio de su actividad.
Asimismo, establece el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años -y no sobre el último haber. E incrementa en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%.
En definitiva, un proyecto interesante asentado en volúmenes salariales en verdad elevados, lo cual garantiza que, aún con los recortes, ninguna de las personas contempladas en el mismo sufran dificultad alguna. De allí que las protestas de algunos magistrados merezcan ser evaluadas cual insolidarias.
Lo importante es que en el análisis para la difusión de lo dispuesto, se ponga muy de relieve que se trata de determinaciones tan excepcionales como las jubilaciones abordadas y que las mismas no implican precedente alguno con respecto al resto del esquema de reparto.
* Director La Señal Medios / Area Periodística Radio Gráfica / Sindical Federal
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