Si bien hace poco más de un mes Alberto Fernández del Frente de Todos asumió la presidencia de la Nación, la tutela macrista sigue teniendo sus resabios. Los despidos, la precarización laboral y la exclusión de las mujeres sigue siendo moneda corriente en aquellos rincones del país en donde los principios que caracterizaron a Cambiemos aún rigen.
Por Juliana Milanesio*
Lunes 6 de enero. Agentes de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamaron por precarización laboral y el despido de ochenta compañeros. Sobre Avenida De Mayo y Perú, expusieron que sus condiciones laborales no se han modificado, ni siquiera con el conocido caso de los agentes atropellados, en el cual falleció una trabajadora.
Bajo contratos que no duran más de seis meses y con la modalidad monotributo, las trabajadoras y trabajadores que monitorean el tránsito continúan sin ART ni seguro de vida y aseguran que las obras sociales no quieren tomarlos dentro de su padrón por claros motivos.
“Las trabajadoras y trabajadores que monitorean el tránsito continúan sin ART ni seguro de vida”
Pero la capital del país no es el único territorio donde las políticas de la flexibilización laboral y la meritocracia todavía rigen. La provincia de Córdoba es ejemplo de ello. Provincia gobernada por el partido “Hacemos por Córdoba” con Schiaretti a la cabeza, a menos de un mes de la renovación del mandato 2019-2023, las denuncias por destitución de puestos de trabajo y malas condiciones laborales son varias.
Miércoles 8 de enero. Desde Asociación de los Trabajadores del Estado de Córdoba denuncian que en Jesús María hay una gran problemática con los trabajadores municipales. “Uno de estos problemas son los despidos arbitrarios que está llevando a cabo el Ejecutivo Municipal, rescindiendo contratos de personas con más de 5 años de antigüedad y legajos limpios, siendo puestos de trabajo que siguen estando, y que la situación legal tendrá un costo económico importante para el municipio por cada empleado despedido”, expresó ATE Córdoba en un comunicado.
La delegada del gremio, Lizette Yael Acosta, recibió amenazas y confrontaciones físicas por reclamar los derechos de los trabajadores y la reincorporación de aquellos desvinculados de sus puestos de trabajo. En los cuales tenían contrato hasta abril del 2020. Con la excusa de reducción del personal y reestructuración de parte de la nueva intendencia de Luis Picat no descartan que en los próximos meses avancen con más despidos.
Jueves 9 de enero. Un grupo de mujeres convocaron en Bialet Massé una concentración para reclamar por los despidos de las y los trabajadores municipales. Fueron aproximadamente treinta despidos en el 2019. Marcelo Oliva, intendente reelecto para los próximos cuatro años, despidió a trabajadores municipales con más de diecisiete años de antigüedad, en su mayoría mujeres sostén de familia.
“Aquellas que fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo son mujeres jefas de hogar, muchas a punto de jubilarse, otras embarazadas, con tratamientos oncológicos o psiquiátricos”, detalló Paula Torillo, referente de las Defensorías de Género, un organismo nacional feminista que lucha por los derechos de las mujeres y niñes, que acompañó a la única mujer que se animó hacer visible la situación de despidos arbitrarios llevados por el intendente. Se presentaron en la intendencia y fueron destratadas varias veces por el personal tanto de mesa de entrada como de seguridad.
Paula comentó en Radio Gráfica: “El martes fuimos hasta la intendencia a entregar la nota pidiendo algún tipo de explicación hacia estos despidos. Fuimos junto con otras organizaciones feministas y sindicales, pero Oliva se negó a atendernos. Nos mandó diez policías y nosotras éramos cuatro mujeres con una nota en mano. Conseguimos llegar al acuerdo de que nos atenderán al otro dia, el miércoles 8 de enero a las diez de la mañana, pero cuando nos presentamos al principio nos querían echar diciendo que no habían pactado ninguna reunión”.
Aquellas que fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo son mujeres jefas de hogar, muchas a punto de jubilarse, otras embarazadas, con tratamientos oncológicos o psiquiátricos. Mónica Alé fue quien decidió exponer los despidos por parte de Oliva. Con más de diecisiete años en la municipalidad y un tratamiento psiquiátrico de por vida, su desvinculación la deja sin un ingreso ni obra social para continuar su tratamiento. Tiene 56 años y entró a la municipalidad por el programa jefes y jefas de hogar en 2002, solo le quedaba cumplir cuatro años más de aporte para poder jubilarse.
“Nos echaron a mi compañera y a mí, estábamos en la Secretaría de Turismo. Cuando quise dejar mi carpeta psiquiátrica el 2 de enero no me la quisieron tomar. Me dejaron sin obra social, estando en tratamiento psiquiátrico. A dos chicas que estaban embarazadas les hicieron desaparecer los certificados que habían presentado que habían presentado por el embarazo y desconocieron su situación. De todas las que fuimos detenidas seis se acercaron cuando yo hice pública la situación, pero recibieron amenazas y no quisieron continuar”, dijo Mónica para Radio Gráfica.
“Nos echaron a mi compañera y a mí, me dejaron sin obra social estando en tratamiento psiquiátrico”
Viernes 10 de enero. El gobierno nacional recibió una capacitación sobre género y violencias en el marco de la Ley Micaela. Además días atrás se había celebrado el acto que oficializó el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta y todo su equipo integrado por mujeres.
Parece que se juegan dos modelos de país que todavía friccionan y la resistencia de uno, dificulta el avance del otro. La lucha por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, continúa.
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