El avance de la integración socio – urbana

Enrique Arias Gibert, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el arquitecto José Luis David, especialista en formulación de proyectos urbanos y acceso al Hábitat, y Laura Martínez, abogada que aborda las temáticas de acceso a la tierra y la vivienda, dialogaron en Radio Gráfica sobre la democratización y recuperación de derechos y a la doble indemnización a los barrios populares.

Sobre el acceso a la tierra y a la vivienda y su actividad militante en la provincia de Mendoza, Martínez detalló: “Militamos con mucho cariño por la Ley de integración urbana. A vuelto a ganar el Frente Cambia Mendoza y nos aferramos bastante a la normativa. En Mendoza hay 247 barrios populares relevados, pero actualmente son más. En el país son 4.416”. 

“La Ley de integración urbana protege a las familias que viven en barrios sin luz, agua, cloacas, escrituras y con amenazas permanentes a ser desalojados”

La abogada ejemplificó la situación diciendo: “En el Barrio Valle Encantado hay 280 familias que viven amenazadas. El Estado miró para el costado durante años, y cuando apareció lo hizo desde la soberbia. Son casos múltiples pero todos tienen el derecho humano de acceso a la vivienda y, por sobre todas las cosas, a la tierra”.

Con respecto al déficit habitacional del país, David agregó: “Hay una dificultad, como nunca vivimos antes, de acceso de las clases medias y populares a la vivienda”. 

Especificando la logística de su trabajo, Laura Martínez expresó que su labor la realiza “de manera participativa”. “Cuando fuimos Gobierno, con la contraparte de la Unidad Coordinadora Nacional donde estaba José Luis David, trabajamos sobre todo escuchando al otro, al vecino que sabe lo que necesita”. Además, hizo referencia a la ley 27.453/2018. “En Mendoza tenemos una Mesa Provincial de Barrios Populares, en función de esta ley. Seguimos estando porque los barrios están”. 

Y agregó: “Esta Ley suspende los desalojos, que han sido una amenaza permanente para las familias aquí y en todo el país durante estos cuatro años. Además, prevé una estrategia de regularización dominial para todos los barrios, que es la declaración de utilidad pública y sujeto de expropiación”.

La abogada especialista en acceso a la tierra y vivienda remarcó la importancia del rol estatal en estas problemáticas. “Cuando el Estado decide concretar derechos tiene distintas herramientas, puede ser esta ley u otra, el tema es darle a cada cosa su valor. Si se descuida la tierra y la cuidan quienes la necesitan entonces me parece que no es justo que paguemos lo que no corresponde”.

Por su parte, Enrique Gibert detalló: “La seguridad jurídica es asegurar que uno no tenga que vivir en incertidumbre. Afirmarla es decir ‘este es mi lugar, acá estoy, mi hábitat es mi vivienda, trabajo, familia, un lugar del que no tengo por qué ser echado por los que tienen máximo poder’”.  En tanto, José Luis David relacionó el rol del Estado con los propietarios de las tierras. “En este país en materia de derecho se sabe todo del pobre, cuánto gana, cuántos hijos tiene y cuál es el sueldo promedio. Pero de los ricos no sabemos nada, de los dueños de la tierras no sabemos ni quiénes son, dónde viven ni cuánta tierra tienen, aquí es por donde deberíamos empezar”.

Para finalizar, Gibert explicó la diferencia entre el concepto de usurpación y la ocupación de los terrenos abandonados: “El Estado argentino se constituye para celebrar los derechos de todos los hombres y mujeres que quieran habitar el suelo argentino, y para que la libertad del ser humano pueda existir. Cuando el Estado le niega al sujeto la posibilidad de habitar está negando su propia razón. Por eso nunca puede haber usurpación en la ocupación de los sujetos de los cuales hemos dejado sin tierra, sin techo y sin pueblo”.

LFB/EC/RG